Entre las diferentes causas que han concurrido a librarnos de la barbarie, no se puede obviar la invención de la imprenta. Desanimar, abatir, envilecer este arte es actuar a favor del retraso, es aliarse con la multitud de enemigos del conocimiento humano…”, escribió Diderot (1713-1784), protagonista esencial de uno de los proyectos editoriales más importantes de la humanidad, La Enciclopedia. Y con esa declaración de principios fijó la esencia de la aportación de los derechos de propiedad intelectual al patrimonio de la humanidad, pues los vinculó, entre otros, a la creación, el conocimiento, el trabajo, la investigación, la educación o los avances continuos de unas tecnologías que, además, contribuyen a la generación de empleo.
Lo que Diderot afirmaba es válido hoy para defender el trabajo de los creadores y de los empresarios de las industrias culturales en estos tiempos de distribución digital e interactiva.
Los cambios tecnológicos enriquecen la propiedad intelectual, amplían la oferta legal de los bienes culturales, de entretenimiento y, a la par, son nuevos yacimientos de empleo. Y viceversa.
Cada uno tenemos grabada en el alma una poesía, una novela, un concierto, una obra de teatro, un programa de radio, un artículo de prensa, un informativo, una película, la magia de un artista, de un deportista o de un actor, la lección magistral de un profesor, una canción, la retransmisión de un programa, el recuerdo de un partido de fútbol, de aquel “gol de Iniesta”, un videojuego… Es la banda sonora de nuestras vidas. Todo ello está al alcance en la Red y de manera legal, y todo ello enriquece a una sociedad, que entre otras batallas, ha luchado contra la censura y los censores, para terminar acobardada ahora por una minoría que defiende en nombre de todos lo ilegal, el robo y la precariedad.
Hoy, Día Mundial de la Propiedad Intelectual, al que se suman todas las disciplinas y artes, todos nos emplazamos al impulso del trabajo y el talento y a una defensa de uno de nuestros derechos esenciales que contribuye al “todos”, al “nosotros”.
Lo que sí vindicamos es una retribución equitativa para los investigadores, trabajadores y empresarios de la industria creativa y cultural que contribuyen a la riqueza común, y lanzamos una petición a los legisladores: combatir de manera local y global los fraudes y delitos de la propiedad intelectual con el establecimiento de medidas eficaces de persecución contra los enlaces y webs ilegales, contra las infracciones de la propiedad intelectual y los derechos análogos en todo sistema de distribución, de las obras del ingenio, del talento, de la investigación, de la ciencia o de las retransmisiones culturales, artísticas, de entretenimiento o deportivas, etcétera.
Ahora, cuando muchos preconizan la barra libre de los contenidos culturales en Internet, parece que es de mal gusto reconocer el mérito y el poder trabajar y “ganar el pan” a los creadores, investigadores y empresarios culturales.
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, en la presentación del último Observatorio de piratería, afirmaba que se habían dejado de generar 24.766 empleos directos y 124.000 indirectos. A causa de esta lacra las arcas del Estado han dejado de ingresar 495 millones de euros.
Según los datos del citado Observatorio, en 2012 se descargaron ilícitamente el 86% de los contenidos en España. Parece muy preocupante que la mitad de los internautas que descargan contenidos lo hagan ilegalmente con la excusa de que ya se paga bastante por el ADSL. ¿Acaso a alguien se le ocurre irse de la gasolinera sin pagar lo que ha repostado porque el vehículo al que le echa gasolina ya le ha costado bastante?
En Francia, la legislación establece un sistema de avisos a los internautas que se descargan archivos de forma ilegal; en Reino Unido, la norma exige a los proveedores de servicios de Internet mantener archivados los datos de quienes descargan y establece la desconexión de los usuarios que descarguen de forma continuada material con derechos de autor; Irlanda se autorregula gracias a un acuerdo entre la industria de contenidos y los proveedores de servicios de Internet, y algunos países nórdicos, como Finlandia y Suecia, mantienen el envío de avisos y requerimientos a aquellos usuarios que realicen conductas ilícitas. Además, establecen un sistema de multas a los internautas, desconexiones de la Red y vigilancia de los usuarios a través de los proveedores de Internet. En España tenemos aún que progresar adecuadamente en esta asignatura y ahora tenemos una oportunidad.
Deberíamos tomarnos más en serio como ciudadanos la protección y el respeto al esfuerzo de nuestros creadores, investigadores y empresarios. Un trabajo que se ha de hacer y que es una garantía de una riqueza económica y social tangible e intangible. Está en juego la propiedad intelectual con mayúsculas.
Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, y José Manuel Gómez Bravo, experto en derechos de propiedad intelectual, firman este texto en representación del Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual.