La propuesta de Directiva sobre retorno de inmigrantes ilegales

Por Alfonso Egea de Haro, coordinador del Panel de Expertos Unión Europea de Opex (FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, 10/06/08):

CONTEXTO
El próximo 17 de Junio el pleno del Parlamento Europeo debatirá la propuesta de directiva (2005/0167) relativa al retorno de los nacionales de terceros países en situación ilegal y que genera importantes reservas en el seno del grupo socialista (PES), ecologista (Greens/EFA) y la izquierda unida europea (GUE/NGL). Esta propuesta pretende armonizar el procedimiento de retorno respecto al que existe una gran diversidad entre los Estados miembros tanto en la terminología utilizada como en las medidas sustantivas aplicadas al retorno (la duración o las causas que provocan el internamiento temporal, la prohibición de reentrada de los inmigrantes expulsados). Las diferencias en este sentido son tan evidentes como el período de 30 días de detención fijado en Francia hasta el carácter indefinido que tiene la detención en otros socios como el Reino Unido.

A fin de establecer estándares comunes la propuesta de directiva diseña un proceso de retorno compuesto de dos fases. Una primera fase se inicia con la emisión de una “orden de retorno” y el establecimiento de un período, de hasta 4 semanas, para el retorno voluntario de los nacionales de terceros países en situación ilegal. Una vez transcurrido el período de retorno voluntario, los Estados miembros podrán emitir una “orden de expulsión”, con especificación del tiempo para su ejecución y del país de destino, y cuya implementación puede generar medidas coercitivas (como el internamiento temporal). Este proceso puede acortarse bien cuando, ante el riesgo de fuga, el período de retorno voluntario sea interrumpido por una orden de expulsión, o bien, se dicte en un solo acto la decisión de retorno y la orden de expulsión. Tanto la decisión de retorno como la orden de expulsión pueden contener una prohibición de reingreso en el territorio de la Unión Europea de hasta 5 años, ampliable cuando concurra una grave amenaza para la seguridad y el orden público.

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