La protección de la discapacidad en el sistema de seguridad social

Las personas con discapacidad, casi un 9% de la población española, presentes en una de cada cinco familias, son un grupo social singular, con necesidades específicas en relación con el empleo y la protección social, sobre todo, con la ligada al sistema público de seguridad social. Las conexiones entre discapacidad y seguridad social son antiguas en nuestro país, hasta el punto de que este sistema de protección social fue el primero en regular prestaciones para atender las necesidades derivadas de la presencia de una discapacidad. Posteriormente, han sido otros sistemas de protección los que se han ido ocupando de dar respuesta a este haz de necesidades, pasando la seguridad social a tener una función colateral en lugar de principal.

Pero la seguridad social, sin ser el sistema público de protección social llamado en primer término a promover y proteger los derechos sociales de las personas con discapacidad, tiene y debería tener en el futuro una mayor función, enormemente relevante, en la activación y en la mejora de la protección social de las personas con discapacidad y sus familias.

En los últimos diez años, se han producido avances de importancia en la consideración de la discapacidad en el entramado de la seguridad social, pero este sistema de protección dispone de un potencial aún poco explotado que permitiría avanzar de forma apreciable en la inclusión de las personas con discapacidad y la de sus familias. A este fin hay que incorporar nuevas orientaciones y directrices para que las medidas de seguridad social promuevan la activación de las personas con discapacidad. Es decir, ingresen un mayor número y por más tiempo a una vida económica activa y extiendan la protección social entre un grupo social con necesidades aún no suficientemente atendidas. La gestión eficiente de los recursos de la seguridad social debe llevar a atenuar las rigideces propias de una visión de la discapacidad desfasada, que separan de forma férrea y a partir de apriorismos heredados las medidas activas y las medidas pasivas en relación con la discapacidad.

Las conclusiones principales de este trabajo son las siguientes:

  • El sistema de seguridad social puede y debe extender su radio de acción sobre las personas con discapacidad y sus familias sobre la base de nuevas orientaciones.
  • Se han de producir una serie de modificaciones normativas que concreten ese cambio.
  • Para la legislatura 2008-2012, coincidiendo con la revisión en curso de los acuerdos del Pacto de Toledo, se formulan de modo detallado una serie de medidas que, de adoptarse, permitirán avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad, ayudando a convertirlas en sujetos más activos, participativos y corresponsables.

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Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE.