La protección social al deportista de alto nivel

Como es sabido, el pasado 1 de mayo apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril, por el que se regula la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Sin lugar a dudas se trata de una norma de extraordinaria trascendencia, como lo confirma el hecho de su amplia repercusión en los medios nacionales e internacionales. Ahora bien, como enseguida se indicará, la importancia práctica de esta norma no se limita en exclusiva al fútbol profesional ni a sus derechos televisivos.

A buen seguro, el nuevo sistema de reparto de los derechos televisivos de las competiciones de fútbol profesional ha eclipsado una medida no menos importante para el deporte español en su conjunto. Me refiero, en particular, a la posibilidad que incorpora su artículo 6 de financiar los costes de los sistemas públicos de protección social de los deportistas de alto nivel y, más concretamente, los convenios especiales que permitan su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Financiación que se llevaría a cabo por parte del Consejo Superior de Deportes con cargo al 1% de los ingresos que se obtengan por la comercialización conjunta de los citados derechos audiovisuales.

De este modo, cientos de deportistas considerados como de alto nivel pasarán a tener una protección social pública mínima de la que carecen en la actualidad. Y es que, de no acudir a otras vías distintas (por ejemplo, consideración como deportistas profesionales y/o realización de trabajos por cuenta ajena o propia distintos de su actividad deportiva), la práctica totalidad de los deportistas de alto nivel no se encuentran integrados en el sistema español de Seguridad Social.

Ciertamente, la posibilidad de suscribir un convenio especial determinante de la inclusión del deportista de alto nivel en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social ya existía en nuestro ordenamiento jurídico desde hace muchos años. No obstante, el carácter voluntario de este convenio unido al hecho, entre otros factores, de su elevado coste económico (con carácter general, 235,27 euros/mes durante el año 2015) desincentivaban su suscripción en la práctica. No es de extrañar, por tanto que, de los 1.089 deportistas que tenían la consideración de alto nivel en diciembre de 2014, tan solo 23 tenían suscrito a su exclusivo cargo un convenio especial de este tipo en enero de 2015.

Así las cosas, gracias a esta nueva e importante previsión normativa la práctica totalidad de los deportistas de alto nivel pasarán a incorporarse al sistema español de Seguridad Social. Muchos de ellos por vez primera. Y si bien es verdad que el alcance del citado convenio especial es bastante limitado (y, por tanto, mejorable) en cuanto a su acción protectora (incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes; jubilación; servicios sociales y asistencia sanitaria), la cobertura así dispensada por el Consejo Superior de Deportes permitirá a los deportistas de alto nivel acreditar en el futuro unos años de cotización que de otro modo difícilmente podrían haber acumulado durante su exigente carrera deportiva.

Es más, dado que el convenio especial opera de forma absolutamente igualitaria para todos sus potenciales suscritores, esta medida favorecerá de manera especial a aquellos deportistas de alto nivel que tengan una mayor dificultad de incorporación futura al mercado laboral y, por tanto, de acreditar en el tiempo una más amplia carrera de seguro público. Ya sea por razón de la discapacidad, el género u otro factor social distinto. Máxime teniendo en cuenta las difíciles circunstancias socio-económicas por las que atraviesa nuestro país.

Por tanto, no albergando duda alguna sobre la bondad de esta medida, solo resta pedir al Gobierno que agilice todos los trámites necesarios para la pronta entrada en vigor de semejante previsión normativa. Entrada en vigor que, si bien se hace depender del oportuno desarrollo reglamentario, no debiera demorarse en el tiempo. Entre otras muchas cosas porque si, como señala la Ley General del Deporte, se considera deporte de alto nivel la práctica deportiva que es de interés para el Estado, en tanto que constituye un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del deporte base, en virtud de las exigencias técnicas y científicas de su preparación y por su función representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional, hora es ya de comenzar a saldar la deuda que todos teníamos pendiente en relación con la protección social de los deportistas de alto nivel.

Guillermo L. Barrios Baudor, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

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