El proceso de modernización de España ha llevado consigo mutaciones profundas en las actitudes personales y en los comportamientos sociales. Al salir de una dictadura tuvimos que repensar los problemas del orden político, moral, social. Desde el punto de vista religioso el Concilio Vaticano II fue la preparación providencial de las conciencias para discernir cuales eran las formas auténticas de cristianismo, de la vida eclesial y de la vida política. Tal reflexión preparó a los católicos para actuar coherentemente en el orden político, laboral, sindical. Así, por ejemplo, el «Decreto sobre la libertad religiosa» se convirtió en una palanca liberadora de ideas y grupos, a la vez que subversiva del régimen de Franco.
Hoy todavía estamos ante nuevas tareas de ordenación democrática, de convivencia religiosa, de educación cívica. En esta última perspectiva el problema viene de lejos. En 1976 al salir del régimen anterior y eliminar de la universidad la asignatura «Formación del espíritu nacional», siendo ministro de Educación Aurelio Menéndez, se pensó colaborar a que los españoles adquiriesen actitudes y hábitos democráticos, proponiendo una asignatura que se llamaría «Lecciones para la convivencia». La caída de aquel gabinete ministerial acabo con el proyecto. En años posteriores y contexto bien distinto el ministro Mariano Rajoy pensó en una materia que se llamaría «Educación en valores».
El hecho de que la Unión Europea haya vuelto sobre el problema revela que existe en Europa una insatisfacción respecto de la formación que reciben los alumnos en temas como la convivencia, la aceptación del prójimo diverso, la apertura a los valores de la diferencia diverso y el respeto del ordenamiento jurídico. Sobre ese doble trasfondo hay que situar la asignatura que el gobierno socialista ha impuesto: «Educación para la ciudadanía». El hecho de que no sea la primera vez que se piensa en algo semejante revela que hay algo común a diversas ideologías y programas políticos, que merece ser pensado y resuelto. Ahora bien, si esto es así, ¿por qué ha surgido tanta discordia?
Antes de responder a esta pregunta me gustaría subrayar que estamos cayendo en una trampa: esta asignatura se está convirtiendo en el velo que oculta los gravísimos problemas de la educación a los que no se entra: el fracaso escolar, la violencia en las aulas, la caída de nivel formativo, el desaliento y desmoralización del profesorado, la diferenciación hasta la contraposición entre la historia que se enseña en distintas laderas de España... Esos son los reales desafíos comunes, que hay que afrontar, sin sucumbir al señuelo de un trapo político como de hecho nos está aconteciendo.
Ante todo hay que establecer una distinción: una cuestión es la asignatura como tal en sus intenciones fundamentales (fin) y otra el programa completo que ha publicado el Ministerio (medios). El juicio sobre una y otro es distinto. Yo creo que el gobierno tiene legitimidad para proponer esa materia, respondiendo a los problemas enumerados e indicaciones de la Unión Europea. La dificultad comienza cuando se ve ese programa concreto y la forma en que este Gobierno la quiere instaurar, que no es similar a la de otras naciones de Europa. Aquí un programa de partido particular rezuma sobre un programa impuesto a todos los españoles. En una amical conversación con Gregorio Peces Barba, al concluir nuestras sesiones de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, éste me confesaba que solo un tres por ciento del programa del partido había pasado al de la asignatura. No es cuestión del tres o del noventa; aquí es donde todo hombre libre, por principio, tiene que rechazar de plano que el Estado o un partido se proponga formar su conciencia e imponerle valores e ideales que son particulares.
¿No es posible ponernos de acuerdo en un conjunto de normas de educación y de convivencia concordes? ¿No hay unos valores universales, háblese de derecho natural o de derechos humanos? Por supuesto que los hay y en una sociedad más serena que la nuestra no habría problema ninguno. Pero aquí hay razón para la sospecha. ¿Por qué? Porque el programa de esa asignatura surge cronológica y genéticamente de los mismos grupos que a la vez hacen el Manifiesto del partido socialista donde se acusa, por ejemplo, a la religión de ser incapaz de vivir en democracia y se identifican los monoteísmos con los fundamentalismos. A la vez se prepara en Fundaciones, instituciones y universidades afines al partido, a los profesores que darían esa asignaturas. ¿Es que las demás universidades no están cualificadas para tarea semejante? ¿No hay en ellas profesores libres? ¿O es que solo la manera socialista de concebir la ciudadanía permite comprender esa asignatura y enseñarla? ¿Solo ella es moderna, ilustrada, europea? El socialismo español, ¿ha hecho respecto de la religión, la revisión crítica que hicieron la Alemania de Merkel, la Francia de Sarkozy y la Inglaterra de T. Blair? Estos son los hechos que generan preocupación y rechazo.
A ello hay que añadir que el programa es ambiguo y oceánico. Los textos previstos o ya publicados poco se parecen entre sí. Conozco varios: desde la intención primordialmente jurídica del de Espasa, la orientación de ética social de SM a la primacía pedagógica de Santillana, para no mencionar el estilo burdo y ofensivo de otras publicaciones, que más bien son panfletos. Esa ambigüedad llevará consigo que en poco se parecerán los contenidos de esa materia en cada una de las autonomías, aumentando así la ceremonia de la confusión.
En esta misma página mostré en su día (16 de noviembre 2006) y luego en el Congreso de Valladolid (11 de mayo) mi apoyo explícito a la materia. Afirmé que sus contenidos deberían ser el estudio de la Constitución Española y las Declaraciones internacionales de derechos humanos. Solo éstos son universales. Cualquier otra cosmovisión sea ética, antropológica o religiosa es particular. Ningún Estado puede decir a un ciudadano cual es el sentido último de la vida humana, de su cuerpo, de su afectividad y sexualidad. En este sentido no hay una ética universal. Por eso me parece un engaño e inmoralidad contra la que protesto que el colectivo: «Cristianos socialistas en el PSOE» en su «Manifiesto de apoyo a la asignatura» (23 de junio) respondiendo a la Declaración de los Obispos, utilice mi nombre para defender la asignatura, silenciando mi actitud crítica ante el programa, a la vez que mi propuesta alternativa.
Estamos ante un problema moral gravísimo. La Iglesia tiene que reconocer la legitimidad del Estado en este campo. El Gobierno tiene que aceptar sus límites y renunciar a cualquier intento de dominación ideológica, al que lo es y al que lo parece. Que además desde la más alta magistratura se amenace a quienes disienten y sin el diálogo necesario se imponga la materia contra la mitad de los españoles, me parece un pronunciamiento, que en el siglo XIX tenía un nombre y no por estar hecho desde la democracia tiene la legitimidad moral, que es siempre necesaria, además de la jurídica. Tal empeño nos llevaría a un enfrentamiento que dividiría de nuevo a la sociedad y a la Iglesia. La objeción de conciencia es un arma legítima pero en este campo difícil de manejar. La iglesiadeberá ser muy cauta al aceptarla, ya que se le puede volver contra ella misma, incluso en materia de religión en colegios católicos.
De nuevo estamos ante una exigencia moral para el gobierno y para los ciudadanos que reclaman libertad en este orden. Que la Iglesia no protestara contra la «Formación del espíritu nacional» con Franco no es razón para que ahora guarde silencio sino para que, como todos los demás ciudadanos, hable siendo democráticamente libre y responsable. Una imposición total y un rechazo total serían igualmente mortales. ¿No es la hora de que el Gobierno cambie el programa y en la Iglesia se acepte la asignatura? El programa tiene que ser universal, abierto y concorde (en las grandes naciones de Europa, política exterior y educación son cuestión de Estado y no de partidos). Esas características las tienen la Constitución y las Declaraciones aludidas; ofrecen el marco necesario y suficiente para responder a los problemas planteados por una formación cívica a la altura de nuestro tiempo. Esta es la prueba de la verdad para todos.
Olegario González de Cardedal, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.