El pasado 25 de julio tratamos inútilmente que la Administradora única provisional de Radiotelevisión Española designada por el Gobierno compareciera, previamente a su votación en el pleno de la Cámara, en la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados. El decretazo había impuesto el mecanismo del cambio de mayorías y el desprecio del Senado; el dedazo impuso el nombre (tras una retahíla delirante de intentonas bochornosas), pero las formas hay que cuidarlas siempre en una democracia, y por eso ese requisito (que no retrasaba, bloqueaba ni paralizaba nada de nada) nos parecía entonces inexcusable para poder evaluar la conveniencia de su elección. Y es que el nombramiento de administrador único de RTVE lleva aparejado, además, reunir en una sola persona todas las competencias y funciones del presidente de la Corporación y del Consejo de Administración. Un poder omnímodo que nadie hasta ahora en la historia de RTVE había acumulado y una discrecionalidad y falta de control también inédita e inexplicable. Un mes después, no solo no han desaparecido las razones que aconsejaban aquella comparecencia, sino que se han ampliado y multiplicado de una manera exponencial.
Alguien que abandonó RTVE hace la friolera de veinticinco años puede razonablemente generar una duda sobre su conocimiento actual de un medio público tan complejo y vertiginosamente en desarrollo como es RTVE. Eso queríamos comprobar. Lo que es verdaderamente sorprendente es que solo lo quisiera comprobar el PP, mientras otros grupos parlamentarios se sentían muy complacidos y satisfechos con una experiencia remota.
Otra cosa de la que hubiéramos tratado es de los criterios que la administradora única tenía previsto aplicar en materia de información, habida cuenta de la provisionalidad de su mandato. Y esto ya lo hemos empezado a comprobar con gran preocupación y alarma. La administradora de RTVE ha acreditado tener una memoria prodigiosa. Cinco lustros después de abandonar RTVE, ha sabido, sin titubear, a quién había que cesar en el organigrama de la Corporación, y en especial en los Servicios Informativos, en cuanto el PSOE alcanzara el Gobierno.
La purga ha sido implacable. Se ha llevado por delante a todos los responsables de cualquier área, incluso a los de los medios técnicos, sin dar la cara, sin el menor escrúpulo y sin justificar ninguna de sus decisiones. Resultado: TVE pierde, después de veintidós meses consecutivos, el liderazgo de audiencia en los telediarios. ¿Reacciones internas? Ninguna. Todos los que se rasgaban las vestiduras negras hasta hace cuatro días se han subsumido dócilmente en el poder de la Corporación y campan por las redacciones como unos nuevos ricos. La ventaja de haberlo advertido hace mucho tiempo me permite ahora recordarlo con una cierta autoridad.
El dato es exacto. TVE ha dejado de ser la referencia informativa de los espectadores. La administradora de RTVE ha demostrado que es «única» en aplicar el rodillo y en espantar a la audiencia. En fulminar sin ninguna pereza ni consideración –y por docenas– a cualquiera que hubiera cometido el delito de hacer unos informativos aceptables, independientes y con éxito.
La administradora única de RTVE tiene un segundo apellido, que es «provisional». Quiere decir que su mandato debe ser transitorio, efímero y temporal. Para poco rato nunca se destrozó tanto. Un poco de prudencia, respeto y cordura hubieran aconsejado mejor este periodo interino. Pero en lugar de susurrarle los cambios, se los dictan. En lugar de la sensatez se ha impuesto una purga feroz. Llegó, vio y solo le queda ya por cesar a Jordi Hurtado.
Sería graciosa la maniobra si no fuera porque su estrategia, avalada por los socios de la moción de censura, va camino de convertir a RTVE en un medio marginal, manoseado, fanático y al servicio de cualquier interés menos el general. No solo hablo de listas negras, hablo de una decisión catastrófica, sin parangón en la historia de RTVE. Me da pena. Lo van a destrozar. Y es de todos. Era de todos.
Ramón Moreno Bustos, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de RTVE.