La quiebra de las cajas politizadas y su coste

Hace unos días, el Banco de España hizo pública una nueva evaluación del coste del «rescate» para las Arcas Públicas. A partir de datos del Fondo de Garantía de Depósitos y el Fondo Ordenado de Resolución Bancaria (FROB), el Banco de España estima cuánto nos ha costado salvar los depósitos que gestionaron las cajas colonizadas por el PP, PSOE, Izquierda Unida y nacionalistas. Esto sólo es el coste directo, pero como veremos, el coste es enorme.

El contribuyente español ha aportado, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, 20.870 millones de euros. Además, el FGD ha aportado 2.135 millones netos al FROB. Esta aportación la realizan formalmente las entidades de crédito, pero económicamente la pagan los depositantes. En cualquier caso, el Fondo de Garantía de Depósitos forma parte del sector público a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, y su déficit computa como déficit público. De este importe, 22.332 millones de euros, no se va a recuperar nada según el Banco de España.

Por otra parte, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, el contribuyente español ha aportado 56.844 millones de euros. De este importe, se han recuperado hasta ahora 4.477 millones de euros, y queda pendiente la participación del Estado en Bankia, valorada actualmente en 9.857 millones de euros. Esto supone que, de momento, el contribuyente español, ha aportado vía FROB 52.367 millones de euros, de los que se estima recuperables 9.857 millones.

Las cifras, sólo por estos dos conceptos, suponen un coste para el contribuyente español de 74.699 millones de euros, de los que 64.842 millones se estiman no recuperables. Estas cifras no incluyen todos los conceptos, por ejemplo no incluyen el coste de los activos fiscales diferidos, pero son atribuibles al 100% a las cajas politizadas quebradas.

Por ejemplo, el coste del rescate a Bankia-BMN es el más elevado: El FROB invirtió 24.069 millones de euros. Actualmente la participación del Estado en Bankia-BMN está valorada en 9.857 millones de euros. Esto da un coste neto de 14.212 millones de euros. A esto habría que añadir el coste del Banco de Valencia, que efectivamente era un banco, pero estaba controlado y participado por Bancaja en un 66%. El coste del rescate a los depositantes del Banco Valencia fue de 6.164 millones de euros.

El presidente de Bancaja y Banco Valencia era el expresidente de la Generalitat con el PP José Luis Olivas, además de ser responsable de una gestión lamentable en Bancaja y Banco de Valencia, fue el principal impulsor, previamente, de la ley valenciana de cajas de ahorro que permitió el control político del PP de las cajas de la Comunidad, es decir, Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

La otra gran caja fusionada en Bankia fue Cajamadrid, controlada también por el Partido Popular, si bien aquí había consejeros del PSOE y de Izquierda Unida como el exvicepresidente Moral Santín. En este caso, los presidentes ejecutivos fueron el fallecido Miguel Blesa, íntimo amigo del ex presidente del Gobierno José María Aznar, y Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno con el PP, y ex vicesecretario general del Partido Popular, que fue luego presidente ejecutivo de Bankia.

En términos de coste, el rescate de los depositantes -mayoritariamente catalanes- de Catalunya Banc, a cargo de todos los contribuyentes españoles, es el segundo más oneroso. En términos de balance, si excluimos Banco de Valencia, la de la antigua Caixa Catalunya es la segunda peor gestión. Aquí nos encontramos con una inversión de recursos de 11.796 millones de euros del FROB, y de 892 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos, y el importe recuperable es cero. Esto da un coste total definitivo de 12.864 millones de euros, para un conjunto de Cajas, encabezadas por Caixa Catalunya, que tenían unos activos totales medios de unos 50.000 millones de euros en su balance. El dato es simplemente aterrador, en Catalunya Banc, en una entidad financiera, se ha perdido uno de cada cuatro euros gestionados.

En este caso, nos encontramos con que la caja estaba controlada por el PSC-PSOE. De hecho, su presidente, Narcís Serra había sido vicepresidente del Gobierno con el PSOE y primer secretario del PSC. En cuanto al nivel técnico del consejo de Administración era tal, que había que darles clases de contabilidad antes de las reuniones de los consejos, como admitió el propio Narcís Serra en sus declaraciones en la Comisión de investigación.

Podríamos seguir con la CAM, cuyos órganos rectores controlaba el PP, en el que el rescate de los depositantes costó 11.729 millones de euros, o Caja Castilla La Mancha, en la que la gestión del ex consejero de la Junta de Comunidades y ex diputado socialista Hernández Moltó y su consejo, también colonizado en este caso por el PSOE, costó a todos los contribuyentes 4.215 millones de euros.

No todas las cajas quebraron, pero todas las que quebraron estaban politizadas y habían tenido una gestión lamentable. Y todo, absolutamente todo el coste del rescate, directo, que computan el Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos, y el FROB, es atribuible a las Cajas de Ahorro. Las dos aparentes excepciones, Banco Valencia y Banco Gallego, estaban controlados y participados mayoritariamente (66% y 49,84%) por dos cajas, Bancaja y Nova Caixa Galicia. Con estos datos, la única conclusión posible es que el coste del rescate es el coste de una pésima gestión, de la politización, de la falta de profesionalidad de los consejos, de la colonización política de las cajas.

No todo el coste de la crisis financiera ha sido el coste del rescate de las cajas politizadas, pero este coste es relevante. Lo más grave, con mucha diferencia, es dejar sin liquidez a la economía española durante toda la crisis económica. Para que nos hagamos una idea, el importe total de recaudación del segundo impuesto más recaudatorio del sistema fiscal, el IVA, en 2017 (año de recaudación récord del IVA) es algo menos, 63.467 millones de euros, que los que nos ha costado el rescate de las cajas colonizadas por PP, PSOE, IU y nacionalistas, 64.842 millones de euros no recuperables. De hecho, el coste de este rescate se acerca a la recaudación total del IRPF, el impuesto más recaudatorio del sistema fiscal, en los peores años de la crisis.

Desafortunadamente, estos hechos y estas cifras fueron obviados por el dictamen de la Comisión de Investigación de la crisis financiera. Con estos hechos encima de la mesa, es imposible sostener que la politización no estuvo detrás de la quiebra de buena parte de las cajas, y de un coste milmillonario para los contribuyentes. Ante esto, la solución fácil es negar los hechos y los datos, y eso es lo que hicieron el PP, el PSOE, y en cierta medida, y sorprendentemente, Unidos Podemos. Y ésta es la razón fundamental por la que el Grupo Parlamentario Ciudadanos votó en contra y emitió voto particular que presentamos el 17 de diciembre. Hay otra razón que es la salida a bolsa de Bankia, de la que hablaremos otro día.

Les dejo simplemente una pregunta: Con esta sucesión de hechos, ¿ustedes hubiesen aceptado un dictamen que excluyese a los políticos que dirigieron las cajas de toda responsabilidad en la crisis del sistema financiero? Pues en Ciudadanos, tampoco.

Francisco de la Torre Díaz es diputado y ha sido portavoz de Ciudadanos en la comisión de investigación de la crisis financiera.

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