La quiebra del interés general

Entre las jugosas reflexiones de Churchill, cuya lectura recomiendo a nuestra nueva progresía de catón, reproduzco tres que se pueden ajustar a la realidad española. Por ejemplo, entender el éxito como «ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo»; «si abrimos una disputa entre pasado y presente, encontraremos que hemos perdido el futuro»; «el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones». Las dos primeras podrían aplicarse al políticamente redivivo líder socialista y la tercera, por omisión, además de a él a otros dirigentes de partidos que a menudo parecen tomar decisiones más en su propio beneficio y el interés partidista a corto plazo que en el servicio leal y responsable de lograr un mejor futuro, aunque no sea inmediato, para el conjunto de la nación.

La política, que no es un paisaje idílico, se supone dirigida al interés general de los ciudadanos, pero ese principio está en quiebra. Comúnmente se olvida. El beneficio de los menos prevalece sobre el interés de los más.

Acaso deberíamos buscar el inicio de la quiebra en la buena fe de los constituyentes de 1978 que soñaron resucitar el impropiamente llamado «Pacto de El Pardo» de 1885 cuando, a la prematura muerte de Alfonso XII, los partidos Conservador y Liberal, de Cánovas y Sagasta, buscaron con generosidad y patriotismo el interés general para garantizar la regencia de la reina viuda María Cristina pactando su alternancia en el Gobierno. Los constituyentes de 1978 creyeron que apuntalaban la salida en futuros avatares mediante la lealtad de dos grandes opciones, en el centro derecha y en el centro izquierda, dejando a un lado otras arriesgadas fórmulas.

Desde aquel deseo se daban por seguros la lealtad constitucional y el buen sentido de las dos formaciones mayoritarias de una derecha y una izquierda centradas. Bastó que una de esas opciones no consiguiera la mayoría electoral suficiente para que, en lugar de buscar el apoyo por activa o por pasiva de la otra gran opción, apuntalase su acceso al poder o su mantenimiento en él asistiéndose principalmente del voto nacionalista. Y ello ocurrió sucesivamente a iniciativa tanto del PSOE como del PP. Resulta relevante escudriñar hoy en términos de concesiones lo que supusieron aquellos respaldos que podría pensarse orillaron el interés general, la generosidad y el patriotismo, concepto éste devaluado y considerado una antigualla por algunos. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Los partidos suelen confundir cada vez más el interés general con los sondeos de opinión y acomodan sus mensajes y a menudo sus principios, tenidos comúnmente como sus señas de identidad, a lo que las circunstancias parecen demandar en cada momento. El caso del PSOE es prueba de la autoalimentación del despropósito. El interés general y el del partido se han convertido en el mero interés personal de un líder que abrió la puerta a Podemos, el más peligroso adversario para la identidad y supervivencia del socialismo, en ayuntamientos emblemáticos y empieza a abrirla ya en comunidades autónomas camino de abrírsela en el Gobierno de la nación. Poco o nada que ver con el PSOE desde la Transición hasta Zapatero que, en su desnortada política, fue el diseñador inicial de un socialismo que ha acabado negándose a sí mismo al tiempo que desmentía su historia más válida.

Al panorama actual de quiebra del interés general hay que añadir una creciente crisis de autoridad a la que se suma una evidente desconfianza en la acción de la Justicia. Los jueces esgrimen la siempre invocada figura de la libertad de expresión cuando se lesiona verbal, gráficamente o en las redes sociales a los símbolos nacionales y a las instituciones, incluso a la Corona y a su titular. La Constitución nos ampara a todos y ello ha de ser defendido sin sospecha de parcialidad. La libertad de expresión es un derecho ineludible pero no es el único.

Muchos ciudadanos consideran unida la crisis de autoridad al reto independentista y a la respuesta que hasta ahora recibe. Los millones de votos obtenidos por el neoleninismo de Podemos, no más que un catálogo de proclamas incendiarias de quienes inventaron la revolución bolivariana de Venezuela –¿qué pensaría Simón Bolívar de este grotesco y letal esperpento?–, deben inquietarnos como reflejo de una miopía bastante extendida en un pueblo que se diría cansado y aburrido. Con un PSOE podemizado, los resultados del último CIS aunque no sean artículo de fe suponen una nueva alarma. Estamos en riesgo de acercarnos a una Asamblea Nacional Constituyente, a la venezolana, que no otra cosa se esconde tras la reforma constitucional que proclaman estos nuevos radicales convertidos ya en casta. La otra «nueva política», ésta en el centro derecha, sólo tiene un mensaje: la transparencia. La aplica según y dónde; no es lo mismo Andalucía que Madrid. Tampoco se mueve por el interés general y a largo plazo. Requiere éxitos inmediatos.

El Gobierno ha ejercido y ejerce correctamente su labor y los observadores internacionales reconocen sus éxitos económicos. España es la nación europea que más crece. Pero resulta obvio para quien quiera verlo que los resultados macroeconómicos no ganan elecciones. Las ganan los principios que no se orillan o se acomodan pensando en un cortoplacismo que sólo conduce a la decepción. Debe aportarse seguridad al ciudadano desde su percepción de decisiones nítidas por encima de las palabras tranquilizadoras, necesarias pero no suficientes. Ante la escalada independentista parece haberse abierto paso, incluso en el seno del Gobierno, la idea de desechar la aplicación del artículo 155 de la Constitución o la asunción por parte de la autoridad que corresponda del control, en su caso, de la actuación de los Mozzos de Escuadra. Sería hacernos trampas en un solitario descartar la utilización de cualquier vía constitucional a la hora de atajar nada menos que una secesión.

La respuesta para difuminar la buena marcha económica moviliza a una izquierda al menos constitucionalmente tibia, abiertamente desleal con los intereses generales, y a un independentismo rampante. Parecen apostar por el «cuanto peor, mejor». Primero fue apuntar contra la reforma laboral que ha repercutido en la creación de empleo y ha evitado el cierre de empresas, cuya abolición sólo beneficiaría a ciertos intereses sindicales. Luego llegó la ofensiva de los radicales contra el turismo, nuestra primera industria, que supone el 11% del PIB español. El objetivo proclamado es el único programa que ofrece el conjunto de la izquierda: «Echar a Rajoy». No importa cómo. Todo vale para ocupar la Moncloa. Y sin aportar una sola idea útil para después.

Una reflexión de Manuel Azaña podría reflejar la situación de acoso que soporta la acción del Gobierno: «Las cosas grandes que uno quisiera hacer, los hombres pequeños las estorban». Cada éxito de gestión, cada paso adelante en el camino de superar las trampas para elefantes que se encontró Rajoy cuando fue investido presidente del Gobierno por primera vez a finales de 2011, es estorbado por la actitud corrosiva de los hombres pequeños. Atienden no al interés general, grande, sino al interés personal o partidista, tan pequeño como ellos.

Juan Van-Halen, escritor.

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