Como ya he indicado en varias ocasiones desde que tomé posesión de la presidencia de UNESA, asociación que agrupa a las principales compañías del sector, una de nuestras misiones fundamentales consiste en explicar la realidad de un sector que ofrece, en condiciones de buena calidad y seguridad de suministro, un servicio básico para los ciudadanos y empresas de nuestro país.
Está compuesto por compañías inversoras y competitivas a nivel internacional, que invierten alrededor de 5.000 millones de euros al año y generan en torno a 400.000 puestos de trabajo.
El sector eléctrico, como la mayoría de los sectores estratégicos, es muy complejo. Es un sector regulado, compuesto por compañías que operan y deben operar en competencia. Las compañías eléctricas desarrollan su actividad sujeta a normativas cuanto menos complicadas y, a la vez, afrontando riesgos económicos importantes. Son auténticos motores económicos del país, generan riqueza, empleo y su participación es esencial para su economía.
Cuando se leen artículos como el aparecido en este periódico el pasado 7 de abril, El yugo de la tarifa eléctrica, firmado por Jesús Mota, uno se reafirma en la necesidad de hacer pedagogía sobre nuestro sistema eléctrico. Esto me lleva a desarrollar brevemente los distintos aspectos tratados en dicho artículo y así imponer cierta objetividad en el tema y cierto rigor, absolutamente inexistente, en el mismo.
En primer lugar, los precios de la electricidad se fijan en nuestro país en la subasta CESUR, en la que un grupo de compañías y agentes financieros actúan como vendedores, y por otro lado, los comercializadores de último recurso -los CUR- son los compradores. La subasta se lleva a cabo bajo la supervisión de la Comisión Nacional de la Energía. Estas subastas son competitivas, y los precios resultantes de dicha subasta han sido durante el último año de los más bajos de Europa. Los compradores, los CUR, en realidad no participan en la subasta porque no fijan ni la cantidad ni el precio; es el Ministerio de Industria quien fija la cantidad a comprar, y el precio que se paga es el que resulta de la subasta. El comprador es un mero invitado.
Con respecto a los vendedores, según los datos aportados por el operador del mercado de electricidad, OMEL, de la última subasta CESUR, celebrada el 22 de marzo, el porcentaje de energía adjudicada a los generadores de los grupos de empresariales de los CUR fue un 11,3% del total; es decir, el 88,7% de la energía se adjudicó a grupos diferentes, la mayoría de ellos financieros, de los que participan como compradores; por tanto, las compañías del sector no tienen ninguna capacidad para fijar el precio en contra de lo que se afirmaba en el artículo anteriormente mencionado.
En España, el precio que se recoge en la factura eléctrica es el que resulta de la suma de dos partidas: el coste de la energía y las tarifas de acceso, es decir, los costes que incluye el Gobierno, también conocidos como costes regulados. Solo el 50% de lo que pagamos corresponde al coste de la energía eléctrica que consumimos, es decir, a generación, transporte, distribución y comercialización. El resto son impuestos, primas al régimen especial, costes de la CNE, elementos de política energética, etcétera. Si descontásemos estos costes de la factura, el precio de nuestra energía sería bastante inferior al del resto de Europa.
El déficit se produce por la simple razón de que la Administración no ha ido incrementando el "recibo de electricidad" en las cantidades suficientes para cubrir los costes del sistema.
El déficit de tarifa es, por tanto, la deuda que tiene el Estado con las compañías eléctricas al pagarles menos que la suma de todos los costes que tienen que asumir para proveernos de energía eléctrica y cumplir con la política energética.
En este contexto suele argumentarse que las compañías eléctricas tienen enormes beneficios. Sin embargo, no puede hablarse de beneficios en términos absolutos, sino que estos han de ponerse en relación con los recursos invertidos. En España, los retornos de la inversión de las compañías eléctricas son muy moderados, en torno al 5%.
Según un estudio que llevamos a cabo en UNESA, revisado por Deloitte, basado en los datos que se entregan a las autoridades económicas, bursátiles y regulatorias sobre la situación económica en España de 1998 a 2009, la industria eléctrica ha destruido valor en los últimos años, al ser su rentabilidad sobre activos inferior al coste medio de los capitales empleados. Las inversiones realizadas por las compañías y el déficit de tarifa han sido la causa de que el sector presente de manera permanente un cash-flow muy negativo después de las inversiones.
Otra afirmación sin fundamento que surge de manera reiterativa cuando se debate en torno a la electricidad, y en concreto a los precios del mercado de generación, es que las centrales hidráulicas y nucleares obtienen beneficios extraordinarios del mercado, dado que este no refleja que están ya amortizadas. Hay que precisar que este tipo de centrales nunca pueden estar amortizadas hasta el momento mismo de su baja operativa.
La mayoría de las centrales hidráulicas son concesiones que deben revertirse al Estado, al finalizar el periodo de concesión, en perfecto estado de funcionamiento. Esto implica la necesidad de realizar inversiones recurrentes todos los años para mantenerlas sin merma toda su vida útil económica efectiva. A 31 de diciembre, el inmovilizado neto pendiente de amortización ascendía a 6.634 millones de euros y la vida útil media restante de las centrales es de 26 años. En este proceso, un hito fundamental es la sustitución de todo el equipo electromecánico pasados como máximo los 30 años de vida de la central, lo que implica de hecho duplicar las cifras de inversión inicial.
El coste completo por MWh de una central hidráulica es del orden de entre 40 y 60 euros, dependiendo de si el año es húmedo o seco.
Por lo que se refiere a las centrales nucleares, la situación es muy parecida. Para mantener la seguridad de la central, las empresas están obligadas a hacer inversiones recurrentes durante toda la vida de la misma. A 31 de diciembre de 2010, el valor del inmovilizado neto pendiente de amortización ascendía a 6.666 millones de euros, con una vida económica útil restante de 14 años. La inversión recurrente realizada tan solo en 2009 y 2010 ascendió a 681 millones de euros, equivalente al 10% del inmovilizado neto en explotación. El coste aproximado del MWh es de 50 euros.
El sector eléctrico presenta en este momento una serie de problemas que hay que abordar con rigor. Es necesario cumplir sin dilación con el Real Decreto Ley 14/2010 para acabar con el déficit de tarifa y afrontar las nuevas situaciones que están surgiendo con la incorporación al sistema del parque de renovables. Estas, por su carácter intermitente, no son suficientes para poder mantener nuestro nivel de consumo eléctrico, y necesitan de otras centrales de respaldo que hay que construir y mantener y, por tanto, tienen que ser retribuidas de manera adecuada. Es imprescindible invertir en distribución para mantener la calidad del servicio y para adaptar la red a la incorporación cada vez mayor de las energías renovables si queremos que funcione el sistema.
No podemos pretender contar con un sistema eléctrico fiable, seguro y sin costes y no prestarle atención, que sea de los mejores de Europa, y que nuestras empresas tengan que realizar la mayor parte de su actividad fuera de España para poder ser rentables.
Por supuesto, todo lo tratado en estos comentarios está suficientemente documentado, algo que debería ser de obligado cumplimiento para todos aquellos que quieran informar a la opinión pública de temas de tanta trascendencia como es el servicio básico que es la electricidad.
Por Eduardo Montes, presidente de UNESA.