Este año 2018 celebramos los cuarenta años de la actual Constitución. Nos contemplan, por tanto, cuatro amplias décadas desde las que se puede extraer una notable dosis de experiencia política; tanta que, de hecho, nos permite establecer un axioma extrapolable al conjunto de la vida pública española: cada vez que el PSOE llega al poder, sube los impuestos, aumenta el despilfarro en las cuentas públicas y, más pronto que tarde, crece el desempleo.
El señor Sánchez parece empeñado en demostrar la verdad de este aserto -y de hacerlo, además, en tiempo récord- con su penúltima ocurrencia: imponer a través de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2019 -de lograr aprobarlos, cosa que está por ver- un nuevo impuesto al diésel que implicará un alza del 31% en el precio del carburante. Cualquier persona informada sabe que aplicar esta medida justo ahora, cuando aún no hemos recuperado todo el dinamismo económico anterior a la crisis, solo servirá para obstaculizar el crecimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo. Y es que el sector de los combustibles es delicado en extremo; cualquier oscilación en sus precios afecta, por su propia lógica, al conjunto de la economía.
A ello hemos de sumar las formas y maneras del equipo en la Moncloa. Afirmar sin mayores preámbulos -como ha manifestado la ministra Teresa Ribera- que “el diésel tiene los días contados” es una prueba más del radicalismo con el que actúa el Gobierno del señor Sánchez y, desde luego, dice muy poco de su preocupación por los cerca de 40.000 trabajadores -17 fábricas- que dependen de forma directa de la producción de estos vehículos, por no hablar de los varios miles de empleos más relacionados con la industria auxiliar y los concesionarios. Son cifras que desde el punto de vista humano y económico hay que tomar muy en serio; hablamos del 10% del PIB español.
El Gobierno socialista, en esta cuestión, también denota ignorar el avance tecnológico, porque la última generación de vehículos diésel vienen adaptados de fábrica a las normas europeas sobre emisiones -las llamadas Euro 6-, por lo que un coche de estas características, si analizamos el conjunto de parámetros de emisión de gases, contamina menos que un motor de gasolina. Esta realidad hay que enmarcarla en el hecho de que los automóviles son responsables del 15% de las emisiones. Es en otras formas de transporte -aviones, camiones, trenes, buques…-, y en otras industrias y sectores donde hay que buscar el restante 85% de gases que llegan a la atmósfera.
¿Significa esto que hemos de acomodarnos a los actuales niveles de emisiones, que debamos renunciar al diseño de una hoja de ruta para una transición ecológica? Al contrario. El Partido Popular propone actuar en este terreno con tanta ambición como inteligencia. Como acaba de recordar nuestro presidente, Pablo Casado, la política para reducir emisiones pasa por fomentar la renovación del parque automovilístico. Por un claro motivo: un vehículo con más de 10 años de antigüedad, con independencia de si funciona a gasolina o a diésel, contamina como seis vehículos actuales.
En el PP queremos un futuro más limpio y, para lograr una transición eficaz hacia el mismo, tenemos la certeza de que los cambios han de hacerse de forma progresiva, consensuándolos con todos los sectores implicados, y evitando muy en particular que el precio de este cambio recaiga sobre el ciudadano de a pie. En esta dirección avanza la batería de medidas que Pablo Casado ha propuesto recientemente para el sector de la fabricación de vehículos; medidas que tienen un triple fin: en primer lugar, lograr el menor impacto medioambiental posible; en segundo, mantener un marco laboral estable y competitivo –queremos seguir siendo el octavo fabricante de automóviles a nivel mundial, y ojalá algún día escalemos puestos en esta lista- y, por último, apostar por una política energética que garantice el menor precio posible para empresas y particulares.
Sospecho que si el Gobierno socialista no comparte el análisis y propuestas del PP en la cuestión del diésel, ello no se debe a una divergencia -perfectamente legítima- de enfoque o ideología, sino a un cálculo bastante más pedestre: con estas medidas de corte populista, Pedro Sánchez pretende robar votantes a Podemos y, de paso, disponer de 2.000 millones más con los que subvencionar la permanente campaña pre electoral en la que ha convertido su acción política. En resumen; el Estado, al servicio del Gobierno y éste, a su vez, al servicio del señor Sánchez.
Antonio González Terol es alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) y diputado nacional del PP.