La rebelión cívica de las víctimas del terrorismo

Por Agapito Maestre, catedrático de Filosofía, escritor y ensayista (EL MUNDO, 18/11/06):

Si la rebelión cívica que lleva a cabo la AVT no puede con el totalitarismo de Zapatero, la democracia en España corre el riesgo de quedar reducida a una cuestión nominal. ¿Qué es la rebelión cívica? Es una forma de contestación de las víctimas del terrorismo contra quienes les niegan el espacio público para rehabilitarse como ciudadanos. Contestación ciudadana, sí, a través de manifestaciones, protestas, declaraciones, organización de foros públicos de debate…

Contestar cívicamente es hacer Política con mayúscula, atravesando diferentes fases, que van desde la objeción de conciencia y la desobediencia civil, pasando por formas de rebelión cívica propiamente dichas -por ejemplo, decirle al presidente del Gobierno que puede ser acusado de alta traición a la nación española por su pacto con ETA-, hasta una figura nueva que está construyéndose, poco a poco, tentativamente en las actividades de los miembros de la AVT no tanto ya como víctimas sino como ciudadanos que quieren influir en el tejido político.

¿Qué es el totalitarismo de Zapatero y el PSOE? El intento declarado y permanente de que las víctimas no puedan participar en el espacio público sin pasar por la aceptación de la política secreta de negociación del Gobierno con ETA. El totalitarismo es el intento de reducir la Política con mayúscula al enjuague de Zapatero con la banda terrorista. Después de que los etarras redujeron a los ciudadanos a víctimas, o sea, los inhabilitaron precisamente como ciudadanos -matándolos, lesionándolos, secuestrándolos, torturándolos, etcétera-, hay políticos socialistas que persisten en que las víctimas queden reducidas de por vida a esta condición sin posibilidad de rehabilitación en la principal facultad dañada: su ciudadanía. Por eso, precisamente, la AVT insiste en que su lucha es una contestación ciudadana, una rebelión cívica, para que nada ni nadie les impida volver al espacio público que los definía como ciudadanos de la nación española, y que les había sido arrebatado por los terroristas.

Para la AVT, la vuelta de la víctima al espacio público para rehabilitarse como ciudadano es, pues, prioritario sobre cualquier otra consideración. Más que una vuelta, en estos momentos de ocupación del espacio público por el PSOE, es necesario hablar de conquista, de lucha permanente, para que ese espacio no sea propiedad material de nadie en concreto -por ejemplo, del Gobierno- y sea potencialmente de todos los ciudadanos, también de las víctimas. Sólo en este contexto pueden, en verdad, comprenderse todas las maldades que llevan dentro las críticas que han hecho a la AVT un diputado nacional del PSOE, Hernando, y las declaraciones de Gregorio Peces-Barba en Elche. El primero farfulló en el Congreso de los Diputados una serie de descalificaciones contra la asociación de víctimas. Son las mismas que viene repitiendo el PSOE desde que llegara al poder. Todas derivan de una concepción totalitaria de la política: la víctima no puede ni debe rehabilitarse en el espacio público, o sea, no le está permitido ser ciudadano nada más que a través de lo que digan los partidos políticos, o peor, de lo que diga el Gobierno.

O la víctima se somete al dictado del Gobierno o se la persigue hasta estigmatizarla como mera víctima, poco más que un objeto de conmiseración. Lo decisivo es que la víctima no haga política, no participe en la esfera pública, o sea, no vuelva al ámbito del que fue expulsada por el terrorista. Cualquier cosa es buena para la víctima, según la insultante concepción del Gobierno, excepto pretender rehabilitar su dignidad ciudadana a través de la recuperación del espacio público del que fue expulsada por el terror.

La perversidad no es nueva. Viene de tiempos inmemoriales del terrorismo revolucionario. La víctima sólo debe ser objeto de trueque y conmiseración. Porque nunca debe abandonar su condición de caída, muchos perversos analistas siguen las consignas venenosas del Gobierno: las víctimas no deben entrar en política. Las víctimas tienen que quedar reducidas a esta condición, sólo preocupadas por sobrevivir. Arrastrarse por la vida, con el estigma de caído, es el papel que le reserva a la víctima el actual dueño de la escena política. Taparle la boca, o mejor, sus reivindicaciones ciudadanas, con indemnizaciones por sentencias judiciales es a lo máximo que puede aspirar la víctima; por este camino, el comportamiento del diputado Madina y el de la señora Manjón mueven, en verdad, a la conmiseración. Las víctimas, en fin, podrán ser exhibidas por los poderosos los días de fiesta, pero siempre que no levanten demasiadas sospechas sobre su recuperación ciudadana. Las víctimas tienen que seguir sufriendo la afrenta, mientras que la política es un asunto de la estricta incumbencia de los partidos políticos.

He ahí el mensaje final del PSOE respecto a la víctima. Eso es todo lo que hay detrás del farfulleo del tal Hernando. Una consigna, por otro lado, perfectamente recogida y sintetizada en estas chabacanas declaraciones de Peces-Barba: «Las críticas que me hacían desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo me entraban por un oído y me salían por el otro». Pobre. Son palabras impropias de alguien que se pretende filósofo del Derecho o, sencillamente, jurista de toda la vida. En efecto, para él las víctimas sólo eran y son objetos para traficar sobre sus sufrimientos, de ahí que considere que el problema central es la «relación entre sentencia e indemnizaciones a las víctimas». La Justicia y la ciudadanía heridas han quedado reducidas a una mera indemnización. Terrible.

Desde esta concepción crematística de la política y la Justicia, a la víctima sólo se le permite, en el mejor de los casos, curarse las heridas físicas, también se la protege para que realice sus actividades privadas, incluso se le presta asistencia judicial para atender ciertos derechos civiles, pero, ojo con la víctima que se atreva a salir a lo público, al ámbito donde fue dañada, atacada y aterrorizada, para exigir reconocimiento de su dignidad ciudadana. A la que quiera rehabilitarse como ciudadano, según Zapatero y su gente, hay que perseguirla. Esto es tanto como ocultar la dimensión política del crimen de ETA. Esto es una forma de entregarse a la causa por la que ETA asesina y aterroriza a honrados ciudadanos. Esto es, en efecto, olvidar que la banda mata ante todo y sobre todo a ciudadanos españoles, a seres humanos, en su calidad de pertenencia a un espacio público llamado España.

La conclusión es obvia: porque el terrorista atenta antes contra el ciudadano que contra el hombre despojado de atributos, el Estado de Derecho tiene que proteger a la víctima para que ésta se rehabilite en primer lugar en el ámbito público, España.