Los alcaldes de las principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Cádiz...), de nueve formaciones políticas diferentes se han rebelado abiertamente contra el Decreto ley del Gobierno aprobado el 4 de agosto por el que pretende tomar prestado 14.000 millones de euros del remanente que han ido acumulando los ayuntamientos en los últimos años.
El Ejecutivo tan sólo cuenta con el apoyo de la mayoría de los alcaldes socialistas, no todos, y perdería con toda seguridad la votación para convalidar el texto en el Congreso de los Diputados, ya que al menos 190 diputados votarían en contra; entre ellos, la mayoría se sus socios de investidura.
La oferta realizada por el Ministerio de Hacienda a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) fue precipitada y excesivamente rígida, sin que el Gobierno cediera ante las peticiones de los municipios. La FEMP votó a favor, pero con tan solo el apoyo de los representantes socialistas, liderados por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ejerció su voto de calidad.
Inmediatamente después de ser aprobado por el Consejo de Ministros, los propagandistas del Ejecutivo organizaron un acto con fotos e imágenes de televisión, en el que Pedro Sánchez y Abel Caballero rubricaban un acuerdo a sabiendas de que no iba a salir adelante. Un montaje más del aparato de comunicación de la Moncloa, aunque esta vez está condenado al fracaso.
La propuesta oficial, calificada de incautación por parte de los principales ayuntamientos españoles, consiste en el Gobierno de coalición tome prestados 14.000 millones de euros del remanente municipal, que se calcula superior a los 28.000 millones, con la condición de devolverlos durante los próximos diez años (luego ampliaron hasta los 15), e inyectar 5.000 millones en los municipios entre 2020 y 2021.
El origen de ese enorme superávit acumulado por los ayuntamientos viene de la regla del gasto impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, según la cual los municipios solo podían dedicar el excedente presupuestario anual a reducir deuda o a proyectos financieramente sostenibles. Desde que se inició la emergencia sanitaria por el Covid-19, muchos alcaldes han solicitado al Gobierno poder utilizar esos ahorros (ingresados en bancos y cajas de ahorros a tipo de interés negativo), para hacer frente a las necesidades más perentorias de la crisis, sin obtener respuesta por parte del Ejecutivo.
En el fondo del debate subyace el hecho de que si la Unión Europea ha anulado las restricciones de estabilidad presupuestaria a los Estados miembro mientras dure la pandemia, tendría sentido que España renunciara a la regla de gasto y dejara a sus alcaldes destinar sus ahorros a hacer frente a la crisis. Pero Sánchez ha hecho oídos sordos a sus peticiones y finalmente ha salido con una propuesta claramente injusta, por la cual pretende incautarse de la mitad de esos fondos a cambio de una inyección financiera muy inferior a los ahorros municipales.
Se ha producido, además, una clara desigualdad entre el trato recibido por los municipios frente a las comunidades autónomas. Sánchez se ha reunido casi semanalmente con los presidentes autonómicos, por videoconferencia, mientras no contestaba las cartas de los alcaldes. No hay que olvidar que, de forma general, los ayuntamientos se han mostrado mucho más eficaces en la gestión presupuestaria que el Estado o las regiones. Al final, los representantes municipales no han tenido más remedio que rebelarse frente a la actitud autoritaria del Gobierno.
Pedro Sánchez ha vuelto a cometer un enorme error en la forma de plantear los importantes acuerdos necesarios para salir de la crisis. Un gobernante sensato y responsable, se hubiera sentado con el principal partido de la oposición, en este caso el PP, para plantearle la propuesta antes de convocar a la FEMP; sabiendo además el poder municipal de los populares.
El gran problema de España
Esa obsesión del líder socialista de dejar al PP al margen de cualquier acuerdo (ayudado a veces por la actitud obstruccionista de Pablo Casado), es el principal problema de España para afrontar los importantísimos retos que tiene para salir de la crisis. Es ridículo e irresponsable que Sánchez y Casado no mantengan un diálogo fluido para diseñar la hoja de ruta para la reconstrucción económica y social en España. Prefieren ignorarse, atrapados por la presión a las que les someten Unidas Podemos y Vox (sin olvidar los partidos independentistas) para evitar que uno y otro se encuentren en el centro político y avancen juntos hacia la reactivación económica.
El presidente del Gobierno dijo públicamente tras los históricos acuerdos de Bruselas que si la Unión Europea había sido capaz de firmar ese pacto, España debería hacer lo mismo. Pero desde entonces no ha movido un dedo para iniciar el diálogo con el PP, la única fuerza política que le aseguraría una mayoría absoluta para aprobar los presupuestos y todas las reformas que nos va a exigir la UE para recibir los 140.000 millones de euros acordados.
Las crisis de solucionan unidos, como repite una y otra vez el rey Felipe VI en sus intervenciones. Si Sánchez y Casado no cambian de actitud, España seguirá sumando records de malos resultados económicos, sociales y sanitarios entraremos en un círculo vicioso en el que seguirán aumentando los contagios y fallecimientos por coronavirus, cerrando empresas, destruyéndose empleo y destinándose los fondos públicos a remiendos cortoplacistas.
Es el momento de poner las luces largas y mirar al futuro olvidándose de las encuestas electorales. Además, los españoles han dicho una y otra vez que quieren acuerdos para salir de la crisis. Sería deseable que este fracaso del Gobierno con los ayuntamientos les hiciera replantearse su actitud ante el diálogo. Aunque puede que, una vez más, yo esté confundiendo los deseos con la realidad.
Javier Ayuso