Por Paula San Pedro. Investigadora Junior, Programa de Acción Humanitaria y Desarrollo, FRIDE (FRIDE, ENE/06):
Durante la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Doha en noviembre del 2001, los gobiernos lanzaron la Agenda del Desarrollo con el compromiso de poner el comercio internacional al servicio del desarrollo. A esta meta se llegó un año después de la Cumbre del Milenio, en la que 189 países prometieron reducir a la mitad la proporción de personas viviendo en la pobreza para el 2015. Con los Objetivos del Milenio (ODM) se reconocía la necesidad de hacer importantes cambios en las reglas del comercio internacional para responder a la crisis global de equidad y asegurar la legitimidad del sistema multilateral.
A pesar de que este nuevo mandato de la OMC ha sido ampliamente aplaudido, no hay que olvidar que la relación entre comercio y desarrollo ha sido muy debatida en ámbitos muy diversos alcanzando conclusiones contrarias. Estas interpretaciones variadas, y en ocasiones hasta contrapuestas, sugieren que se trata de un vínculo que no es directo y que implica múltiples condiciones. Los hay quienes defienden que el comercio internacional, dominado por las grandes empresas multinacionales y cuyos intereses son los que rigen las negociaciones comerciales, mina cualquier oportunidad de desarrollo e incluso acentúa los desequilibrios. En cambio, otros consideran que este es un instrumento vital para crear riqueza y promover el desarrollo. Pero, independientemente de ideologías y consideraciones diversas, vivimos en un mundo globalizado e interrelacionado donde el aislamiento de las naciones es ya una realidad a la que no se puede volver. Por ello, hay que asegurar que tanto las reglas como las negociaciones comerciales incluyan una serie de factores, necesarios para hacer del comercio un instrumento de promoción del desarrollo. Éstas son ocho condiciones básicas que permiten que el comercio sea un instrumento en la lucha contra la pobreza:
- La eliminación de los subsidios agrarios y de las ayudas nacionales de los países ricos. Alrededor de tres cuartas partes de la población extremadamente pobre de los países en desarrollo vive en áreas rurales. Los subsidios en los países ricos permiten rebajar el precio del producto, incluso por debajo del coste de producción (dumping), y esto tiene el efecto de excluir a los países pobres de los mercados mundiales. También trae como consecuencia una competencia injusta en los mercados locales porque los pequeños agricultores no pueden competir con los precios de las exportaciones subsidiadas.
- El derecho a proteger los mercados. El incipiente desarrollo del sector industrial es una fuente muy importante de ingresos y supone una demanda creciente de empleo. Una competencia externa potente puede provocar la caída de la industria con graves consecuencias para la sociedad.
- La exclusión de los servicios públicos básicos de los compromisos de liberalización. Los países deben tener potestad y el derecho a controlar el proceso de privatización de aquellos sectores que se consideren básicos para el desarrollo del país.
- La inversión extranjera debe fomentar el desarrollo nacional. Para ello, tiene que tener en cuenta ciertos criterios como el empleo de mano de obra y de productos locales, la difusión de tecnología y conocimientos.
- La necesidad de diversificar la producción. Un significativo número de países dependen fuertemente de una serie de cultivos que, a su vez, están sujetos a la constante fluctuación de los precios internacionales con el consiguiente perjuicio para su población.
- La pérdida de ingresos gubernamentales por la eliminación o reducción de aranceles no puede tener un impacto sobre el gasto social. En los países en desarrollo los aranceles pueden sumar entre el 10-20% de los ingresos presupuestarios. Por tanto, hay que incluir una serie de medidas paralelas al proceso de liberalización que amortigüen los efectos sobre el gasto social.
- Los derechos de propiedad intelectual (DPI) deben estar al servicio del desarrollo. Los gobiernos deben tener la capacidad de sobrepasar los DPI en caso de cualquier emergencia de salud pública sin que las trabas burocráticas ni las presiones de otros países se lo impidan.
- El especial trato a los países menos adelantados (PMA). Dados sus pésimos indicadores sociales, este grupo de países necesita un acceso inmediato libre de cuotas y de aranceles a los mercados de los países desarrollados y un periodo más flexible frente al resto de los miembros de la OMC.
En base a estas condiciones se han analizado los resultados de la VI Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Hong Kong entre los días 13-18 de diciembre de2005. Como era de esperar, las declaraciones y los análisis realizados tras la Cumbre difieren considerablemente según la fuente. Pero, si tratamos de analizar los resultados desde el prisma del desarrollo y el esfuerzo por luchar contra la pobreza, en el centro de las discusiones parece que hay conclusiones bastante claras. En términos generales, el resultado de las negociaciones no es aceptable. Ha sido una Conferencia claramente marcada por la agenda de los países ricos mientras que el resto de los países se han defendido con sus escasos recursos y su limitada capacidad de presión. El máximo ejemplo de cómo los intereses de los países en vías de desarrollo han sido desplazados a un segundo plano es que los países occidentales han presionado sin concesiones con propuestas muy dañinas en los sectores industriales y de servicios ofreciendo como moneda de cambio mínimos progresos en el ámbito agrícola.
El resultado más celebrado y publicitado por los países occidentales ha sido que todas sus formas de subsidios a la exportación serán paralelamente eliminadas antes de que finalice el 2013. Esta medida no parece resolver los principales obstáculos para que el sector agrícola sea un instrumento para el progreso de los países pobres. Por un lado, la fecha está sujeta a las negociaciones de otras modalidades de subvención y a los acuerdos que se alcancen para el acceso a los mercados no agrícolas de los países del sur. Por otro lado, EU y EE.UU. van a mantener las ayudas nacionales. Esto implica que el dumping continuará forzando a los países pobres agrícolas a mayores niveles de pobreza. En contra de lo anunciado por los países ricos, más que un éxito para el desarrollo, esta mínima concesión demuestra una clara falta de compromiso de estos países para luchar contra la pobreza.
Las negociaciones sobre el algodón, que se han enarbolado como tema clave para cuatro países del África occidental, tampoco han llegado a ningún resultado nuevo. Se valora que EE.UU. haya ofrecido eliminar todos los subsidios a la exportación de algodón aunque, de todas formas, ya lo tenía que hacer por obligación de un panel de la OMC. Sin embargo, el texto no hace mención al tema central de las ayudas domésticas que distorsionan el mercado y provocan la caída de los precios internacionales de los que dependen estos países. Traducido en términos reales, esta medida no va a tener ningún efecto sobre estos cuatro países cuyo PIB ya ha caído entre un 1-2% a estas subvenciones estadounidenses.
El hecho de no haber alcanzado acuerdos en temas claves en la lucha contra la pobreza es otra de las razones para argumentar que la declaración ministerial de la OMC es una traición a las promesas de desarrollo. En este sentido, propuestas de los países del sur (como el “Trato Especial y Diferenciado”) que trataban de corregir los efectos perjudiciales de los actuales acuerdos de la OMC han sido eficazmente apartadas por los países occidentales de la agenda de negociaciones. Tampoco se ha discutido sobre la dudosa efectividad de la enmienda al acuerdo sobre los DPI, a pesar de ser vital para que los países pobres puedan importar fármacos genéricos sin ser sancionados por la OMC.
Otro de los fracasos más sonados ha sido que los países ricos no han dado acceso libre y sin cuotas a los países menos adelantados (PMA). La declaración final permite eximir un 3% del total de las importaciones nacionales. Aunque esta cifra no es en un principio muy significativa, permitiría que por ejemplo EE.UU. pudiese proteger su sector textil provocando graves consecuencias para países muy competitivos en este mercado como los países asiáticos.
Mientras que los países desarrollados han sido reticentes a incluir estos temas clave en la agenda, han presionado para discutir aquellos que les interesaban aun enfrentándose a la continua oposición de los países del sur. Tal y como se ha mencionado, los países ricos han exigido a los gobiernos pobres liberalizar los sectores de la industria y los servicios. Para estas naciones, esto supone una amenaza sin precedentes y además socava el derecho a protegerse de prácticas dañinas para su economía. Así por ejemplo, los competitivos productos industriales podrán inundar los mercados de los países pobres y destruir, con ello, el desarrollo de su industria local. El resultado afectará a los servicios esenciales (el agua, la sanidad o la educación) que se pueden ver amenazados por la competencia externa y que, además, tendrá un impacto en la libertad de los gobiernos para poner en marcha políticas públicas destinadas a luchar contra la pobreza. Además, esta desigual e injusta competencia amenazará innumerables puestos de trabajo abocándoles a un incremento de los índices de pobreza. En otras palabras, la declaración ministerial lejos de promover el crecimiento va a favorecer un proceso de desindustrialización.
En el curso de las negociaciones, la UE lanzó en un momento muy estratégico un atractivo paquete de ayudas para el comercio [1] como medida de coacción para que los países pobres fuesen más proclives a abrir sus fronteras. La UE pasó, así, a la ofensiva ante las críticas que había venido sufriendo la Política Agrícola Comunitaria (PAC), identificada por el resto de los países como uno de los mayores obstáculos para lograr un acuerdo. Pero, en realidad, esta oferta está vacía de contenido y de propuestas específicas. No son aportaciones financieras nuevas sino un compromiso ya existente que supondrá remodelar el actual presupuesto restando a programas que ya se están implementando. Esto no hace más que demostrar que los países ricos están lejos de dar un paso más allá de la retórica y, en este caso, es una oportunidad perdida en la lucha contra la pobreza ya que este paquete de ayudas podría ser un elemento clave para que el vínculo entre comercio y desarrollo se refuerce positivamente.
Una vez más, Hong Kong ha sido un reflejo de la incapacidad de los países occidentales para legitimar, con el ejemplo, el libre comercio como fundamento para el desarrollo de las naciones, tal y como ellos adoctrinan. Su estrategia sigue teniendo un doble rasero ya que, por un lado, exige la apertura de los mercados extranjeros y, por otro, sigue protegiendo sus sectores sensibles. A ello hay que añadir que estas negociaciones han demostrado estar lejos de cumplir con su mandato originario de corregir los desequilibrios del pasado y a cometer las promesas de desarrollo para el futuro. Inevitablemente, esto implica que hay muy pocas esperanzas de que puedan alcanzarse los Objetivos del Mileno de los que, como se mencionó, son signatarios la mayor parte de los países miembros de la OMC. Aun así la Conferencia Ministerial de Cancún en el 2003 marcó un cambió sustancial que se ha consolidado en esta reciente Cumbre. Tanto los países de renta media como los PMA han logrado consolidar bloques de oposición y han afianzado sus posturas frente a los intereses de los países ricos. Gracias a este nuevo posicionamiento, han podido aplacar algunas de las negociaciones más sensibles, han conseguido aunar la fuerza suficiente para poner ciertos temas (sus temas más sensibles) en la agenda, y sobre todo han logrado eliminar el monopolio de los países poderosos. Este nuevo impulso se ha reforzado gracias a la relevancia que han tomado estas negociaciones de la OMC en medios más allá de los puramente específicos. Este ha sido un instrumento muy eficaz que ha permitido que un tema que hasta la fecha estaba reservado para los eruditos en la cuestión sea ahora comprensible para un público más amplio y sea la sociedad la que exija un cambio en las reglas del comercio internacional.
No hay que menoscabar el poder que la población puede tener para presionar a sus representantes. Sólo queda esperar que en la próxima reunión de la OMC, programada para abril del 2006, estas voces se hagan eco en los dirigentes de los países occidentales. Pero no sólo estas exigencias deben ser tomadas en cuenta por los líderes políticos sino que, además, deben comenzar a entender que tanto los países ricos como los pobres pueden beneficiarse de un comercio justo que promueva el desarrollo.
[1] Se trata de un conjunto de propuestas presentadas por los países desarrollados y en desarrollo que incluye medidas para compensar los costes de reducir los acuerdos preferenciales de los PMA, asistencia para invertir en infraestructura, mejorar la calidad de la producción y conectarla con la cadena internacional