Una ola de recompras de acciones en Estados Unidos ha iniciado un debate, con mucho en juego, sobre lo que las corporaciones pueden y deben hacer con sus superávits. Es un tema que plantea preguntas fundamentales sobre el papel de los sectores público y privado en la búsqueda de crecimiento inclusivo.
El debate arreció cuando hace poco, los senadores estadounidenses Bernie Sanders y Chuck Schumer escribieron un artículo en el que sostienen que en lugar de recomprar acciones, las corporaciones tendrían que invertir más en sus empleados y en la comunidad; y anuncian que presentarán un proyecto de ley que prohibiría la recompra de acciones a menos que antes la corporación haya invertido en sus trabajadores, por ejemplo, subiéndoles el salario mínimo a 15 dólares por hora o dándoles licencia paga por enfermedad.
Sanders y Schumer –y muchos otros– ven con malos ojos que superávits y rentas se distribuyan exclusivamente entre los accionistas, que ya suelen pertenecer al 10% de personas de más altos ingresos. En un momento de desigualdad en aumento y salarios estancados, invertir una cuota mayor de ese dinero en los trabajadores de menores ingresos parece mejor opción que prodigar más riqueza a los ricos.
Pero Benn Steil y Benjamin Della Rocca, del Council on Foreign Relations, han expresado serias reservas en relación con la lógica del argumento de Sanders y Schumer. Sobre la base de datos que muestran que la recompra de acciones es mayor entre las empresas cuya tasa de rendimiento del capital es menor, los autores concluyen que los mercados de capitales están funcionando bien, porque el dinero que vuelve a los inversores terminará en inversiones más rentables. Sostienen que si el gobierno intentara impedir la recompra de acciones, la respuesta probable de las corporaciones sería colocar ese dinero en bonos del Tesoro, lo que implica reciclar el capital a través de un canal inferior.
La práctica de reciclar capital entre usos igualmente poco rentables –por ejemplo, cuando los bancos refinancian préstamos dados a empresas en dificultades, para evitar pérdidas contables y problemas de capitalización regulatoria– reaparece en tiempos de tensión financiera. Pero se sabe que es muy perjudicial para la inversión productiva, porque reduce la disponibilidad de crédito para empresas saludables con potencial real de crecimiento.
Sin embargo, aquí hay en juego una cuestión más fundamental. Al parecer, Sanders y Schumer quieren impulsar una transición más veloz y decidida de las corporaciones que cotizan en bolsa y de los mercados de capitales hacia un modelo multipartito de gobernanza corporativa que reemplace al modelo tradicional dominante basado en el valor para los accionistas.
El modelo multipartito daría mucho para hablar, y algunas corporaciones ya están dando pasos en esa dirección. Pero tratar de imponer el cambio por la vía legislativa puede resultar impráctico e ineficaz a la vez. Y es seguro que no resolverá el problema de la distribución desigual de la riqueza. Al fin y al cabo, incluso en el modelo multipartito, los accionistas son una de las partes.
Para lograr crecimiento inclusivo y sostenible, es necesario que las corporaciones y el sector financiero armonicen mejor sus estrategias y modelos de negocios con los objetivos económicos y sociales de la comunidad en su conjunto. Este proceso demandará mucha creatividad; debe comenzar con valores y con objetivos claros (como destacó Larry Fink, de BlackRock) y desde allí avanzar por medio de la experimentación y de la innovación. Sería muy útil para esto contar con medidas multidimensionales de progreso económico y social, algo en cuya elaboración se está trabajando.
La experiencia internacional da fuertes motivos para pensar que este proceso es mucho más fluido cuando participan en él las empresas, el sector financiero, el gobierno, los trabajadores y el sector educativo. De hecho, sin el involucramiento de los sectores empresarial y financiero, será difícil o imposible superar los obstáculos al crecimiento inclusivo y sostenible.
Imponer el modelo multipartito de gobernanza corporativa, en todo o en parte, por la vía regulatoria implica sabotear esa cooperación. Al enviar señal de que se hará a los sectores corporativo y financiero mayoritariamente responsables por cualquier tendencia adversa en la distribución de la riqueza, esta estrategia promueve una relación hostil entre el gobierno y las empresas. Cualesquiera sean las ventajas políticas de poner en la picota a un sector particular, no son nada ante las desventajas de impedir alianzas eficaces que permitan, por ejemplo, facilitar la actualización profesional en un entorno laboral que cambia a toda prisa.
Para responder al doble desafío de distribución cada vez más desigual de ingresos y riqueza y cambios acelerados en el mercado laboral, los gobiernos deben actuar como facilitadores de alianzas e iniciativas colaborativas: los participantes estarán dispuestos a contribuir más si saben que a su aporte se le sumarán otros. Y para que las personas y las familias tengan recursos, tiempo y seguridad para invertir en sí mismas, es esencial la complementación de ingresos, algo que sólo el Estado puede proveer.
En lo referido a modificar la distribución de la riqueza, la herramienta más adecuada es el sistema impositivo, suponiendo que se cree consenso en torno de usarlo para eso. Muchos economistas (entre los que me incluyo) consideran que lo del salario mínimo de 15 dólares por hora es buena idea. Si hay para esto suficiente apoyo político, conviene sancionarlo por ley, en vez de tratar de meterlo escondido en otras medidas. El sistema impositivo también puede usarse para modificar la distribución de ingresos, junto con medidas que refuercen el poder de negociación de los trabajadores.
Es verdad que algunas versiones del marco multipartito de gobernanza corporativa pueden aumentar la influencia de los trabajadores y ayudar a cambiar la distribución de ingresos en el largo plazo. Pero para ser eficaz, el modelo debe implementarse como parte de un proceso de aprendizaje voluntario, cooperativo y flexible. Pretender controlar cada detalle del proceso crearía rigideces en lo que debe ser un entorno altamente dinámico.
La buena noticia es que en todos los sectores, hay personas y organizaciones –gobiernos incluidos– que llevan adelante esfuerzos cooperativos. Y hay experiencias útiles en una variedad de democracias desarrolladas. Estas “coaliciones de buena voluntad” están resolviendo problemas prácticos y reconstruyendo una idea de cohesión social. Pero todavía hay mucho por hacer, y para lograrlo hará falta cada vez más colaboración, no antagonismo político.
Michael Spence, a Nobel laureate in economics, is Professor of Economics at NYU’s Stern School of Business, Distinguished Visiting Fellow at the Council on Foreign Relations, Senior Fellow at the Hoover Institution at Stanford University, Advisory Board Co-Chair of the Asia Global Institute in Hong Kong, and Chair of the World Economic Forum Global Agenda Council on New Growth Models. He was the chairman of the independent Commission on Growth and Development, an international body that from 2006-2010 analyzed opportunities for global economic growth, and is the author of The Next Convergence – The Future of Economic Growth in a Multispeed World. Traducción: Esteban Flamini.