La recuperación económica constituye un tema capital para nuestro país y será previsiblemente el protagonista de la campaña electoral ya en marcha. Pero el ciudadano está perplejo: nadie le explica en qué consiste ni percibe sus efectos favorables. Conviene clarificar el significado de la recuperación, con realismo y rigor, antes de que sea politizado y tergiversado en los debates electorales.
La recuperación es un cambio de tendencia del crecimiento: nuestra economía, tras largos años cayendo y mucho (el 7,5% desde 2008), empezó a crecer débilmente (unas décimas), impulsada principalmente por la demanda exterior, desde mitad de 2013 y, recientemente, se ha registrado un ligero repunte del empleo. Además, mejoraron otras variables que apuntalan la recuperación: se saneó el sistema financiero, aunque no definitivamente, se corrigieron algunos desequilibrios básicos (de forma contundente la balanza de pagos, con dudas, el déficit público) y aumentó la confianza exterior como reflejan la reducción de la prima de riesgo, la subida del rating y mayor afluencia de capital extranjero.
Pero estas mejoras no llegan al ciudadano. Las familias siguen con bajos ingresos, elevadas deudas y reducido consumo, los empresarios, también muy endeudados, no reciben créditos para sus negocios, el desempleo es desorbitado, soportamos mayores impuestos para financiar los intereses de la deuda y los múltiples recortes continúan pesando sobre la población: en definitiva, la crisis sigue ahí. Hemos salido de la recesión, no de la crisis: no cabe utilizar un lenguaje engañoso. La recuperación solo constituye un primer paso, aunque importante.
El ciudadano puede preguntarse: ¿Es sólida esta recuperación o morirá como la de 2010?, ¿cómo la hemos conseguido y a qué coste?, ¿se consolidará pronto hasta superar la crisis?
¿Es una recuperación sólida? Probablemente más que la de 2010 y no porque aquella no lo fuera, sino porque la austeridad merkeliana la destrozó. Pero la actual tampoco está exenta de numerosos riesgos, de distinta magnitud y probabilidad. En el ámbito internacional, prescindiendo de las tensiones en Ucrania, destacan la debilidad de los países emergentes, la retirada de liquidez en EE UU, las amenazas deflacionistas del euro, la resistencia del BCE a expansiones cuantitativas, los retrasos de la unión bancaria, la aversión alemana a estimular su crecimiento, la vacilante evolución económica de importantes países europeos y los graves problemas de otros, como Italia y Grecia. Los principales riesgos nacionales son el déficit público, el sistema financiero, el crédito privado, el problema catalán, la elevada e impune corrupción y el malestar ciudadano fuente de desestabilización y conflictos sociales.
¿Qué recuperación tenemos y a qué coste? Una recuperación de origen externo y con grandes costes sociales. El Gobierno pretende atribuirla a sus políticas y reformas, pero sus causas más inmediatas son los estímulos exteriores y la flexibilización permitida por Bruselas para reducir el déficit público. Además, sin ignorar importantes aportaciones gubernamentales (saneamiento financiero aunque incompleto, reformas —algunas controvertidas— del mercado laboral, avances en competitividad y ajustes del déficit), no es posible olvidar que el Ejecutivo equivocó su política presupuestaria, no fue como afirma el artífice de la confianza internacional y cargó los costes de la recuperación sobre los más débiles aumentando la desigualdad. Veámoslo.
La intensa y acelerada contracción fiscal —impuesta ciertamente por Bruselas, pero aplicada celosamente por nuestro Ejecutivo— nos hundió en la segunda recesión y retrasó la recuperación. En palabras de Stiglitz, “las políticas de austeridad hicieron que la desaceleración fuera más profunda y larga de lo necesario, causando consecuencias de dilatada duración”, como la reducción del PIB y la destrucción de empleo registradas en la presente legislatura. Hasta el propio Guindos parece corroborar esta idea, mayoritaria entre economistas, en sus recientes afirmaciones de Bruselas: “La recuperación europea va con retraso respecto a EE UU y Reino Unido que aplicaron estímulos monetarios más potentes y retiraron los fiscales con menos prisas… No bastan las reformas, hay que hacer política fiscal y política monetaria”.
La reducción de la prima de riesgo, principal indicador de la confianza exterior y que evitó nuestro rescate global, se debió principalmente al efecto virtual de las palabras de Draghi de apoyo al euro y, en pequeña proporción, a las políticas del Gobierno.
Por último, estas políticas afectaron negativamente a los trabajadores y a la equidad. En efecto, la mayor parte de las ganancias de competitividad, que impulsó la demanda exterior y la recuperación, provino del aumento del desempleo que incrementó la productividad y, en menor medida, de la reducción de los salarios; los márgenes empresariales aumentaron perjudicando la competitividad. Además, los ajustes del déficit se materializaron en descensos de los ingresos medios y bajos y en reducciones de recursos para educación y sanidad, aumentando la desigualdad más que cualquier país europeo.
¿Se consolidará la recuperación y en qué plazo hasta superar la crisis? Estimo, y creo no ser pesimista, sino rigurosamente realista frente a determinados triunfalismos, que la salida de la crisis será lenta y difícil por dos razones: las cargas heredadas del pasado y las dificultades para fortalecer la demanda interna.
Los distintos Gobiernos desde finales de los noventa hasta ahora —conviene recordarlo— han sido los principales responsables de la gravedad de nuestra crisis y de sus soluciones equivocadas, a las que no son ajenas las autoridades europeas. Sus diversas políticas económicas generaron graves desequilibrios, convertidos luego en pesadas cargas que lastran ahora nuestra recuperación: desorbitado endeudamiento privado, inmensa burbuja inmobiliaria, medio sistema financiero quebrado, gran deuda exterior, tremendo desempleo e insostenible deuda pública.
Algunas cargas (deuda exterior y sistema financiero) van aliviándose parcialmente. Otras, de imposible absorción a medio plazo, retrasarán la salida de la crisis: el vacío dejado por un desmesurado sector de la construcción que debe sustituirse por otras actividades, la excesiva deuda pública cuya reducción exige tiempo, inflación y reformas fiscales y el enorme desempleo —lleno de parados de larga duración y de personas sin estudios— de difícil y dilatada digestión. Finalmente, la gran deuda privada que obstaculizará el aumento de la demanda interior, indispensable, dada la insuficiencia de la demanda externa, para superar la crisis.
Efectivamente, el consumo se enfrenta al elevado endeudamiento familiar y a la dificultad de aumentar la renta disponible en un contexto de bajadas salariales y enorme desempleo; el incremento de la inversión resulta complicado sin reducir el apalancamiento empresarial e impulsar el crédito; el sector público todavía deberá actuar contractivamente para reducir la deuda. No parece fácil ni rápido aumentar la demanda interna.
Según Olli Rehn, arreglar una crisis como la española acaba costando una década. El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), think tank del Ministerio de Hacienda, prevé que el nivel de PIB anterior a la crisis no se recuperará hasta alrededor de 2018 y, según el FMI, hasta 2020: nos situaríamos ahora prácticamente a mitad de la crisis en términos de producción. ¿Y en desempleo? El propio IEF estima que a final de esta década la tasa de paro superará el 15%. ¿Para cuándo el 8% de 2007?
Salimos de la recesión, pero seguimos en crisis. Solo si somos conscientes con realismo de las grandes dificultades que implica superarla, podremos tomar las medidas necesarias. Medidas que lleguen a la inmensa mayoría. Mejor con grandes pactos de Estado. Pero para eso hace falta talla política.
Agustín del Valle es profesor de Economía de la Escuela de Negocios (EOI) y exdirector del Servicio de Estudios del Banco Central Hispano.