El debate sobre la situación económica ignora, consciente o inconscientemente, los factores que tiene en cuenta el Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de tomar decisiones: la globalización –que ha eliminado la mayoría de las barreras a la competencia con todo el mundo–; la pertenencia al euro –la moneda más revalorizada, que obliga a mayores esfuerzos para ser competitivos–; los 5,8 millones de parados –herencia parcial de una inmigración de 7 millones de personas– que en 2014 recibirán, en conjunto, cerca de 27.000 millones de euros en prestaciones que hay que financiar con los ingresos tributarios; y, finalmente, un cambio estructural de nuestra economía, que no puede crecer apoyándose en el endeudamiento, la expansión de los servicios públicos y el sector de la construcción e industrias y servicios que dependen del mismo, porque nuestras necesidades de inversión en estos sectores están colmadas. Solo un gobierno responsable, que en esta ocasión ha sido el del Partido Popular, ha sido capaz de reformar y tomar las decisiones necesarias para recuperar nuestra competitividad y ajustar ingresos y gastos públicos, teniendo en cuenta esos condicionantes.
La actual recuperación es más complicada que todas las vividas desde el Plan de Estabilización de 1959. Por dos razones: en primer lugar, los sectores que han creado dos terceras partes del empleo en la economía española desde 1975 hasta 2008 no pueden, ni deben, seguir haciéndolo; en segundo lugar, porque la desigualdad en la distribución de la riqueza y el descenso de la población dificultan el aumento de la demanda privada de consumo.
Entre 1975 y 2008, el sector público y el sector de la construcción y las industrias y servicios dependientes de este último crearon alrededor de 5 millones de puestos de trabajo, de los 7,5 millones creados en ese periodo. La pérdida de 3,5 millones de puestos de trabajo, con cualquier política económica, de expansión o de austeridad, era inevitable. Era imposible construir más viviendas y más obras civiles e infraestructuras, porque ya teníamos la mayoría de lo que necesitábamos. Una situación que se repite en sectores como el eléctrico, lo que ha permitido al presidente de Iberdrola, en aparente venganza por la reforma del sector, decir que «no hará más inversiones en España». Menos mal, porque no son necesarias y, de una u otra forma, terminaríamos pagándolas los consumidores. Y lo mismo puede decirse del aumento de empleados del sector público –que se han reducido en 400.000 personas en los últimos dos años–, que se explica, básicamente, por el crecimiento de los servicios públicos en educación, sanidad y atenciones sociales. Esa expansión fue posible porque el Estado español se podía endeudar. Eso también ha cambiado. Hoy tenemos que respetar los límites que nos impone, sensatamente, la troika.
El resto de los sectores económicos, los más competitivos, crearon alrededor de 90.000 empleos al año en promedio, desde 1975 hasta 2008. Se trata de un empleo mucho más complejo de crear. Requiere más formación y más capital. Es fácil crear empleo en el sector público y en la construcción. En los demás sectores, es muy difícil. La gran novedad, en la que descansa nuestro futuro, es que, gracias a la reforma laboral, hoy es posible crear empleo, aunque sea temporal y con bajos salarios, simplemente con la estabilización económica, frente a nuestra tradición de crear empleo sólo creciendo más del 2% anual, porque ese crecimiento era la forma de compensar el coste salarial y las rigideces que suponían el Estatuto de los Trabajadores.
En segundo lugar, la recuperación también es más difícil por el efecto de la actual distribución de la riqueza. Hasta la integración en el euro, los excesos monetarios se resolvían con devaluaciones y planes de estabilización que afectaban, injustamente, más a unas rentas que a otras, pero sin modificar excesivamente la distribución de la riqueza. La globalización, el euro y la gran crisis han dinamitado ese modelo de desarrollo económico. La concentración de riqueza dificulta el aumento del consumo, que sólo crecerá a tasas más elevadas cuando lo hagan las nuevas inversiones y éstas, a su vez, impulsen el empleo. El fenómeno es mundial. Por su propia naturaleza, era evidente que el euro acentuaría las diferencias de renta entre los trabajadores en función de su productividad. Lo que no era previsible era una redistribución traumática de la riqueza. La desigualdad entre los españoles, hoy, se deriva, en gran parte, del valor del patrimonio neto de los que han invertido en viviendas. Hay alrededor de 8 millones de hogares, de un total de 17,4 millones, con hipotecas sobre sus viviendas. Esos españoles han sufrido una pérdida sustancial de patrimonio neto, en relación con el que creían que tenían en 2008, lo que afecta a su disposición a consumir. Los bajísimos tipos de interés han reducido sus cuotas hipotecarias, pero el desempleo, el temor al futuro y el endeudamiento limitarán, durante unos años, el aumento del consumo. La reforma fiscal tiene que tener en cuenta esta situación para resolverla, no con impuestos al patrimonio, pero sí con mayores diferencias en el IRPF, con un limitado impuesto de sucesiones, con un mayor control de la recaudación del IVA, y con una mayor imposición efectiva sobre sociedades.
El otro factor que afecta a la demanda de consumo privado es la pérdida de población, debido a la emigración de nacionales e inmigrantes. El crecimiento de 2000 a 2008 no fue consecuencia de una mejora de nuestra capacidad productiva o tecnológica. Crecimos porque aumentó la población en 7 millones de personas, por la inmigración y porque la banca financió la expansión del sector de la construcción. La llegada de inmigrantes fue, en parte, fruto de las políticas de regularización del PP y el PSOE y del efecto llamada que impulsó Rodríguez Zapatero. Ahora, el proceso se invierte. El descenso de la población limita la recuperación. Afecta a todas las variables económicas. No sólo al consumo privado. La salida de, quizá, 300.000 personas al año, durante un periodo de 4 a 5 años, es inevitable, aunque no sea deseable, porque España no tiene capacidad económica para financiar una creación sustancial de nuevas empresas. Nuestro endeudamiento, público y privado, nos obliga a buscar capital extranjero, que sólo invertirá si cree que el gobierno seguirá siendo fiable y si los márgenes empresariales que pudieran obtenerse pudieran ser superiores a los de otros países.
Si se ignoran esos datos al diseñar la política económica, como lo están haciendo los principales partidos políticos de la oposición de cara a las próximas elecciones –me refiero al PSOE, UPyD y, por supuesto, IU y los nacionalistas– y reciben un apoyo mayoritario de la población, podríamos entrar, otra vez, en una profunda recesión.
Alberto Recarte, economista.