Nunca hay que perder de vista que el mayor problema que tenemos es el desempleo de 4,6 millones de personas y, por tanto, todas las medidas y reformas que se tomen deberían estar orientadas a contener la sangría del paro y a facilitar la creación de empleo. En los años de la crisis se han destruido en la economía española 2,1 millones de trabajo, a los que hay que sumar cientos de miles de jóvenes que no han podido acceder a su primer empleo.
Estos números describen una realidad intolerable, que nos aleja de Europa, donde no terminan de entender qué es lo que nos está pasando y por qué. La imagen de la economía española se sigue deteriorando mientras nuestro Gobierno, después de dos años perdidos en negaciones e improvisaciones, ahora reacciona como un autómata a las imposiciones, pero sigue sin definir una política económica coherente para salir de la crisis y crear empleo.
No se puede salir de la crisis del paro y alcanzar un crecimiento económico creador de empleo sin un conjunto de reformas que implican a la totalidad de la actividad económica, que van mucho más allá de un mero recorte del gasto público o una reforma del mercado de trabajo. Para crecer y crear empleo, además de la reforma del mercado laboral, hay que acometer la reforma del conjunto del sector público, hay que impulsar reformas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas, hay que abordar la reestructuración completa del sistema financiero, moderar la carga tributaria y las cotizaciones de las empresas y de los autónomos, reformar el sistema energético y los demás mercados básicos, hay que garantizar la independencia y la transparencia de los organismos reguladores, y asegurar la unidad de mercado para garantizar la libertad económica en toda España.
Es decir, todas las reformas tienen sentido en el conjunto de una política económica centrada en el crecimiento creador de empleo, que es el fundamento de la política social. Así lo hicimos en 1996 para salir de la crisis de los noventa y así lo estamos proponiendo y recomendando al Gobierno, reiterada e insistentemente, así lo aportamos en las conversaciones del Pacto de Zurbano, aunque con poco éxito.
La reforma del mercado de trabajo no debe limitarse a la modificación de los contratos de trabajo. Hay que reformar también la negociación colectiva de los salarios y de las condiciones de trabajo, la cual añade otro factor de rigidez al mercado laboral, porque sus cláusulas tienen poca capacidad para adaptarse a las situaciones particulares de las empresas y a los cambios de la coyuntura económica. Así, sucede que muchas empresas tienen que prescindir de sus empleados por no poder cumplir las cláusulas del convenio, cuando hubiera sido factible el mantenimiento de esos empleos con algunas limitaciones: en el tiempo de trabajo, por ejemplo.
Somos partidarios de la ampliación de los colectivos que se beneficien del contrato indefinido de fomento del empleo, y de mejorar la negociación colectiva para que los salarios estén más relacionados con la productividad de las empresas. También hay que mejorar la formación profesional, luchar contra el absentismo laboral y permitir la colaboración de la iniciativa privada en los servicios de formación y de búsqueda de empleo.
En resumen, una reforma del mercado de trabajo aislada, sin la compañía de las demás reformas estructurales necesarias para aumentar la competitividad de las empresas españolas, corre el riesgo de desinflarse y desacreditarse enseguida. Y, más aún, si la reforma no aborda cambios sustanciales de la negociación colectiva de los salarios.
Es muy significativo el conjunto de reformas, incluidas las del mercado laboral, que, a partir de 1996, acometió el Gobierno del Partido Popular en el proceso de fundación del euro. El resultado es patente: la economía española creó ocho millones de nuevos empleos hasta el comienzo de la crisis, durante muchos años nos mantuvimos en la vanguardia del crecimiento en Europa, y la imagen de España era recibida con el máximo respeto de la opinión pública y de los mercados.
Cristóbal Montoro Romero, coordinador de Economía del Partido Popular.