El Gobierno remitió a Bruselas el pasado día 10 de enero su anunciada propuesta de reforma del mercado eléctrico. Dos de sus novedades son la fijación de un precio regulado para las tecnologías "no contestables" (la nuclear y la hidroeléctrica) y la incentivación de las subastas de renovables. Lo que se pretende es excluir esa electricidad del mercado "marginalista" (pool), en el que toda la electricidad vendida cobra el precio ofrecido por la última central necesaria para cubrir la demanda (normalmente, ciclos combinados). Esas centrales firmarían con el regulador los llamados "contratos por diferencias" (CFD), de largo plazo, y cobrarían el precio fijado por el regulador o el resultante de las subastas.
Lo que no ha explicado el Gobierno es qué haría con esa electricidad que va a comprar. ¿Se la imputaría a toda la demanda, condicionando la política de compras de las comercializadoras? ¿La vendería? ¿A quién y a qué precio? ¿Tomaría la decisión año a año? ¿Sobre la base de qué criterios?
A día de hoy, la mayoría de los comercializadores huyen del pool por su volatilidad y compran electricidad a través de contratos a plazo negociados libremente o contratan instrumentos de cobertura. Y, con esa certidumbre sobre sus costes de adquisición, ofrecen a sus clientes industriales o domésticos contratos a plazo y precio fijo.
Sin embargo, es previsible que la nueva regulación afecte a ambos mercados a plazo: si se incentiva a los productores de renovables a acudir a las subastas reguladas (¿qué incentivos se darán?), el mercado a plazo será cada vez más estrecho para los comercializadores. Esta circunstancia, unida a la incertidumbre sobre qué hará el regulador con la electricidad comprada a través de los CFD, quitará a los comercializadores visibilidad sobre sus costes de adquisición y les hará más difícil ofrecer a sus clientes precios fijos durante un plazo razonable.
Es decir, se pondrá en riesgo el modelo que ha permitido el desarrollo de las renovables y la existencia de contratos de varios años a precio fijo con consumidores, y se sustituirá por un modelo regulado en que el Gobierno decidirá periódicamente sobre la estructura del mercado, con lo que implica en términos de incertidumbre regulatoria y riesgo de desincentivo de las cuantiosas inversiones que la transición energética demandará.
Criterio discriminatorio
Asimismo, resulta chocante el criterio elegido para identificar las tecnologías cuyo precio se regularía: las "no contestables"; es decir, aquellas que ya no se pueden construir más por decisión política (nucleares) o por imposibilidad física (no hay sitio para más hidroeléctricas). Sin embargo, para que un criterio de diferenciación no sea discriminatorio tiene que ser justificado y razonable. Y este no lo es: el kWh es igual en todos los casos, sea cual sea la tecnología que lo produzca. El hecho de que no vaya a haber más nucleares o hidroeléctricas es irrelevante, ya que su competencia vendrá de otras tecnologías cada vez más baratas (la fotovoltaica o la eólica). Sería como regular el precio del cemento producido en cementeras instaladas en puertos simplemente porque se prohíbe que en el futuro haya más cementeras en puertos (habrá otras -tal vez más eficientes- que se instalarán en otros lugares y competirán al fabricar el mismo producto).
La propuesta también tendrá que pasar el filtro político (hay algo de ideología en juego). Habrá que convencer al resto de países europeos de que hay que ir a un mercado en que el principal vendedor de electricidad es el Estado, el precio de algunas instalaciones está regulado, y se incentiva que la contratación a plazo se haga en subastas reguladas, y no en el mercado.
Sin embargo, la historia demuestra que los mercados son mejores que los gobiernos para conseguir la eficiencia en la asignación de los recursos. Es lo que inspiró el nacimiento de la Unión Europea y lo que durante todos estos años ha sido una de sus premisas fundamentales: la libertad de mercado, el mercado único (que demanda una regulación uniforme en toda la Unión, y no modelos a la carta) y la excepcionalidad de la intervención pública. Eso no quiere decir que no se pueda regular el sector eléctrico, pero la regulación inteligente es la que fomenta el buen funcionamiento del mercado y se cuida de no debilitar su eficiencia.
Muchos países de la Unión ya se han manifestado en contra de intervenciones estructurales. Siguen confiando en el funcionamiento del mercado y ponen el foco en la protección de los consumidores más vulnerables ante situaciones de picos de precios, y en el fomento (sin intervenciones limitativas de libertades) de la contratación a plazo, mayorista y minorista. Ese es el camino.
José Giménez, Socio director de Linklaters.