Por Juan E. Iranzo. Director general del Instituto de Estudios Económicos (ABC, 08/04/06):
LA falta de flexibilidad del mercado laboral se encuentra en el origen de los principales problemas de nuestra economía: inflación y pérdida de competitividad. Por una parte, la dificultad para modificar las condiciones laborales y la falta de movilidad reducen el margen de maniobra de las empresas para reaccionar ante cambios en las condiciones del mercado. Esto reduce su capacidad para competir en una economía globalizada y muy competitiva en la que la flexibilidad y la capacidad de respuesta y de adaptación de las empresas ante las circunstancias cambiantes del mercado constituye un factor competitivo clave. Por otra parte, los elevados costes de despido desaniman a los empresarios a elevar la capacidad productiva y contratar más personal, de modo que, cuando se produce una expansión de la demanda, prefieren elevar los precios antes que la producción. Nuestro elevado diferencial de inflación es, por tanto, el resultado de una demanda demasiado expansiva -como consecuencia de unas condiciones monetarias muy holgadas-, unida a un sistema productivo excesivamente rígido que hace que los aumentos de la demanda se trasladen hacia los precios en mayor medida que hacia el volumen de producción. Este fenómeno se produce fundamentalmente en los sectores de bienes no comercializables, es decir, básicamente en los servicios, que no están expuestos a la competencia internacional, y son los que tradicionalmente presentan la mayor tasa de inflación en nuestro país. En los sectores de bienes comercializables los productores no pueden responder con aumentos de los precios, debido a la competencia exterior, pero tampoco elevan el nivel de producción, con lo que una parte de la demanda se queda sin satisfacer y se desvía hacia las importaciones. La consecuencia es un deterioro de la balanza comercial, que se añade al derivado de la pérdida de competitividad de nuestras empresas por los factores descritos.
Otra consecuencia negativa de la rigidez del mercado laboral es la elevada tasa de temporalidad de nuestra economía, muy superior a la media de las economías de nuestro entorno. Este fenómeno se debe en parte al fuerte peso dentro de nuestra estructura productiva de las actividades relacionadas con el turismo, muchas de ellas de carácter estacional, pero esta razón por sí sola no basta para justificar el elevado peso del empleo temporal. El motivo fundamental se encuentra en el alto coste del despido y la rigidez de los contratos indefinidos, que obliga a los empresarios a recurrir a este tipo de contratación para ganar algo de flexibilidad. La excesiva temporalidad, por su parte, se traduce también en una pérdida de competitividad, debido, entre otras cosas, a la inferior productividad de los trabajadores temporales, y, por esta vía, nuevamente, al deterioro de nuestra balanza corriente. La falta de flexibilidad de nuestro mercado laboral se encuentra, por tanto, en el origen de nuestra pérdida de competitividad, tanto de forma directa, debido a la reducida capacidad de respuesta que impone a nuestro tejido productivo, como de forma indirecta, a través de su impacto sobre la temporalidad y sobre la inflación.
Es necesario, por tanto, emprender con urgencia una reforma de nuestro mercado laboral orientada hacia la flexibilización del mismo, lo que debe entenderse como una política de oferta, es decir, que incide sobre la capacidad de crecimiento de la economía, actuando por el lado de la producción en lugar de por el lado de la demanda. El fenómeno de la inmigración en nuestro país ha actuado de hecho en los últimos años como una reforma laboral encubierta, puesto que ha constituido un verdadero shock de oferta que ha dotado de mayor flexibilidad a nuestro mercado laboral, en la medida en que ha hecho posible que puedan ser llevadas a cabo ciertas actividades que de otra forma no hubieran podido emprenderse de forma rentable, debido a las mayores exigencias salariales de los trabajadores españoles. Esto ha ejercido un efecto de arrastre sobre otras actividades relacionadas, impulsando el crecimiento de la economía nacional y el conjunto del empleo. Pero sus efectos se agotan, y se hace imprescindible llevar a cabo una reforma normativa que dé un nuevo impulso al mercado laboral. Además, éste es el momento propicio, puesto que nos encontramos en un momento de fuerte creación de empleo en el que resulta políticamente más fácil acometer reformas de este tipo que en coyunturas económicas más adversas.
Es necesario, por tanto, generalizar la indemnización máxima por despido de 33 días a todos los contratos, así como sustituir el contrato por obra y servicio por una nueva modalidad más flexible que responda a las necesidades empresariales que emergen de las nuevas formas de organización de la actividad, especialmente en sectores como la construcción, que establezca una indemnización por despido progresiva en función de la duración del mismo, hasta asimilarse a los contratos indefinidos al cabo de tres o cuatro años. Es necesaria también una mayor flexibilidad en cuanto a la organización de las jornadas laborales y las estructuras salariales, y una modificación de la normativa sobre las regulaciones de plantillas. Asimismo, debe aprovecharse el superávit de la Seguridad Social para reducir de forma generalizada las cotizaciones sociales, que en nuestro país se encuentran muy por encima de la media de los países de nuestro entorno. Otro aspecto negativo del marco regulatorio laboral es el sistema de negociación colectiva, cuya reforma es una necesidad crucial. Se debe avanzar hacia la descentralización del sistema, de forma que los acuerdos tengan en cuenta la realidad de cada empresa individual, especialmente en materia salarial, con objeto de que los incrementos salariales no sean superiores a las ganancias de productividad. En definitiva, en las circunstancias actuales, la reforma del mercado laboral es una tarea inaplazable.