La reforma del sistema electoral

Vaya por delante que probablemente no existe ningún sistema electoral que pueda calificarse de perfecto y que, al mismo tiempo, pueda complacer a todos los actores en presencia. Seamos, pues, pragmáticos y tratemos de buscar aquello que mejor conviene al interés general de nuestro país.

Los estudiosos de los sistemas políticos han concluido que todo sistema electoral debe asegurar, por un lado, la mejor representatividad posible de las diferentes opciones políticas, y por otro, la necesaria gobernabilidad que un país necesita tras de una consulta electoral. Conviene subrayar que el fin último de las elecciones consiste en poder formar gobierno con la mayor claridad y celeridad posible. Cuanto más fácil y mejor se realice esta operación, podremos decir que el sistema electoral cumple a satisfacción.

la-reforma-del-sistema-electoralRepresentatividad y gobernabilidad son, pues, los dos objetivos prioritarios que debe perseguir toda ley electoral.

Está comprobado que los sistemas mayoritarios –Gran Bretaña ofrece un excelente ejemplo– penalizan la representatividad a costa de favorecer una más fácil gobernabilidad. Por el contrario, los sistemas proporcionales se acercan más a garantizar una más justa proporcionalidad a costa de provocar una mayor inestabilidad gubernamental. Italia ha venido siendo, en este sentido, un ejemplo paradigmático. Nuestra vecina Francia, como en tantas otras ocasiones, encontró una fórmula bastante sabia y equilibrada, pues ha sabido conjugar una amplia representatividad para, a través de la implantación de una segunda vuelta electoral, favorecer claramente la gobernabilidad.

El sistema español al que dimos vida en la Transición –que puede calificarse de proporcional corregido– ha funcionado relativamente bien en estos últimos cuarenta años, pero no conviene olvidar que en diferentes ocasiones, para alcanzar la mayoría necesaria, tanto el PP como el PSOE han debido contar con el apoyo siempre gravoso de las fuerzas nacionalistas, que han cobrado su apoyo de manera harto perjudicial para la cohesión y necesaria unidad de nuestro país.

Pero no se puede desdeñar al mismo tiempo que nuestro sistema de listas cerradas y bloqueadas –que intencionadamente se propuso entonces para fortalecer la estructura de los partidos todavía muy escasa en aquellas fechas– ha acabado ocasionando un daño irreparable al funcionamiento de nuestra vida democrática y parlamentaria. Hoy, nuestros diputados, por desgracia, no representan en realidad a nadie porque su elección ha sido decidida por el propio partido, debiendo realmente su acta a la designación del grupo oligárquico que domina la estructura del partido y en definitiva a la última y personal voluntad del líder. En feliz frase atribuida al querido profesor Manuel Jiménez de Parga cabe decir que «nuestros diputados han pasado a ser en realidad unos empleados de los partidos, antes que unos verdaderos representantes de la soberanía nacional». Ello está provocando una desafección creciente de los ciudadanos respecto de nuestra clase política. De este modo los dirigentes de cada una de las formaciones políticas suelen actuar con un autoritarismo insufrible respecto de sus propios grupos parlamentarios, a los que se les comunican y se les dictan las decisiones que una reducida camarilla que acompaña al líder ha previamente decidido. Esta situación está ocasionando que el papel de la mayoría de los diputados no esté a la altura de lo que un país moderno y desarrollado precisa. Su actividad se reduce la mayoría de las veces a recibir órdenes y consignas, aplaudir en todas las ocasiones al líder y apretar mansamente el botón electrónico cada vez que se produce la votación correspondiente. Se premia así la fidelidad perruna del diputado y se castiga sin contemplaciones cualquier atisbo de conducta personal que no coincida al cien por cien con las consignas del mando.

De esta manera hemos llegado a la pintoresca e intolerable situación que acabamos de vivir en estos días con dos investiduras fallidas y una absoluta falta de respeto hacia el electorado. ¿Cabe alguna duda de que si los parlamentarios de una y otra formación hubieran tenido en realidad voz y voto habríamos llegado al espectáculo dantesco que hemos presenciado recientemente?

Si en verdad queremos que nuestra democracia no se deteriore del todo es necesario que desde la sociedad civil y los medios de comunicación se urja a los partidos a emprender una reforma electoral que, aunque no pueda complacer a todos, porque ello no sería posible, acabe con el lamentable actual estado de cosas.

El ejemplo francés merecería que fuera objeto de una seria reflexión. Con el sistema francés todos los españoles podríamos elegir a nuestros diputados libremente, sin listas –ni abiertas ni cerradas– sino a través del establecimiento de unas circunscripciones de tamaño reducido –pienso en torno a 100.000 habitantes– donde el conocimiento del candidato en su trabajo parlamentario pudiera ser evaluado con precisión por los componentes de cada colegio electoral. El establecimiento de una segunda vuelta favorecería, a su vez, la aparición finalmente de dos grandes fuerzas parlamentarias que asegurarían mejor la gobernabilidad del país. Recordemos que el general De Gaulle acabó con la inestabilidad de la IV República francesa a través, simplemente, de una inteligente reforma electoral.

Ha sido curioso y altamente preocupante, en este sentido, que en los debates y propuestas que se han cruzado los distintos partidos políticos en estos últimos meses nadie haya querido, de verdad, entrar a fondo en la cuestión. Algunos, tan solo, con enorme estrechez de miras e imprudencia política han pretendido ahondar en la proporcionalidad –porque a ellos les interesa– sin tomar en cuenta las nefastas consecuencias que comportaría para la estabilidad de nuestro país.

El nuevo tablero político surgido de las últimas elecciones exige, a mi juicio, que nos planteemos, de una vez por todas, una profunda y serena reflexión sobre esta trascendental cuestión si no queremos que nuestro país acabe siendo prácticamente ingobernable.

Ignacio Camuñas Solís fue Ministro adjunto para las Relaciones con las Cortes (1977-78).

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