La reforma educativa, un apaño

El día 30 de octubre, el Consejo Escolar del Estado liquidó en una mañana el dictamen sobre anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Tras el abandono del plenario de una parte importante de consejeros, se aprobó un dictamen con recomendaciones de poco calado. Observaciones razonables fueron laminadas. Incluso enmiendas que pretendían recuperar el texto de la LOCE (la anterior ley educativa del PP) fueron rechazadas. El anteproyecto sigue produciendo desencanto en unos, rechazo en otros.

El programa educativo del Partido Popular contenía una gran reforma: hacer que España tuviera un Bachillerato de duración similar al de la mayoría de países europeos. «Promoveremos un Bachillerato de tres años, con el objetivo de mejorar la preparación de los futuros universitarios y elevar el nivel cultural medio de España», dijo Rajoy en su investidura. Sin dar explicación alguna, el Ministerio de Educación sorprende a propios (de su partido) y extraños con una reforma que se reduce a modificar algunos artículos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) del Gobierno socialista, es decir un apaño. No hacían falta tantas alforjas para este viaje. Al abandonar la propuesta de Bachillerato de tres años, el resultado es, a mi entender, un texto con incorrecciones jurídicas, incoherencias y algún que otro despropósito.

Desde el punto de vista jurídico-formal, sorprende que una ley orgánica descienda al nivel de lo que corresponde a un decreto. Por ejemplo, la LOMCE es la primera ley educativa en que se detallan las materias de ESO y Bachillerato curso por curso. Es decir, si más adelante conviene cambiar una asignatura de curso será necesaria una nueva ley orgánica para hacerlo. La definición que el anteproyecto hace del consejo escolar de los centros no concuerda con lo que se deriva del artículo 27 de la Constitución. El redactado de la LOCE era más ajustado al texto constitucional. La ruptura del actual consenso sobre el reparto de competencias curriculares (55/65% el Estado, 45/35% las comunidades autónomas) va a ser fuente de conflictos innecesarios.

El anteproyecto adolece de coherencia. Es incoherente con el programa electoral del partido y de investidura: el abandono del Bachillerato de tres años cuyo objetivo, según Rajoy, era «elevar el nivel cultural medio de España». ¿Ya no interesa elevar este nivel? Se podría, al menos, haber ofrecido una aproximación, pero no ha sido así. El 4º curso de la ESO podría ser un verdadero curso de preparación al Bachillerato o a la FP, pero, aunque en la ley se define este curso como propedéutico, no lo es en la práctica. Primero, por la curiosa combinación de materias que ofrece: p.e., Latín y Física y Química, ¿a qué vía de Bachillerato prepara esta combinación? Segundo, por la prueba de evaluación que se coloca a finales del 4º curso. Si este curso es de preparación, lo mejor es favorecer la continuidad del alumnado y no poner más trabas.

El anteproyecto contiene hasta cinco pruebas de evaluación externa, un número a todas luces exagerado. De las dos evaluaciones de Primaria (una en 3º con efectos académicos y otra en 6º solo diagnóstica) sería más lógico dejar sólo la de 6º y con efectos académicos para asegurar un paso más sólido a la ESO. De las dos que se proponen en la ESO, bastaría con una al término del 3º curso, para orientar al alumnado sobre las vías a seguir a partir de los 15 años. Pero una vez iniciada una vía, es mejor no poner más dificultades y, en todo caso, facilitar el paso de una vía a otra. Esta traba al final de la ESO, que priva del carácter verdaderamente preparatorio al último curso, es también incoherente con el objetivo (del programa electoral y de la propia ley) de rebajar el abandono escolar temprano en España. Bastaría con inspirarse en el modelo francés: allí, la evaluación final del equivalente a nuestra ESO es a los 15 años, luego se inician las diversas vías y ya no hay otra prueba final hasta los 18 años. Eso facilita la continuidad. Francia tiene la mitad de abandono escolar prematuro que España.

En el anteproyecto hay también incoherencias internas. Por un lado, se sustituyen los Programas de Cualificación Profesional Inicial por la Formación Profesional Básica, lo cual es positivo, pero se niega el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio a quienes superen esta Formación Básica. Los ciclos de grado medio se potencian con la inclusión de materias instrumentales como la lengua y se facilita la posibilidad de cursar materias voluntarias que preparen para ciclos superiores. Un acierto que se malogra al no permitir que los alumnos que cursen estas materias puedan acceder directamente a la FP superior: otra traba. ¿Alguien puede creerse que con tantos obstáculos se va a reducir el abandono escolar temprano? Otro elemento positivo es la sustitución de la selectividad por una prueba general de Bachillerato (como sucede en casi todos los países de nuestro entorno). Esto tendría sentido si se eliminara cualquier prueba posterior de acceso a la Universidad. Pues no: se mantiene la posibilidad de que las universidades hagan pruebas específicas. Los alumnos tendrán, en pocas semanas, que examinarse de las asignaturas de segundo de Bachillerato, de la prueba general de Bachillerato y de la prueba de acceso a la Universidad si esta así lo determina.

Finalmente el anteproyecto contiene algún que otro despropósito. Eliminar la Economía como materia obligatoria en el Bachillerato de Ciencias Sociales, ¿tiene alguna explicación que no sea ahorrarse una asignatura? ¿Cómo se va a cursar en segundo Economía de la Empresa sin haber cursado en primero Economía?

Sin embargo, el peor despropósito es el punto 63 del anteproyecto, un mazazo al profesorado. Se establece la polivalencia curricular (una especie de profesor para todo). Y aún peor: los traslados forzosos hasta de localidad. ¡Lo que ahora es una sanción disciplinaria (art. 96 EBEP) se pretende convertir en una medida discrecional de la Administración! Y eso lo propugnan los que en su programa reclaman una profesión docente «que atraiga a los mejores expedientes». Tras los duros recortes de abril, ahora vendrán medidas más duras. Si el precio a pagar por este apaño es una medida tan drástica (e innecesaria) contra el profesorado, la ley va a contar con la hostilidad de los docentes. Y sin un mínimo de complicidad con el profesorado, ninguna ley educativa sale adelante con el tiempo.

Haría bien el Ministerio en escuchar y rectificar. Desde diversos ámbitos, más interesados en la mejora real del sistema educativo que en la trifulca política, se están haciendo sugerencias y propuestas que dotarían el texto de mayor coherencia, lo aproximaría al programa de reformas prometido en la investidura y no perjudicaría al profesorado. El Ministerio tiene la palabra. La pelota, y el futuro de la ley, están en su tejado.

Felipe J. de Vicente Algueró es presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto.

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