La reforma electoral posible… de momento

Hace unas semanas, participando en un seminario donde se analizaba la reforma electoral que se está tramitando en el Parlamento, un prestigioso académico conocedor de estos asuntos decía que las leyes electorales, para ser objeto de reforma, necesitan haber colapsado previamente o que el sistema político haya quebrado. Yo no llego a tanto, pero reconozco que algo de cierto hay en esa afirmación.

El actual debate parlamentario (la reforma superó ayer el trámite de comisión en el Senado sin cambios) es el más intenso que nunca se había hecho sobre nuestro régimen electoral desde la aprobación de la vigente ley de 1985. El resultado será, también, la reforma más importante que se ha aprobado estos años. Sin embargo, en la opinión pública especializada, los medios de comunicación y los partidos políticos minoritarios, la impresión es que se va a desaprovechar una oportunidad para modernizar un modelo electoral que trae causa en normas preconstitucionales y que algunos ven como la última hipoteca que nos dejó el tardofranquismo. Hay elementos del sistema preconstitucionales, pero también es cierto que ello no ha impedido que el resultado de su aplicación durante estos 35 años haya sido francamente positivo.

Para no enredarse con las diferentes posibilidades electorales existentes, hay que decir que, a partir de los dos grandes sistemas electorales -el mayoritario y el proporcional-, las opciones mixtas que han ensayado los países democráticos de nuestro entorno son muy variadas. Por eso, al final se comprueba que decantarse por uno u otro tan solo depende de las circunstancias del país y de la importancia que se les dé a las normas tendentes a compatibilizar representatividad y gobernabilidad.

En España, cuando se habla del sistema electoral es frecuente hacerlo como si no existiese nada más que el proporcional que se utiliza para la elección de los diputados; sin embargo, hay que recordar que, entre otros, también existe un sistema mayoritario de listas abiertas y desbloqueadas para el Senado, aunque eso no suponga mucho cambio a la hora de la elección de unos u otros representantes.

Pero limitémonos al sistema proporcional del Congreso. Es cierto que la proporcionalidad del modelo está corregida. Tanto la designación de la provincia como circunscripción, como la asignación fija de un mínimo de dos diputados a cada una de ellas antes de hacer el reparto en función de la población, cuanto la opción por la fórmula D’Hondt para transformar los votos en escaños, son decisiones -una de carácter constitucional y las otras dos voluntad del legislador-, que se decantan por corregir la proporcionalidad a favor de la gobernabilidad y la estabilidad parlamentaria.

El resultado es que en estos años se ha conformado un mapa político del siguiente tenor: dos grandes partidos, entre dos y cinco partidos de corte nacionalista y, sobreviviendo con dificultad, dos pequeños partidos de ámbito estatal (IU y UPyD). Los dos grandes partidos se han alternado en el poder durante estos años y, cuando no han conseguido mayorías suficientes para gobernar en solitario, se han valido de los apoyos puntuales de los nacionalistas, que han cumplido esa función a cambio de una buena consideración para los intereses políticos de sus territorios.

Hasta ahora esta dinámica ha funcionado razonablemente bien (aunque los ciudadanos que no pertenecen a territorios con partidos nacionalistas se consideren agraviados), puesto que el desarrollo del Estado autonómico hacía que el Gobierno de turno tuviera recursos y posibilidades para satisfacer las necesidades de los partidos nacionalistas que funcionan como bisagra. Ahora bien: ¿qué sucederá cuando desplegado plenamente el Estado de las autonomías no queden transferencias o cantidades económicas que transferir? Cuando suceda que quien esté en condiciones de gobernar no pueda satisfacer las reclamaciones de aquellos que se prestan a ser aliados parlamentarios -por ejemplo, algo que podría suceder cuando CiU exija en Cataluña un modelo de financiación similar al Concierto Vasco para apoyar una investidura en Madrid-, habrán cambiado las condiciones políticas de nuestro país y, como decía al inicio de este artículo, surgirá con fuerza la necesidad de reformar el sistema electoral para que aparezca una fuerza política con capacidad de ser partido bisagra de carácter nacional.

Por eso las reformas electorales, de momento, difícilmente van a cambiar los elementos estructurales del sistema. No lo hacen porque los agentes políticos que han de impulsarlas se sienten conformes con el modelo y la gobernabilidad aún es posible. Si un día los dos grandes partidos se tuvieran que aliar para cerrar el paso a reclamaciones nacionalistas que pusieran en peligro la integridad de España, probablemente se empezaría a pensar cómo hacer para que la alternancia se pueda dar sin que los intereses generales estén en peligro.

Mientras tanto, nos tendremos que conformar con reformas que mejoren el ejercicio del derecho de sufragio, que corrijan prácticas fraudulentas en los empadronamientos o la emisión del voto, que mejoren el procedimiento electoral, que garanticen el derecho de sufragio en las elecciones municipales a los inmigrantes o que limiten los gastos electorales poniendo coto a campañas que parecen empezar el día después de celebradas las últimas elecciones.

Todo lo anterior no es poco. Es de una gran importancia porque afecta al ejercicio de derechos fundamentales y, de paso, perfecciona un régimen electoral reconocido como uno de los mejores de nuestro entorno político.

Por Elviro Aranda Álvarez, profesor de Derecho Constitucional, diputado nacional del Grupo Socialista y miembro de la subcomisión que ha estudiado la reforma electoral.

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