La reforma estructural del sector bancario

En las últimas décadas se han producido avances muy importantes en la mayoría de los países gracias a las reformas estructurales. Muchos sectores han mejorado su funcionamiento: el comercio internacional, los mercados de trabajo, las profesiones liberales, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, los horarios comerciales o los taxis. Y la OCDE nos acaba de recordar que, si queremos aumentar la tasa de crecimiento de la renta per cápita, hay que seguir aplicando reformas estructurales.

Las reformas estructurales del sector privado consisten en quitar protecciones, subsidios y regulaciones que pudieron tener sentido en el pasado pero que hoy retrasan la aplicación de nuevas tecnologías y perjudican a la mayoría de los ciudadanos. Y puede sorprender que en la lista de sectores a reformar no aparezca nunca el sector bancario puesto que actualmente la banca es el sector más protegido e intervenido de todos los sectores económicos. De hecho, no solo no ha avanzado en una mayor competencia, sino que la gran crisis bancaria ha provocado un aumento espectacular de la protección y del intervencionismo del Estado en la banca. En estos años hemos aprobado una regulación que cubre todo tipo de requerimientos: capital, liquidez, colchones anticíclicos, retribución de directivos, etc. Es una legislación muy intrusiva y espectacularmente voluminosa. Tanto la ley Dodd-Frank en Estados Unidos como la Directiva de Capital de la Unión Europea, con sus desarrollos reglamentarios, superan las 10.000 páginas de boletines oficiales. Además, hemos añadido más supervisores públicos y ha aumentado el grado de oligopolio del sector. O sea, que lo que hemos hecho con la banca es más bien una “contrarreforma” estructural.

¿Por qué no se ha liberalizado el sector bancario? ¿Por qué no se aplica una reforma estructural de la banca como se ha hecho con otros sectores? Solo puede explicarse porque el principal problema del vigente sistema monetario es que, lo que hoy utilizamos como dinero, esto es, los depósitos en los bancos privados, es un dinero muy frágil. El dinero de las cuentas corrientes no es “depositado” por los bancos sino arriesgado en préstamos. Mientras esos préstamos tengan resultados positivos no hay problema pero, si no los tienen, aparecen las crisis bancarias con sus monstruosos costes presupuestarios, macroeconómicos, sociales y políticos.

Para intentar evitar el destrozo de las crisis bancarias, los Estados están hoy irremediablemente obligados a proteger a los bancos asegurándoles los depósitos, suministrándoles liquidez cuando la necesiten, inyectando capital si entran en crisis, construyendo sistemas de resolución especiales, no aplicando la legislación de competencia, etc. Sería suicida desproteger y liberalizar la banca ahora. Por ello, cuando los organismos internacionales y los bancos centrales exigen a los Gobiernos acometer reformas estructurales en muchos sectores, ni siquiera se les ocurre recomendar una reforma estructural de la banca para someterla a las reglas del mercado.

Es lógico que las autoridades mantengan esta actitud protectora de los bancos mientras no se sustituya el dinero digital frágil de los bancos privados por un dinero digital seguro. La buena noticia es que esta posibilidad ha empezado a estudiarse. Las nuevas tecnologías hacen técnicamente viable que todos los ciudadanos puedan tener sus cuentas corrientes en el banco central. Y este dinero emitido por el banco central ya no sería frágil porque los bancos centrales, para evitar las crisis del dinero y del sistema de pagos, no necesitarían ninguna de las protecciones que hoy disfrutan los bancos privados. No haría falta que se asegurasen los depósitos, ni que se le prestara liquidez ni, por supuesto, necesitaría inyecciones de capital. Y entonces, al tener un dinero digital seguro, se podría acometer sin miedo la reforma estructural de la banca, desregulándola y liberalizándola como se ha hecho con otros sectores.

El beneficio más importante de contar con un dinero digital seguro es el de la estabilidad, el de que las crisis bancarias pasarían a la historia de la humanidad como las pestes o la viruela. Pero no debemos olvidar este otro beneficio adicional, el de las ganancias de eficiencia, de productividad y de bienestar que se obtendrían porque ya se podría pasar sin miedo de un sector bancario hiperprotegido e hiperregulado a un sistema que funcione bajo las reglas de mercado y de la competencia y en el que la regulación y la supervisión se dediquen sobre todo a proteger a inversores y usuarios. Queda algún tiempo para que se plantee esta reforma estructural. Pero los estudios y debates ya han comenzado, y así empiezan las buenas políticas públicas.

Miguel Á. Fernández Ordóñez fue gobernador del Banco de España.

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