La reforma fiscal y la pobreza

La reforma fiscal dejará 9.000 millones en manos de los contribuyentes” . Mariano Rajoy

Cuando todas las alarmas están advirtiendo del crecimiento de la pobreza en nuestro país (AROPE-Eurostat, ECV-ine), cuando los organismos internacionales están señalando que España es el país de la OCDE donde más crece la desigualdad ( el 10% de la población con menos ingresos dispone del 1,8 % de los recursos mientras que en la media OCDE es de 2,9%), cuando UNICEF alerta de la situación de la infancia en España, con unos 2.300.000 niños (casi el 30%), bajo el umbral de la pobreza, cabe preguntarse cómo se están utilizando las capacidades del Estado para atajar esta insoportable situación.

Evidentemente, la principal causa de pobreza es el desempleo (46%), aunque cada vez más la precariedad laboral y la rebaja salarial aboquen a que tener un empleo no sea garantía para salir de la pobreza (12,3%). Situación favorecida por los cambios introducidos en la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aprobada en Cortes Generales en julio de 2012, que está produciendo verdaderos estragos en las condiciones laborales.

Y agravada por la escasa protección del desempleo. De los 5.622.900 parados (EPA IIT 2014), solamente 2.469.428 recibe algún tipo de prestación (SEPE, agosto 2014) por lo que más de tres millones de personas desempleadas no reciben ningún tipo de protección, de las que algo más de 786.000 tienen cargas familiares. Ante esta situación observamos la macabra paradoja de una disminución de las prestaciones por desempleo en 2014 respecto del mismo mes del 2013 tanto en número de beneficiarios (-11,9%), como en gasto (-19%) y cuantía de prestaciones por desempleo (-4,6%). Cuando, además en 201 se había reducido respecto a 2011 y desaparecido algunos colectivos como el subsidio de 52 a 55 años.

Podemos concluir que la disminución de gasto por desempleo no es debida a que haya disminuido el paro, como justificaba recientemente el ministro Montoro (medido el empleo neto en horas trabajadas, en IIT 2014 se redujo en un 0,7% respecto al 2013), sino que se debe a menos personas protegidas y con una cuantía menor.

Con estos datos se explica con facilidad la caída de las rentas de las familias, el incremento de la pobreza y el aumento de la desigualdad constatado en el último informe de la OCDE. Con esta insoportable realidad, cabría esperar que la reforma fiscal, aprobada por el Gobierno de España, remitida a Cortes Generales, fuera usada como un instrumento para incrementar la capacidad del Estado para aliviar la dramática situación en que se encuentran muchas familias españolas, con la consecuencia inasumible del 30% de los niños españoles bajo el umbral de la pobreza. Más aún cuando el gasto público en España (43%) se sitúa muy por debajo de la media de los países de la UE, cercano al 50%.

Y podríamos calcular cuántos de esos 9.000 millones que van a dejar de ingresar las arcas públicas pasarán a las personas en situación de emergencia económica. Veamos. De esos 9.000 millones, unos 2.600 se los ahorrarán las grandes empresas, corporaciones y multinacionales, consecuencia de la rebaja del tipo de impuesto de sociedades del 30% actual al 28 % en 2015 y al 25% en 2016 (según informe enviado por el Gobierno a la Comisión Europea).

El resto será ahorro del IRPF, del que más de la mitad irá a los bolsillos de los contribuyentes con rentas de más de 60.000 euros al año (suponen el 3,5% de los contribuyentes), consecuencia de la reducción de tramos y de la rebaja de 7 puntos en los tipos de interés.

¿Y las rentas bajas, cuánto se benefician? Las rentas de menos de 12.000 euros no cotizan IRPF. Luego no reciben un solo euro de estas rebajas fiscales del verano para ricos. Y las clases medias, quienes soportan la mayor parte del peso fiscal se quedarán más menos, en similar situación.

En resumen, en términos de distribución en 10 tramos (deciles) de contribuyentes: los 4 tramos de rentas más bajas, que suponen casi el 40% (39,79%), no se benefician de esta rebaja pero resultan perjudicados por el recorte de las prestaciones. En cambio, los 3 tramos (deciles) más altos, que suponen el 3,5% de los contribuyentes son los que dejan de pagar los impuestos y se benefician aproximadamente de 3.000 millones.

Ya sabemos a quién beneficia esta reforma y podemos también deducir con facilidad a quién perjudica. Con carácter general, al Estado y a su capacidad de operar como garante de derechos y proveedor de servicios públicos, como instrumento de redistribución de la riqueza. Y, con carácter más particular, se produce un deterioro del Estado de bienestar y es menor la atención a las nuevas necesidades sociales como el caso de los parados sin protección y la pobreza infantil.

Pero, para mayor escarnio, los impuestos indirectos (IVA), especialmente) se mantienen en los niveles de las subidas ya aplicadas por el actual Gobierno, lo que encareció el coste de la vida incluidos productos básicos. Y que afectan a todos los ciudadanos residentes en España por igual. Situación insoportable y de una gravísima injusticia social, que para el PSOE resulta indecente, por lo que presentamos una iniciativa viable de prestaciones a parados con cargas familiares y nos opondremos radicalmente a esta reforma fiscal.

Podemos concluir, en definitiva, que estamos asistiendo a una transferencia de rentas de los niveles más bajos de ingresos a los más altos. Una especie de Robin Hood inverso.

María Luisa Carcedo es secretaria de Bienestar Social del PSOE.

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