La reforma laboral, clave de la recuperación

Los datos son elocuentes y esperanzadores. La economía española ha dejado ya atrás el punto de inflexión de la crisis y vuelve a crecer en un entorno de estabilidad de precios, clave para seguir afianzando su competitividad. Lo confirma el último dato de la evolución trimestral del PIB, 0,2% en el cuarto trimestre de 2013, y todo indica que lo hará de nuevo en el presente ejercicio, en tasas que se situarán alrededor del 1%.

También apuntan al éxito en el ajuste macroeconómico de nuestra economía un numeroso conjunto de indicadores. Así, se ha pasado de contar con un déficit por cuenta corriente superior al 10% del PIB, a un superávit de más de 7.000 millones de euros en 2013, particularmente impulsado por las exportaciones españolas. Por si fuera poco, frente a la salida de capitales de 2012, la cuenta financiera pone de manifiesto una clara recuperación de la inversión extranjera en 2013 y la prima de riesgo continúa una senda de paulatina reducción, desde los máximos de 650 puntos básicos en julio del año pasado a las actuales cifras por debajo de los 200 puntos, consecuencia de la mejoría del rating que ya han comenzado a reconocer algunas de las principales agencias de calificación.

Por último, los recientes datos correspondientes al mes de febrero muestran un descenso del paro registrado de 55.300 personas en términos desestacionalizados, y un incremento de afiliados a la Seguridad Social de más de 38.600 respecto al mes anterior, las mejores cifras desde que comenzó la crisis, y que como se ha dicho desde diversas instancias, apuntan un cambio de tendencia en el mercado de trabajo.

No cabe duda de que la situación ha mejorado notablemente. Sin embargo, queda aún un importante camino por recorrer, como demuestra la tasa de paro a la que se sigue enfrentando el mercado de trabajo, que pone de manifiesto la necesidad de no decaer en la senda reformista que apuntalen la consolidación de lo que se ha iniciado este año. Y en economía todos los efectos tienen su causa. La mejora de la situación económica que se refleja en los indicadores ha sido fruto, en gran medida, de las reformas llevadas a cabo, entre las que destacan la reforma laboral, la financiera y la de las cuentas públicas.

Dentro de este conjunto de reformas, la flexibilización del mercado laboral, que había sido reclamada en numerosas ocasiones por los principales organismos económicos, ha sido la mejor percibida internacionalmente. Ante el complejo entorno económico al que se enfrentaba la economía española, se impulsó en febrero de 2012 una profunda reforma de la legislación laboral, en un intento por dotar a las empresas de mecanismos que permitan adaptarse a los cambios del mercado de manera flexible y eficiente, para impulsar su competitividad y para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo. La reforma estableció además un conjunto de herramientas orientadas a minimizar el impacto social de la crisis, aportando fórmulas alternativas a la extinción de contratos que permitan a las empresas ajustar su estructura con una menor destrucción de empleo. Y todo ello sin introducir un mayor grado de discrecionalidad en favor de las empresas, pese a lo afirmado por sus principales críticos, ya que la reforma establece un detallado marco sustantivo, procedimental y documental para proteger a los trabajadores y evitar el abuso de la norma. De esta manera, la reforma laboral ha contribuido a frenar la sangría que ha supuesto en el mercado de trabajo la destrucción de más de 3,7 millones de puestos de trabajo netos desde finales de 2007, facilitando la mejoría en los últimos datos de empleo.

Ahora bien, la reforma necesita de tiempo para asentarse y darse a conocer. Debe desplegar en estos momentos todos los mecanismos que contiene para evitar destruir empleo y acudir a la flexibilidad interna en situaciones de crisis empresarial, como ha sido costumbre entre las empresas europeas en los años pasados. La responsabilidad de los agentes sociales -sobradamente demostrada con los acuerdos de moderación salarial iniciados hace dos años- y una aplicación razonable y prudente de las medidas que la nueva normativa contiene, deben ser los ejes de futuro para que predomine esa nueva cultura del empleo, más cooperadora, menos de confrontación.

En este sentido, cabe destacar como ejemplo que en los últimos meses van disminuyendo el número y el alcance de los procesos de reestructuración, y en la evolución de los Informes Técnicos -absolutamente imprescindibles para la gestión correcta de estos procedimientos- se pone también de manifiesto la mejora de la situación económica. En una primera etapa los expedientes se fundamentaban principalmente en causas económicas, como son la caída persistente de la cifra de negocio y la existencia de pérdidas. Sin embargo, en los procesos de reestructuración más recientes comienzan a tener mayor relevancia las causas productivas y organizativas, bien debidas a cambios en la demanda de los productos y servicios que la empresa vende en el mercado, o bien a operaciones de fusión o integración, buscando la consecución de empresas más eficientes y capaces de competir tanto dentro como fuera de España. De ahí que las medidas que comienzan a pactarse con los interlocutores sociales tengan el objetivo, en todo caso, de que la empresa pueda apoyarse sobre bases sanas que le permitan conseguir un crecimiento sólido y sostenido, y volver a crear empleo en el menor plazo posible. Menos medidas extintivas y más modificativas.

En fin, todavía habrá que hacer nuevas propuestas para mejorar nuestro mercado laboral, y no decaer en la tarea que queda por delante, con reformas innovadoras que incentiven directamente la creación de empleo (magnífico ejemplo de ello es la recientemente aprobada «tarifa plana» para los nuevos contratos indefinidos, sin pérdida de prestaciones para los empleados), pero los pilares están puestos y habrá que terminar de construir un mercado de trabajo más eficiente, en la que tengan cabida todos los que quieran trabajar. La evaluación de los efectos de lo ya aprobado nos irá marcando las pautas, pero la tarea es de todos, los que directa o indirectamente participan en el progreso económico y social de nuestro país.

Iñigo Sagardoy es presidente de Sagardoy Abogados y Francisco Piedras es socio director de Equipo Económico.

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