Además de ratificar las condiciones del rescate bancario de España, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE “decidían” establecer la Unión Bancaria para finales de 2012, permitir la recapitalización directa de la banca y compensar las políticas de austeridad que había que mantener (como si fuera bueno en economía hacer una cosa y su contraria) con un Plan de Crecimiento y Empleo al que, decían, se iban a destinar 120.000 millones de euros.
¿Qué fue de estos acuerdos? Las condiciones del rescate bancario las padecimos en el plan de ajuste del Gobierno de Rajoy de julio de 2012. Todo lo demás está incumplido o lleva camino de incumplirse. El Gobierno alemán aceptó a regañadientes la Unión Bancaria (UB) y la recapitalización directa de los bancos por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). En la próxima cumbre tampoco habrá UB. La recapitalización directa ya no alcanzará a España. Ya no es posible un gobierno económico de Europa sin reformar el Tratado de Lisboa. El Fiscal Compact no es otra cosa que un instrumento para arrebatar la soberanía nacional en materia presupuestaria a los Estados deudores mediante procedimientos no democráticos.
Lo peor es lo sucedido con el Plan por el Crecimiento y Empleo. Su formulación era ya engañosa porque de los 120.000 millones anunciados, solo 10.000 (recapitalización del BEI) eran nuevos. Los demás, puro artificio contable. La partida principal de 55.000 millones provenía de los fondos estructurales y de cohesión no utilizados. ¿Qué se puede decir de unos gobernantes que en medio de la crisis ni siquiera utilizan los escasos recursos que disponen para la inversión? Aun así, nada del plan se ha cumplido un año después, y ahora nos quieren volver a vender una pequeña parte —6.000 millones— para el plan de jóvenes.
Los resultados de las políticas de austeridad están a la vista: la UE de nuevo en recesión; el desempleo ha subido hasta los 26,5 millones (12% en la zona euro, 27% en España y Grecia); la tasa de paro juvenil es del 24% (56% en España y 62% en Grecia); la pobreza y la desigualdad han aumentado fuertemente; se han reducido notablemente las prestaciones sociales y recortado los derechos sociales y laborales; los convenios de la OIT y la Carta de Derechos Fundamentales han sido vulnerados; los servicios públicos se han deteriorado. A los Estados endeudados se les receta ganar competitividad mediante una fuerte devaluación interna de los costes salariales al tiempo que se recortan los gastos en educación y en I+D+I.
Las consecuencias políticas son evidentes: hoy las instituciones de la UE y las de bastantes Estados están deslegitimadas para una mayoría de la ciudadanía. En España hemos pasado en cinco años de un apoyo a la UE del 70% a una desconfianza del 70%. El mal gobierno promueve el euroescepticismo, el nacionalismo, incluido el de extrema derecha, la xenofobia, la antipolítica y la ruptura de la cohesión social en el interior de los Estados miembros.
La UE no es viable si no se reparan cuatro fracturas básicas: la del Contrato Social de la posguerra; la divergencia económica promovida por una moneda común sin gobierno económico; la de la confianza de los ciudadanos en un proyecto común y la de la solidaridad entre los pueblos y los Estados europeos.
Lo primero es volver al crecimiento y la creación de empleo con un potente plan de inversiones que ayude a levantarse a las hundidas economías del Sur. La CES pide un monto anual de entre el 1% y el 2% del PIB. La DGB alemana propone un “nuevo Plan Marshall”, de un 2% del PIB anual, a través de un Fondo Europeo de Inversiones, financiado por el impuesto a las transacciones financieras y en los mercados con la garantía del BCE. El segundo requisito es asegurar la financiación de los Estados y las pymes, con tipos de interés homogéneos, a través de la emisión de eurobonos y de los préstamos del BEI. La tercera herramienta: una política fiscal europea que elimine el dumping fiscal y el fraude, armonice los impuestos y garantice a los Estados y a la UE los recursos suficientes. Es intolerable que dos tercios de los 14 billones de euros de los paraísos fiscales se escondan en jurisdicciones europeas. ¿Qué han hecho hasta ahora los Gobiernos y la UE para acabar con los refugios de los defraudadores fiscales y de la criminalidad organizada? Si la gente rica y las empresas cumplieran sus obligaciones fiscales no habría déficits públicos.
Hay que enfrentarse a la crisis económica y política con más Europa. Con un nuevo proyecto ambicioso y coherente que sea capaz de promover la confianza de la ciudadanía. Los actuales Tratados no permiten que haya un Tesoro europeo, ni que el BCE tenga las funciones de la FED. Tampoco, anclar en ellos un sólido pilar social.
Estas son las líneas de una “refundación política de Europa” hacia una Europa federal. Requeriría un proceso constituyente, una nueva Convención ampliamente democrática en la que participaran también las organizaciones representativas del trabajo y de la sociedad, porque lo que lleva a la destrucción de la UE es la insoportable levedad e ineficiencia de la política que nos ofrecen, cumbre tras cumbre.
Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CC OO y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).