La regeneración empieza por uno mismo: el CIS de Tezanos y otras historias de instituciones

Es de suponer que la regeneración democrática anunciada por el presidente del Gobierno tendrá que esperar a que pasen las elecciones europeas o, incluso, a que se forme el nuevo Gobierno catalán. Lo que es seguro es que no va a afectar a uno de los problemas clave en este ámbito: el de la ocupación partitocrática de las instituciones públicas, algo que sería muy sencillo de resolver desde el propio Gobierno sin necesidad de cambiar ni una coma de una ley. Bastaría con que los partidos políticos, empezando por el PSOE, renunciasen voluntariamente al tradicional reparto por cromos de todas y cada una de las instituciones de este país, y pusieran al frente -preferiblemente con un concurso abierto y competitivo por delante- a profesionales independientes y respetados en el sector. Lo mismo podría hacerse a nivel autonómico. Dicho de otra forma, bastaría con que pusieran en práctica los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso al sector público. Fácil, ¿no?

La regeneración empieza por uno mismo: el CIS de Tezanos y otras historias de instituciones
SEAN MACKAOUI

Pues se ve que no. Los problemas institucionales no figuran en la famosa carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Es más, cuando en una entrevista concedida al periódico El País se le preguntó si, en el marco de esa futura regeneración democrática, contemplaba la posibilidad de sustituir al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y frenar la deriva poco profesional y poco independiente de este organismo público, la contestación fue muy ilustrativa. José Félix Tezanos es un magnífico profesional. Podía haber añadido que es un magnífico profesional al servicio del PSOE y todo habría quedado más claro.

En definitiva, la regeneración de las instituciones públicas ni está ni se la espera. Por tanto, todos tendremos que seguir esperando a una auténtica dirección pública profesional: los ciudadanos que se quejan, con razón, del sesgo de las encuestas electorales de un CIS presidido por un ex miembro de la Ejecutiva del PSOE; los periodistas y políticos que hablan, con razón, del "CIS de Tezanos"; los analistas independientes que ponen de relieve una y otra vez los constantes errores de sesgo en sus encuestas electorales -por cierto, siempre en la misma dirección, sobrevalorando al PSOE en particular y a la izquierda en general, e infravalorando al PP en particular y a la derecha en general-; y también los profesionales y analistas que trabajan en el CIS. Estamos hablando de una institución pública pagada con el dinero de todos los contribuyentes y puesta al servicio descaradamente del partido en el Gobierno.

Por desgraciada, el CIS de Tezanos es sólo un ejemplo -ni siquiera demasiado extremo, aunque sí muy vistoso- de una mala praxis absolutamente extendida en nuestro sector público: la de considerar que los puestos directivos de las entidades públicas estatales son un botín a repartir entre los afines. Ya se trate de entidades públicas empresariales, empresas de la SEPI, empresas participadas por el Estado o entes públicos de cualquier tipo y condición (incluidos los de garantía o control), el político de turno parte de la premisa de que están a su disposición para premiar fidelidades políticas, devolver favores personales o, sencillamente, colocar a amigos y familiares. En este sentido, la democracia no ha traído en todos estos años un verdadero cambio de esta cultura política profundamente clientelar, que lleva vigente en España desde los tiempos de Pérez Galdós y que es capaz de subsistir a cualquier cambio de régimen. Cultura política que no es en absoluto la dominante en otros países de nuestro entorno comparables en cuanto a población y PIB. Tampoco en el marco de la Unión Europea ni en el de la OCDE.

La razón es muy sencilla: para presidir este tipo de entidades públicas, con sueldos muy superiores a los del presidente del Gobierno y sus ministros, no hace falta absolutamente nada. O, para ser más exactos, sólo es preciso tener los contactos adecuados. Es decir, no se requiere ser funcionario (como sí se exige para muchos altos cargos de la Administración, aunque cada vez las excepciones sean más numerosas), ni tampoco hace falta reunir determinados requisitos de mérito y capacidad, tales como una determinada formación, experiencia en la materia, experiencia en la gestión de entidades de similar complejidad en cuanto a presupuesto y recursos humanos, etc. Hay excepciones en las que las normas sí establecen algún tipo de requisito objetivo (por ejemplo, en Autoridades Independientes), pero en demasiadas ocasiones ocurre que, cuando hay requisitos establecidos, se interpretan de una manera muy laxa. La realidad es que a este tipo de puestos directivos puede llegar cualquiera, literalmente.

De ahí que las entidades públicas sean especialmente atractivas para la colocación de aquellos que se han portado bien con el partido o con su líder, como le oí hace muchos años al responsable de uno de nuestros grandes partidos. En qué consiste ese portarse bien ya lo podemos dejar a la imaginación de los lectores. Lo que es seguro es que portarse bien con el partido puede consistir precisamente en portarse mal con los ciudadanos, especialmente si se utilizan los puestos y las funciones públicas para hacer favores a un partido determinado.

Todo esto, como hemos indicado, se acabaría si realmente hubiera voluntad de regeneración democrática en algo que afecta a todos los ciudadanos, como es el buen funcionamiento de las instituciones, en particular de las de control y contrapeso, aunque también todas y cada una de ellas. No olvidemos que si se ha decidido en algún momento que formen parte del sector público es porque se han identificado determinados fines de interés general que así lo justifican, ya se trate de actividades prestacionales, de entrega de bienes públicos, de servicios al mercado, de regulación de un sector... Lo que no tiene sentido es que la defensa de lo público no conlleve unos niveles mínimos de exigencia para dirigir entidades que forman parte del sector público. Es el mundo al revés: ninguna entidad privada, y no digamos ya las del tamaño y relevancia de Renfe, Adif, Correos, Isdefe, Paradores o la Agencia Efe, selecciona a sus máximos directivos con tan poca profesionalidad y tan poca transparencia, es decir, sin atender a los principios constitucionales de mérito y capacidad.

Para llamar la atención sobre esta anomalía, la Fundación Hay Derecho, de la que soy secretaria general, presentará mañana su nuevo estudio sobre el mérito y capacidad de las principales entidades del sector público estatal. Nos parece que si -como señaló Felipe González en su entrevista en El Hormiguero- la sociedad española está, al menos en cuanto a experiencia y preparación profesional, por encima del nivel de su clase política, lo menos que debemos exigir es una profesionalización de la dirección de nuestras entidades públicas. Entre otras cosas, para que cesen de ocurrir episodios tan lamentables como nombrar a un personaje del perfil de Koldo García consejero de una empresa pública como Renfe Mercancías. Sería un cambio que no solo no costaría dinero ni precisaría largas reformas normativas, sino que tendría un impacto muy positivo desde el punto de vista de la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos y de las instituciones. Y de forma muy inmediata, además.

En suma, habría que poner en marcha de una vez procesos públicos abiertos y competitivos para seleccionar a los mejores directivos públicos. Es cierto que todos los procesos de este tipo iniciados hasta ahora han fracasado por las constantes injerencias de los políticos, como ha ocurrido en el caso de RTVE, que merece un estudio aparte, o el caso de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la que directamente los partidos políticos decidieron los nombramientos con el tradicional reparto de cromos y después montaron un procedimiento ad hoc para elegir a los ya elegidos, paripé que acabó anulado por el Tribunal Supremo. Por cierto, que la presidenta de la AEPD sigue en funciones cuando su mandato acabó hace cinco años (igual que el Consejo General del Poder Judicial), y no parece que haya renovación a la vista.

Es cierto que también hay casos, si bien excepcionales, de buenas prácticas: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es uno de ellos; y el Banco de España, otro. Pero son islas en un mar de clientelismo, y no podemos estar nunca seguros de que no queden sumergidas si sube la marea.

La voluntad auténtica de regeneración, tanto en el ámbito privado como en el público, es muy fácilmente detectable: si existe, se empieza por lo fácil, por lo rápido y por uno mismo.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho.

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