La regeneración pendiente. La refundación necesaria

Estamos atrapados, esta es la mejor expresión para definir la situación, ante una cruda y amarga realidad. Nos hallamos ante una grave y profundísima crisis, sin que puedan servirnos de acomodaticio consuelo o de facilona excusa las paralelas dificultades de quienes nos rodean, ya provengan de un continente europeo afligido y empecinado en asemejarse al desasosegante rapto de la diosa Europa representada por los pinceles de Tiziano Vecellio y Pedro Pablo Rubens, ya de las hasta hace poco fertilísimas tierras de la envidiada América del Norte. Somos nosotros, y no los de fuera, sin que ello implique desconocer un contexto macluhiano cada vez más globalizado y la perentoriedad de adoptar medidas conjuntas para afrontar problemas trasnacionales, los futuros comprometidos ciudadanos de esta España constitucional, los que, impulsados por una regenerada clase política, y desde el renovado respeto a las instituciones, tenemos que sentar las bases para salir de tan adversa encrucijada. España es un país viejo, complejo y difícil de gobernar —como también lo son los países de nuestro entorno—, pero es una obligación cívica como ciudadanos, ¡el título más bello de todos!, y la obligación ética por excelencia de quienes nos gobiernan, de, como en la aventura del indómito Odiseo, poner rumbo, sorteando los ya más que acechantes peligros, a la añorada serenidad de ánimo y a la estabilidad social, política y económica. Los españoles llevamos mucho tiempo, quizá demasiado, escuchando interesadamente indecentes cantos de sirena, así que tendremos, como los pueblos que merecen la pena, que atarnos al palo del mástil mayor, tensar las velas, aferrar el timón y fijar el rumbo que nos conduzca a la anhelada Ítaca. Pero, para alcanzarla, los capitanes y tenientes de navío, y la tripulación de toda condición y clase, habremos de abordar honestamente los serios problemas existentes. La crisis no es de perfiles solo económicos, sino muchísimo más profunda. Está vinculada

a la pérdida de los referentes morales y de los valores éticos en una sociedad consumista, opulenta y autocomplaciente.

Hace treinta y cinco años los españoles, los de aquí y los de allí, los de un bando como los de otro, decidimos, de forma consciente y libre, que quede claro ante alguna falsaria tergiversación histórica, cerrar las heridas de una fratricida guerra civil, desmantelar las caducas estructuras de un régimen dictatorial e impulsar un orteguiano proyecto de vida en común. En esto consistió la Transición política y su más relevante síntesis jurídico-política: la vigente Constitución de 1978. Una Constitución, por primera vez en una azarada y convulsa historia, de todos y para todos los españoles, que pretendía poner fin a las sectarias políticas de bandería y de facción de épocas pasadas. Bajo ella, como recuerda bien Don Juan Carlos, el mejor de los patronos posibles, los españoles hemos alcanzado los más altos niveles de prosperidad y de convivencia en paz y en libertad de la moderna historia de España. Sin embargo, los últimos años no han sido precisamente, haciendo un juego de palabras con el título de la obra de Stefan Zweig, uno de nuestros momentos estelares. La irresponsable apertura de heridas que pensábamos estaban definitivamente cicatrizadas, la diletancia de una ciudadanía adormecida y sin compromiso con su res publica, el nefasto sectarismo y el pusilánime arbitrismo, con dirigentes más dedicados a la destrucción schmittiana del que no es de los suyos que en la forja de la casa común, al hilo de políticas endogámicas que no interesan más que a quienes las azuzan, y la indiferencia de parte de la intelligentsia, nos impelen a un proceso de regeneración y refundación sin iguales. Una acción que ha de ser concertada entre la ciudadanía y su clase política, pues no olvidemos que tales procesos se auspician indefectiblemente desde arriba; y aquí el iniciático viaje no será siempre, como en los poemas de Constantino Kavafis, enriquecedor, pero ya cabe su posposición. Veamos, pues, las posibles líneas de actuación.

En primer lugar, un regreso a los valores de esfuerzo, trabajo, compromiso y sacrificio. Solo desde esta catarsis axiológica es posible la regeneración refundacional. Una honda e intensa renovación que, y siento muchísimo expresarlo, no atisbo aún en la sociedad española, anestesiada, retraída y pusilánime. Una circunstancia nada sorprendente cuando llevamos demasiados años autoengañándonos, mientras escuchamos los indignos cantos de sirena de parte de una clase gobernante que solo le susurra al oído la intangibilidad de los derechos y exigencias, pero que oye muy poco de deberes y obligaciones. Ello explica la aletargante queja impenitente y la exculpatoria creencia de cualquier responsabilidad propia. Rectificando la boutade benaventiana, no es posible vivir solo con formas, si no no coexisten los irrenunciables principios y valores.

Acto seguido, este país requiere de la suscripción de generosas y estratégicas políticas de Estado entre nuestras formaciones políticas, o al menos entre los dos principales partidos, tal y como disfrutan los países bien vertebrados en aquellas materias de especialísima significación: modelo territorial, terrorismo, relaciones internacionales, educación, sanidad… Y, en el contexto actual, especialmente en el ámbito económico, donde los Pactos de la Moncloa de 1977 son un excelente precedente, por más que, mucho me temo, no atisbamos ni la competencia ni la generosidad de entonces. Aunque, obvio es decirlo, ese gran pacto social no puede ser cínicamente previo a los ya convocados comicios generales, sino tras los resultados electorales. Hay que cerrar por tanto los irresponsables experimentos ligados al instante puntual y poner término a políticas excluyentes construidas sobre la malhadada discordia y el suicida frentismo, y volver a realistas acciones de consenso y convergencia en asuntos capitales. Unas materias que los ciudadanos estamos cansados se sometan frívola y periódicamente a pública subasta por un puñado de votos.

Y, finalmente, hay que regenerar las instituciones, que no pueden ser una correa de transmisión de los partidos políticos, donde una nefasta partitocracia ha asaltado literalmente los órganos del Estado. Los ciudadanos y su clase política han de respetar las instituciones, al tiempo que estas tienen correlativamente que hacerse respetar. En un Estado democrático no basta con la primigenia legitimidad de origen, sino también con la de ejercicio. Y aquí los excesos y disfunciones son claramente visibles: un Congreso de los Diputados que no consigue ejercer el debido control del Ejecutivo de turno; un Senado que no ha logrado ser, de conformidad con el mandato constitucional (artículo 69. 1), la Cámara de representación territorial, pero que envía mensajes contradictorios a la ciudadanía, como a través del uso de las distintas lenguas, convertido en una dispersa Torre de Babel, cuando debería ser el órgano de integración política de los distintos territorios; un Tribunal Constitucional que debe acomodar su función al enjuiciamiento de la constitucionalidad, pero sin entrar a valorar, pues esta es competencia de los órganos judiciales ordinarios, los asuntos de mera legalidad, obligado asimismo a resolver, en tiempo y forma, nuestros trascendentales problemas de articulación territorial; y un Consejo General del Poder Judicial que habrá de redefinir su naturaleza, mientras se pone fin a la peor descalificación posible de lo que es la impartición de la justicia: la división antagónica de sus integrantes entre «progresistas» y «conservadores». Si hay algo que no puede tener ideología, pues se asienta en la noción de independencia, es la justicia. Ni tampoco son aceptables la lentitud —con más de tres millones de asuntos pendientes— y la inseguridad jurídica de algunas resoluciones. Nada es más importante que fortalecer, pero de verdad, y al margen de espurias rentabilidades políticas, un Poder Judicial independiente y sometido únicamente al imperio de la ley y el Derecho. De no ser así, nos haremos acreedores a su juicio más despiadado: el Poder Judicial como el poder, en palabras de Montesquieu, más terrible entre los hombres.

Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

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