Tomo prestado el título de la novela de Carlos Fuentes, ese gran habitante del territorio de La Mancha, según definición propia, porque en Castilla-La Mancha queremos seguir impulsando la transparencia.
Por eso, presentaremos en las Cortes una Ley de Transparencia y Buen Gobierno que complemente las prácticas que ya nos hemos impuesto hace algunos años.
Pero merecen la pena algunas reflexiones que enmarcan este propósito. El vocablo transparencia, que no formaba parte del lenguaje político tradicional, se ha convertido en un concepto de uso frecuente. Su evocación positiva es evidente. Sin embargo, su manejo abusivo conlleva el riesgo de banalización, sin incidencia política y administrativa. Conviene, pues, ubicarlo en su específica historia para mantener su sentido originario.
Si vinculamos transparencia a la elemental idea de pulcritud y publicidad en el uso del poder, habría que señalar que la democracia estadounidense fue pionera en librar de reservas y secretos a los actos de gobierno. En esa línea ha habido retrocesos y avances, como muestra que Obama restableciera la publicidad de la agenda presidencial que Carter había implantado y que Bush escamoteó. En España, estos días hemos leído que la Casa Real ha comenzado a hacer pública la agenda.
La experiencia de Gorbachov revela la fuerza subversiva que la transparencia tiene frente a los poderes que necesitan la oscuridad. El presidente de la URSS puso de moda la glasnot, cuya traducción se corresponde con transparencia y publicidad; y, si bien no culminó con éxito su proyecto democratizador (la famosa perestroika), su glasnot operó como un poderoso disolvente de aquella dictadura. Los dictadores, como el príncipe de las tinieblas, no aguantan la luz del día.
El derecho a la transparencia se vincula a la calidad de la democracia y a la lucha contra la corrupción. Pero, que ésta haga buena pareja con las dictaduras no libra de su influjo a la propia democracia.
No resulta extraño que la ONG Transparencia Internacional tenga, entre sus actividades más reseñables, la elaboración de Índices de transparencia en sus informes sobre la corrupción, en los que destaca la correlación existente entre ésta y la baja calidad democrática de las instituciones, incluidos los partidos políticos.
La falta de publicidad, el oscurantismo, favorecen las conexiones ilícitas en las que prolifera la corrupción. La falta de participación ciudadana, privada de información útil y saturada de eslóganes, favorece el enquistamiento de los grupos de poder y las redes clientelares en las que se agotan los impulsos democratizadores.
Por eso, alarma que una Audiencia pueda condenar a periodistas por informar verazmente sobre datos que no deben ni pueden ampararse en el secreto; datos que revelan cómo la corrupción compromete la democracia cuando en los partidos se forman quistes malignos insertos en el funcionamiento de las instituciones.
Desde ámbitos doctrinales, en un afán de entronizar la transparencia frente a las deficiencias del sistema democrático, se ha llegado a proponer que el gobierno y la administración que éste dirige se conviertan en una casa de cristal. La metáfora tiene su fuerza: todo ha de estar a la vista de la ciudadanía. Quizá en el alcance de la propuesta radique también su debilidad. Por una parte, porque puede quedar afectada por el síndrome del licenciado Vidrieras, que, salvo dictar juicios sobre todo, no hacía nada por temor a romperse; y, por otra, porque no se puede encontrar en la transparencia el bálsamo de Fierabrás, sanador de todas y cada una de las patologías de nuestro sistema democrático.
Por esa senda totalizadora caminaríamos al mismo tiempo por todas direcciones y no llegaríamos, quizás, a ninguna parte. La clave es buscar, a través de la práctica de la transparencia, una conexión del gobierno con la ciudadanía a cuyos intereses sirve y cuya participación ha de promover para hacerlos realidad. Sólo es posible el todo por el pueblo si se logra contar con el pueblo. El despotismo nunca es ilustrado.
De la metáfora de la casa de cristal tomaría un aspecto que poco destaca su doctrina: la transparencia de esas paredes vidriadas no sólo permiten que te vean, sino que también permiten ver desde dentro lo que sucede fuera de los despachos del poder y las oficinas administrativas. Si la voluntad es de servicio público, la transparencia ayuda a poner en práctica el principio de la cercanía entre gobernantes y gobernados.
Sin transparencia y sin cercanía no hubiéramos podido gobernar en Castilla-La Mancha desde 1983, porque, entre otras cosas, nunca ejercemos el gobierno desde el sectarismo político o ideológico, sino desde el estricto criterio de servicio a los intereses de la Comunidad.
Los castellano-manchegos saben que, en medio de una crisis financiera y económica, lo que más se necesita es un gobierno que no sea sectario, que se enfrente a una realidad tan dura que tiene fuerza para disolver los lazos que dan cohesión social a una comunidad.
Cuando se creó Transparencia Internacional, en mayo de 1993, en Castilla-La Mancha aprobamos la Ley de Transparencia y Control de los Intereses Privados de los Gestores Públicos. Su aplicación significó que los políticos de la Junta pasaban a tener los bolsillos de cristal. Si hubiera de hacerse un balance de aquella medida legislativa, bien puede concluirse que el hecho de que ningún alto cargo del Gobierno haya incurrido en prácticas corruptas no puede ser ajeno a ese acierto normativo y a su aplicación. Es más, tengo para mí, que si en el PP de Castilla-La Mancha están más libres de las tramas corruptas que implican a sus correligionarios de Madrid, Valencia o Baleares es también debido a ese clima que desde el Gobierno y desde la Ley hemos creado frente a la opacidad.
Entonces acertamos a concretar un aspecto donde la transparencia resultaba clave. Ahora valoramos esas virtudes que nos sitúan como la Administración autonómica más transparente: casi todas las decisiones políticas se hacen sobre la base del diálogo social; hacemos públicos todos los planes, las subvenciones y sus beneficiarios, y el contenido de las actas y acuerdos adoptados por las comisiones de ordenación del territorio y urbanismo; rendimos cuentas del grado de ejecución de nuestro presupuesto; los ciudadanos participan en las evaluaciones de impacto ambiental, y todos los altos cargos estamos sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades y hacemos pública nuestra declaración de bienes, rentas y actividades.
Sin duda, la transparencia contribuye a un mejor gobierno y a una administración más eficaz de los intereses públicos. El aspecto esencial de la transparencia es la información. Estamos en un tiempo marcado por una crisis cuya dimensión financiera hace complejo el diagnóstico y el tratamiento, y también la información económica y política. En la convulsión de una economía cuarteada, en la que se agudizan todas las dificultades sociales, se acrecientan también déficits de las instituciones democráticas que se basan en el principio de igualdad de todos los ciudadanos. La información ha de comprometer también a las entidades financieras y no sólo a los poderes públicos, como ha señalado el gobernador del Banco de España.
La transparencia es «el flujo de información de carácter económico, social y político accesible a todos los ciudadanos, para que evalúen lo que les aportan las instituciones y puedan fundar su propia opinión política», como ha escrito Manuel Villoria.
Me inquieta que la información veraz sobre la crisis económica se difumine en el alarmismo interesado de la oposición que juega al cuanto peor, mejor.
El Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió: «Una participación significativa en los procesos democráticos requiere de participantes informados»; salir de la crisis requerirá no sólo la acción decidida y clarificadora de los gobiernos, sino también la de ciudadanos bien informados, no alarmados, no traumatizados por las dificultades.
La clave de la transparencia hoy es satisfacer la necesidad de información útil sobre la crisis y las instituciones públicas y privadas que operan sobre ella para hacerla comprensible a la opinión ciudadana; de este modo, puede lograrse la participación cívica necesaria para superarla.
Reconocer la auténtica dimensión de la crisis es imprescindible; pero ahora ya no basta. En mi ámbito de responsabilidad promuevo la elaboración de una Ley de Transparencia y Buen Gobierno que pretende plasmar las claves actuales que unen ese principio con el impulso democrático que nos exige la lucha contra la crisis y la necesaria remodelación del sistema productivo, pues las economías que más sufren son las que se han incorporado más tarde al desarrollo. Es el caso de Castilla-La Mancha.
Esta ley articulará el derecho de los ciudadanos a la información y a su participación individual, colectiva e institucional en la toma de decisiones políticas que les afecten. Obligará a todos los gestores y servidores públicos a actuar de forma eficaz, austera, transparente y accesible a todas las personas, por medio de la elaboración de un Código de Ética Pública y evitará que en las decisiones públicas prevalezcan intereses particulares sobre el interés general.
Con ocasión de acudir a las urnas en 2007 por primera vez como candidato a la Presidencia, publiqué Castilla-La Mancha, en el corazón y en la cabeza; en cierto modo, el título del libro era mi tarjeta de presentación. Cuando en 2011 vuelva a presentarme podré decirles: he gobernado estos cuatro años teniendo la cabeza y el corazón puestos en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, y he usado mi corazón y mi cabeza, no para enfrentarme a la oposición, sino para enfrentarme a la realidad.
José María Barreda Fontes, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.