La renovación del CGPJ y los ciudadanos

Casi cuatro años después de cuando debió hacerlo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin renovarse. Por las energías que los partidos políticos están poniendo en el asunto y las tensiones que están viviendo a causa de ello, por los ríos de tinta (impresa y digital) que corren al respecto y, si nos creemos a la señora ministra de Justicia, por las preocupadas conversaciones que se suceden en el metro sobre el tema, diríase que la falta de renovación del CGPJ es un problema vital para la convivencia pacífica de los ciudadanos y la buena marcha de la Justicia en este país.

Nada más lejos de la realidad.

Para empezar, y sobre todo, porque los jueces seguimos trabajando como siempre. El éxito o fracaso de las negociaciones para controlar el CGPJ no afecta a nuestra función. Estamos avergonzados por todo el espectáculo que estamos viendo, por supuesto, sabiendo que la mayoría de la gente, políticos incluidos, confunde al CGPJ con los jueces. Pero seguimos cumpliendo con nuestra obligación para con la sociedad. Todos aquellos que han llevado sus problemas a un juez, por tanto, pueden estar tranquilos porque, aunque no se renueve el CGPJ, tendrán su sentencia. Puede que tarde un poco, claro, ya saben la sobrecarga y el retraso que tenemos. Pero incluso este problema, tal vez el más importante de nuestra Justicia, tampoco depende de la renovación del CGPJ. Si mañana se renueva el CGPJ, seguiremos con las agendas sobrecargadas. Eso no va a terminar con la renovación del CGPJ. Como tampoco lo harán otros problemas igualmente graves que atenazan la Justicia española: excesiva litigiosidad, escasez de jueces, edificios cochambrosos, medios materiales insuficientes, desconexión informática entre comunidades autónomas, etc.

Queda claro, por tanto, que la renovación del CGPJ no tiene nada que ver con la mejora de la Justicia y el bienestar de la sociedad. ¿Y con qué tiene que ver? Con el poder.

Los partidos políticos, cuando pelean por el CGPJ, no están peleando por los ciudadanos que les votaron, pelean por ellos mismos. Por conservar cuotas de poder en un órgano de entre cuyas funciones destaca, para ellos, el nombramiento discrecional de la cúpula judicial. Concretamente, a lo que aspiran, mediante la designación de todos los vocales del CGPJ, es a influir en quiénes serán esos jueces tan importantes a los que, precisamente, les tocará investigar y juzgar sus casos de corrupción. Su ilusión es que, llegado que sea el caso, estos jueces decidan a favor de sus intereses políticos o personales. En verdad se trata de una esperanza muy vana, basada casi toda ella en la ignorancia de cómo es el trabajo judicial. Pero ellos no quieren renunciar a esa posibilidad, por muy remota que sea. Ya se encargarán de elegir bien para que sea lo menos remota posible. Así que a los únicos que afecta la renovación del CGPJ es a los políticos que están peleando por él. Al resto, plim. Bueno, indirectamente nos afecta a todos, ciertamente.

Mantener un puente de plata entre los partidos políticos y los jueces que deben juzgarlos es un factor de corrupción, según el Consejo de Europa, lo cual afecta a la calidad democrática del país y el algo contra lo que todos debemos revelarnos. Por eso esta organización internacional y la Unión Europea nos están pidiendo despolitizar el CGPJ y que al menos la mitad de sus vocales sean designados directamente por los jueces a los que gobierna. Es cierto que el CGPJ afecta al trabajo de los jueces y magistrados. Como órgano de gobierno nuestro, tiene una veintena de funciones, más allá de los nombramientos judiciales, que influyen en cómo ejercemos nuestra función, directa e indirectamente. Y ello, claro, acaba notándolo el ciudadano que acude a los jueces buscando Justicia.

Pero el cómo se desenvuelva el CGPJ en el ejercicio de tales funciones no depende de si se renueva o no se renueva el mismo. Queda claro desde el momento en que los partidos no están peleando por el CGPJ para ver cómo se resuelven las licencias y permisos de los jueces, de qué modo se declara la compatibilidad de estos para dar clases en la Universidad, qué reglamentos de funcionamiento interno dictar (protocolo, aspectos accesorios...), cómo llevar a cabo la inspección de juzgados, cómo decidir qué sentencias van a las bases de datos, etc. Y mucho menos por otras cosas que el CGPJ no hace y debería, como fijar a los jueces una carga de trabajo razonable a efectos de su salud laboral.

Sin embargo, estas y otras cosas sí son muy importantes para los jueces. Por eso pedimos votar a los 12 vocales judiciales, para que nuestro órgano de gobierno se ocupe realmente de nuestros problemas, que, ciertamente, acaban siendo de todos. Ya no es solo porque despolitizar el CGPJ es una exigencia de salud democrática (y esto solo ya debería bastar). Sino porque con la despolitización del CGPJ ganaríamos un órgano centrado, no en las guerras de desgaste para nombrar a los altos cargos judiciales, según un intrincado juego de afinidades ideológicas y amistades, sino en los problemas de sus jueces y, por tanto, en mejorar la Justicia del país. Además, serviría de contrapeso a unos poderes ejecutivos y legislativos al que exigiría más y mejores inversiones en Justicia y defendería al poder judicial de los distintos embates que el poder político le dirige de vez en cuando, en vez de ser su cómplice silencioso.

Así que a los ciudadanos le debe dar igual si se renueva o no el CGPJ. Mientras los políticos no saquen sus manos de él, el nuevo CGPJ seguirá haciendo lo que los anteriores, servir a los intereses de los partidos y de sus amigos funcionando como agencia de colocación. Punto. Lo importante no es cambiar unos vocales por otros, sino despolitizar el órgano. Y mientras eso no pase, los ciudadanos pueden dedicar sus conversaciones en el metro a cosas que de verdad les afecten.

Decía que la renovación del CGPJ no va a acelerar los miles de pleitos que tienen los ciudadanos esperando a ser resueltos, pero hay una excepción: los juicios ante el Tribunal Supremo. La falta de renovación del CGPJ sí está afectando al trabajo del órgano judicial más importante de España. Pero ello no es por la falta de renovación en sí, sino porque desde marzo del año pasado se cambió la ley para que el CGPJ en funciones no pudiera hacer nombramientos discrecionales, con lo que las vacantes que desde entonces se están produciendo en el Supremo no se cubren, y eso está afectando a su actividad. Hay incluso riego de paralización de la misma. Para solventar este grave problema no hay que esperar a que el CGPJ se renueve, que a saber cuándo pasa eso, bastaría cambiar la ley para que pueda volver a realizar nombramientos. Hacer como ya se hizo en julio de este año para devolverle al CGPJ su función de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, solo que con todos los nombramientos.

Por cierto, el Tribunal Constitucional tampoco está a la altura de la gravedad de la situación. Desde hace más de un año tiene en su mesa resolver si es o no constitucional esa reforma que le quitó al CGPJ la función de nombrar mientras no se renueve. Somos muchos los que pensamos que es inconstitucional y, por tanto, de haberse ya pronunciado, no estaríamos en esta crítica situación. O al menos nos habría aclarado este extremo.

Un último apunte, para despejar dudas: los jueces no queremos el poder por el que se pelean los políticos. Los jueces pedimos poder votar a parte del CGPJ, pero no para sustituir a los partidos políticos en la función de nombrar a la cúpula judicial. No estamos interesados en esa función, sino, como decía, en todas las demás que tiene el CGPJ y que no importan lo más mínimo a la clase política. Es más, a la vez que pedimos despolitizar el CGPJ, pedimos que los nombramientos que de él dependen se objetiven conforme un baremo previo de mérito y capacidad fijado en la ley que reduzca ampliamente la discrecionalidad del órgano. Quitarle poder al CGPJ para dárselo al Parlamento.

Fernando Portillo Rodrigo es juez decano de Melilla y vicepresidente de Foro Judicial Independiente.

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