La representación del voto en blanco

Desde Asturias hasta Canarias, una voluntad de cambio de las leyes electorales recorre la gran mayoría de nuestras Comunidades Autónomas, que se han lanzado a crear comisiones parlamentarias de estudio sobre el tema. En general, debajo de la común apelación a la regeneración democrática, late el deseo de conseguir una adecuación más exacta entre el porcentaje de votos de un partido y su porcentaje de escaños. Se quieren evitar resultados tan desproporcionados como lo sucedido en Castilla-La Mancha en las elecciones de 2015, cuando los dos partidos más votados con el 73’5% de los votos (37’5% el PP y 36% el PSOE) lograron el 94% de los escaños (48,5% y 45,5% respectivamente), mientras que el tercero (Podemos) con el 9’7% de votos solo pudo alcanzar dos escaños (el 6%) y el cuarto (Ciudadanos) con un 8’6% accedió siquiera a las Cortes castellanas.

Aunque en España los partidos perjudicados en unas elecciones determinadas tienden a calificar al sistema electoral como injusto, raramente un sistema concreto merecerá ese calificativo, como el perverso sistema binominal que Pinochet impuso en Chile en 1989 (que no se pudo derogar hasta el 2015) pensado para beneficiar al segundo partido. Lo normal será que tenga un sesgo mayoritario cuyos efectos pueden beneficiar a un partido o a otro en función de los votos que obtenga en cada elección. Así, por señalar un ejemplo de otro Estado, el mismo sistema electoral griego que perjudicó a Syriza en la primera década de este siglo XXI, cuando no pasaba del 5% de los votos, lo dejó a dos escaños de la mayoría absoluta en enero de 2015 con solo el 36’3% de los sufragios. A veces, incluso, esos efectos pueden ser absolutamente imprevistos, como sucedió en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha ya mencionadas: el PP se afanó en aumentar los efectos mayoritarios del sistema electoral autonómico -hasta el punto de forzar una reforma del Estatuto sin consenso en 2014- para luego perder el gobierno regional porque no pudo contar con el auxilio de Ciudadanos, al que la reforma electoral dejó sin representación.

En cualquier caso, cambiar los elementos centrales de un sistema electoral (la fórmula electoral y la circunscripción) no es tarea sencilla porque se trata de situaciones de suma cero, en las que lo que gana un partido lo pierde otro, de tal forma que todos los partidos hacen sus números antes de apoyar una reforma. Un buen ejemplo de esa dificultad es el paso de tortuga que lleva la proposición de ley electoral que en enero de 2016 presentaron el PSOE, IU y Ciudadanos en la Junta General de Asturias. Por eso, puede ser una buena idea comenzar los cambios legislativos por otros aspectos de los sistemas electorales que, en principio, no afecten a la distribución de escaños entre los partidos, cuestión que además -desde el teorema de la imposibilidad de Arrow- sabemos que no tiene una solución completamente justa. Así, la proposición de ley asturiana recoge algunas medidas que merecen convertirse en Derecho positivo, como el desbloqueo de las listas (tal como ya pedía el informe del Consejo de Estado sobre la reforma electoral de 2009), el voto telemático para los electores residentes en el extranjero y la obligación de organizar al menos dos debates durante la campaña electoral en los medios de comunicación públicos.

Sin duda, estas tres medidas son útiles para fomentar la participación electoral, aunque a mi juicio la medida más eficaz para ese objetivo sería que se contabilizara la abstención de tal forma que se dejara de adjudicar un porcentaje de escaños proporcional al de abstencionistas, tal y como proponía el ilusionante programa electoral con el que Die Grünen irrumpieron en la política alemana y europea en los años ochenta. No se me ocurre estímulo más poderoso para que los políticos se preocupen de verdad por la participación y vayan más allá del lamento ritual tras cada elección por el alto número de personas que deciden no tomarse la molestia de ir a votar. Si es una medida demasiado radical, que nos puede llevar a inacabables discusiones sobre la diferencia entre las abstenciones técnicas y las políticas, comencemos más modestamente por los votos en blanco: sería muy estimulante que se dejaran vacíos unos escaños proporcionales al número de votos en blanco. En Francia, le están dando vueltas a propuestas similares y ya han comenzado por contabilizar el voto en blanco porque hasta 2014 lo consideraban voto nulo. De momento, sería una medida puramente simbólica -en general, el voto en blanco ronda el 1% de los votantes- pero quien sabe cómo podríamos reaccionar los ciudadanos si se aprobara una regla así porque, como dijo Víctor Hugo, “el futuro tiene muchos nombres” y quizás uno de ellos podría ser la representación del partido en blanco.

Agustín Ruiz Robledo es Catedrático de Derecho Constitucional.

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