La República catalana muere antes de nacer

Las declaraciones que hizo ante el fiscal y el juez Llarena, la hasta ahora presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha revolucionado todo el horizonte independentista catalán, hasta el punto de que ya no cabe hablar de una República catalana, al menos a corto y medio plazo. La señora Forcadell, ante el pánico de pasarse unos cuantos años tras los barrotes, cantó la palinodia, renegando de la secesión, asumiendo la aplicación del artículo 155 y, por consiguiente, aceptando la Constitución como la norma suprema de Cataluña.

Por supuesto, el Tribunal Constitucional ha declarado ya inconstitucionales las Leyes del Referéndum de Autodeterminación y la de la Transitoridad Jurídica, claves de bóveda de la República catalana que querían construir. Pero las afirmaciones del jueves de Forcadell tienen un claro valor político porque su rectificación viene a significar que esas leyes no sirvieron para nada y que el referéndum fraudulento que se celebró es como si no hubiera existido nunca, es decir, ha revocado todo aquello que no estuviera de acuerdo con la Constitución. Aseveración que posee una máxima importancia por proceder de la segunda autoridad de Cataluña y por ser responsable de la viabilidad del procés que ella tanto defendió desde hace años y, especialmente, desde su cargo de presidenta del Parlament. Lo cual pone en evidencia que, desde el jueves, el ex presidente Puigdemont se encuentra colgado de la brocha en el cuadro independentista que pintaba en Bruselas. Él sabrá lo que hace, pero o viene a España para ser juzgado o se busca un país en que pueda residir muchos años.

Volviendo a la realidad, el hecho es que el presidente del Gobierno -sólo o en compañía de otros- tomó la decisión, cuando por fin empezó a aplicar el benéfico artículo 155 de la Constitución, de convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre. Medida que no ha sido bien acogida en todos los ámbitos por el enorme riesgo que se corría. En efecto, mientras que unos la recibieron con alborozo, otros la miraron con resquemor. Según la mayoría de los sondeos, se deduce que los resultados serían muy similares a los de 2015, es decir, una mayoría rondando la absoluta de los independentistas, al menos en escaños y no en votos. Sin duda, parece más fácil el acuerdo entre las fuerzas soberanistas que entre las fuerzas constitucionalistas. Al menos hasta ahora. Pero, después de la conversión de la presidenta Forcadell, es muy difícil hacer cualquier tipo de pronóstico porque, como he dicho, sus palabras en el Tribunal Supremo constituyen un huracán político. Por eso, si se quiere que cambien radicalmente las cosas en las próximas elecciones, es el momento de un pacto o coalición de los partidos no independentistas. Es cierto que el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió, realizada después del 1 de octubre y de la DUI, indica que hay un 47,8% de ciudadanos que están a favor de la independencia y un 43%, en contra. Pero la huida de Puigdemont y la conversión de Forcadell han provocado que esas cifras, probablemente, ya no sean válidas. Por un lado, es posible que hagan cambiar su voto a independentistas indecisos o racionales y, por otro, la participación pueda ser mucho más alta de la que ha sido hasta ahora.

Sea como sea, una victoria de los nacionalistas supondría que podrían volver a la carga con algún tipo de reivindicación que no sea ya la DUI. Por el contrario, una victoria de los constitucionalistas obligaría a un pacto constitucional en dónde todos tendrían que ceder algo para encontrar una fórmula en la que podamos vivir en paz. Para ello, es necesario que el Gobierno neutralice los medios favorables al secesionismo, como TV3, y que haga una campaña de aclaración para convencer a los independentistas razonables. Por cierto, se ha demostrado que éstos no querían solo la independencia de España, sino sobre todo la independencia del Código Penal. Ahora bien, cualquier observador objetivo que siga los acontecimientos de España, si lee el magnífico auto de la juez Lamela se quedará asombrado de lo que han hecho estos caballeros, cuyo Gobierno ha sido una verdadera “asociación para delinquir” y en cuyas reuniones oficiales han participado irregularmente, algunas veces, como ha afirmado el fiscal general, los denominados Jordis. Resumiendo sus hazañas, cabe decir que, ante la pasividad política del Gobierno central durante varios años, su único objetivo, desde que formaron Gobierno, fue alcanzar la independencia a través de todo tipo de tretas. Porque conviene aclarar que el mayor delito que puede sufrir un Estado es el ataque a su soberanía y a la integridad de su territorio nacional. De este modo, articularon una Comisión para la transición nacional, encargada de ir creando unas estructuras de Estado paralelas, incumplieron la Constitución y su Estatuto, desobedecieron las leyes del Estado, las sentencias del Tribunal Constitucional y las resoluciones judiciales de todo tipo, al mismo tiempo que aprobaban normas y acuerdos descritos como ilegales por los propios letrados del Parlament, violando los derechos de la minoría de la Cámara en contra de lo que señala el artículo 23 de la Constitución. Fueron creando pseudoembajadas propias, despilfarrando el dinero en lobbies de propaganda y en todo tipo de gastos abusivos. Y el Parlament aprobó dos leyes inconstitucionales y antidemocráticas: la Ley del Referéndum y la de Transitoridad Jurídica, convertidas en las normas supremas de Cataluña, ignorando que la democracia no puede convertir en legal algo que no lo es. Todo esto lo podía ver cualquiera porque además se fue denunciando en la prensa. Yo mismo escribí en este diario un artículo (Golpe de Estado permanente, 2 de febrero de 2017), en el que decía: “El concepto de golpe de Estado ha ido evolucionando hasta llegar a esta forma catalana de hacerse con el poder y consecuentemente de lograr la independencia…”). Sin embargo, no hizo reaccionar a quien iba dirigido y podía haber parado esta locura recurriendo al artículo 155 CE, tal como ha hecho ahora.

Esta serie de delitos continuados llegó a su paroxismo con la llamada DUI, que paso a explicar. Jean-Louis de Lolme es un prestigioso constitucionalista ginebrino del siglo XVIII que escribió una obra clásica, La Constitución de Inglaterra, y a quien se atribuye una frase que es bien conocida: “El Parlamento inglés puede hacerlo todo menos cambiar un hombre en mujer”. Con ello quería aclarar que el poder de hacer o no hacer del Parlamento, su autoridad transcendente y absoluta, su omnipotencia, es decir, su soberanía legal, podía lograrlo todo menos ese milagro biológico. Como expuso H. Laski, insigne politólogo, ese poder no es absoluto, sino derivado del auténtico soberano, que es el pueblo. Lo que quiero señalar es que, por ejemplo, el Parlamento británico no puede, por sí mismo, hacer cosas como conferir la independencia a Escocia o a Gales. Sin embargo, en estas latitudes todo es diferente.

Tras la parodia del pseudoreferéndum del 9-N, celebrado en 2014, las fuerzas nacionalistas decidieron que las elecciones de septiembre de 2015 serían plebiscitarias a fin de demostrar que la mayoría de los catalanes estaba a favor de la independencia. En vista de ello, se presentó una coalición soberanista llamada Junts pel Sí que, junto a una decena de diputados de la CUP, sumaron 72 escaños, cuatro más de la mayoría absoluta. Lo que les permitió afirmar que la “mayoría” del electorado estaba a favor de la secesión. Pero aquí comenzaron las trampas de este Parlamento, con Forcadell a su cabeza, pues lo importante es que el número de votos contrarios a la independencia era superior a los favorables, es decir, un 48,05% en contra y un 47,70% a favor. Es igual: tras aprobar la Ley del Referéndum, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, convocaron el referéndum del 1 de octubre, a pesar de que el Gobierno central dijo una y otra vez que no lo permitiría porque además no había urnas. Con todo, por un lado, hubo urnas (muchas embarazadas), papeletas hechas donde se pudo, colegios que se podían utilizar las veces que se quisiera y votantes -casi todos con el sí en la mano- y, por otro, no hubo Junta Electoral, ni censo creíble, ni cabinas, ni interventores, es decir, un referéndum sin control, sin garantías y, probablemente, uno de los más chapuceros que haya habido nunca, incluidos los de los países africanos. Qué más da. Aunque el Parlament no pueda convertir un hombre en mujer, sí puede, en cambio, proclamar la independencia de Cataluña, afirmando en una Cámara medio vacía que estaba cumpliendo con “el mandato del pueblo” y ello a pesar de que los letrados advirtieron a la Mesa que la propuesta para constituir una “República catalana” no se podía tramitar y votar en la Cámara representativa. Los miembros de ese Gobierno que ha hecho tantas tropelías y ha arruinado a Cataluña, seguro que se están preguntando por qué están en la cárcel o en el exilio. Pero ya no es lo mismo: la ideóloga más influyente del independentismo ha vuelto al redil constitucional porque todo lo hecho no era real, sino meramente simbólico, es decir, donde dijo digo, ha dicho Diego.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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