En la convulsa historia de la libertad de prensa en las Américas, los últimos años están siendo un nuevo periodo aciago. La región se despierta cada día con noticias de ataques a periodistas, que admirablemente continúan ejerciendo su oficio contra viento y marea en un contexto violento y de progresivo deterioro de la democracia, en algunos casos reducida a casi nada. El acoso impune a la prensa aumenta al tiempo que se desmoronan las instituciones o lo poco que queda de ellas en países como Venezuela o Nicaragua. Sucede en estos países, donde el colapso de la democracia se ha macerado durante años, y en otros donde el deterioro parece producirse de forma más abrupta como en El Salvador del caudillo Nayib Bukele.
Algunos casos recientes de las últimas semanas ilustran este declive. En Venezuela, donde la sostenida agresión de dos décadas de chavismo ha reducido al mínimo las instituciones independientes que aún siguen en pie, el edificio del diario El Nacional, uno de esos periódicos sin los cuales es difícil entender la historia de un país, fue embargado el pasado 14 de mayo como pago parcial de una indemnización por presuntos daños morales a Diosdado Cabello. Es el episodio más reciente de un arbitrario y prolongado proceso judicial contra el diario, que a pesar de todo no ha dejado de informar sobre casos de corrupción. Como escribió en una ocasión la periodista Luz Mely Reyes, una de las batallas cruciales en la Venezuela chavista es por los derechos a la libertad de prensa y expresión.
En México, el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, en la mañana del 3 de mayo la policía halló el cadáver del periodista Benjamín Morales con varios impactos de bala. La mayoría de estos ataques contra periodistas nunca se resuelven. A pesar de los niveles de crimen e impunidad, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador usa sus conferencias mañaneras para atacar a medios críticos e independientes. En Nicaragua, esta misma semana el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo allanó de nuevo las instalaciones donde trabajaban periodistas del diario Confidencial. Sin presentar ninguna orden judicial, la policía incautó computadoras, cámaras, equipos de edición de televisión y decenas de cajas con documentos. Mientras asaltaban las instalaciones la policía lanzaba al aire una pregunta retórica: “¿Dónde están los golpistas?”
En Colombia, organizaciones independientes registraron al menos 40 muertes por la violencia policial y cientos de agresiones en apenas dos semanas durante las recientes protestas antigubernamentales, entre ellas al menos 70 ataques a reporteros. Ya se habían registrado respuestas represivas del Gobierno en manifestaciones anteriores, pero esta vez los niveles de brutalidad policial y abusos han sido excepcionales y conmovedores.
Nicaragua es uno de los ejemplos más claros del deterioro de la libertad de prensa en la región. La violenta represión de la rebelión cívica que se desató en abril de 2018 recordó a la comunidad internacional la realidad del régimen autocrático, de carácter dinástico, erigido por el matrimonio Ortega-Murillo durante la década anterior. Para reprimir la protesta y la crítica, el régimen recurrió al acoso, a las detenciones arbitrarias, a la tortura, a las desapariciones, a la censura de medios e información crítica, a la expulsión al exilio de los disidentes y a las campañas públicas de desprestigio. El reportero Ángel Gahona murió de un disparo mientras cubría en directo las protestas. El director y la directora de noticias del canal de televisión 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda, fueron detenidos y pasaron seis meses encarcelados en condiciones penosas. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que en febrero de este año anunció el cierre debido a una polémica ley que busca controlar a quienes reciben financiamiento de organizaciones extranjeras, estimó que desde abril de 2018 hasta julio de 2019, unos 90 periodistas salieron de Nicaragua hacia el exilio. La renovada represión contra la sociedad civil, la prensa y la oposición precede a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que el régimen Ortega-Murillo busca consolidar su poder a toda costa en un estado de excepción.
Los periodistas nicaragüenses siguen, a pesar de todo, en su empeño. Su tesón recuerda a los reporteros en El Salvador que resisten los embates de Bukele en su ambición de poder absoluto y a colegas a lo largo y ancho de la región, del Brasil de Jair Bolsonaro a Guatemala. La única forma de hacer justicia al denodado esfuerzo de la prensa americana por preservar su libertad en condiciones tan hostiles es la condena firme y sostenida de los ataques que sufre y las condiciones que los amparan. Los países e instituciones comprometidos con la democracia tienen que denunciar las leyes y abusos que buscan ahogar económicamente a los medios, criminalizar el periodismo y silenciar a los observadores críticos. Deben fortalecer el sistema de derechos humanos construido durante décadas y garantizar que la prensa pueda cubrir asuntos de interés público como manifestaciones y procesos electorales, cuando los gobiernos represivos redoblan sus esfuerzos. Tienen que adoptar un discurso que promueva la crítica razonable a los medios y el periodismo y no el hostigamiento y el ataque a los reporteros. La renovada tradición caudillista y la crisis suscitada por la pandemia están conduciendo a las Américas a un nuevo periodo oscuro. Sin la presión y el decidido apoyo de la comunidad internacional para revertir este declive, el esfuerzo admirable de los periodistas que resisten cada día será una nota a pie de página en el colapso de las instituciones democráticas.
Carlos Martínez de la Sernaes director de Programas del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).