En un tuit reciente, Olivier Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, se preguntaba cómo podemos “tener tanta incertidumbre política y geopolítica y tan poca incertidumbre económica”. Se supone que los mercados miden y atribuyen riesgos; sin embargo, a las acciones de las empresas que contaminan, venden analgésicos adictivos y construyen aviones inseguros les está yendo bien. Lo mismo es válido para las corporaciones que enriquecen abiertamente a los accionistas, directores y funcionarios a costa de sus empleados, a muchos de los cuales les cuesta ganarse la vida y proteger sus planes de pensión. ¿Los mercados están equivocados o las señales de alarma sobre el cambio climático, las tensiones sociales y el descontento político, en realidad, son pistas falsas?
Un análisis más de cerca revela que el problema reside en los mercados. En las condiciones actuales, los mercados simplemente no pueden valorar el riesgo de manera adecuada, porque los participantes del mercado están protegidos de los daños que las corporaciones les infligen a los demás. Esta patología lleva el nombre de “responsabilidad limitada”, pero cuando se trata del riesgo asumido por los accionistas, sería más preciso llamarla “sin responsabilidad”.
Según la normativa legal vigente, los accionistas están protegidos de toda responsabilidad cuando las corporaciones de las que tienen acciones causan daño a los consumidores, a los trabajadores y al medio ambiente. Los accionistas pueden perder dinero en sus participaciones, pero también obtener ganancias cuando e inclusive porque las empresas han causado un daño incalculable contaminando océanos y acuíferos, ocultando los perjuicios que causan los productos que venden o abarrotando la atmósfera de emisiones de gases de tipo invernadero. La propia entidad corporativa podría incurrir en responsabilidad, quizás hasta entrar en quiebra, pero los accionistas pueden salir del naufragio con ganancias en la mano.
Los accionistas han salido indemnes en un caso tras otro –desde la fuga de gas de 1984 en una planta de Union Carbide en Bhopal, India, que mató a miles de personas, hasta las grandes compañías tabacaleras, los fabricantes de asbestos y British Petroleum luego del desastre de Deepwater Horizon-. Desde entonces, los accionistas de Boeing, la empresa responsable de dos accidentes aéreos en los que murieron 346 personas, obtuvieron 43.000 millones de dólares a través de recompras de acciones entre 2013 y 2019 –precisamente el período durante el cual la empresa ignoró patrones de seguridad con la intención de recortar costos-. Mientras tanto, las familias de quienes murieron deben arreglárselas con un fondo de desastres de 50 millones de dólares, que representa apenas 144.500 dólares por víctima.
En otras partes, una demanda legal contra miembros de la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma, una de las compañías en el centro de la epidemia de opioides, está intentando una vez más que los beneficiarios de una mala conducta corporativa asuman sus responsabilidades. Por miedo a la responsabilidad, algunos miembros de la familia, según informes, han vendido sus propiedades en Nueva York y han trasladado su dinero a Suiza. Pero, probablemente, no tengan de qué preocuparse. Como demuestra John H. Matheson de la Facultad de Leyes de la Universidad de Minnesota, las cortes rara vez les permiten a las víctimas de una conducta corporativa nociva “levantar el velo corporativo” que protege a los accionistas de toda responsabilidad.
La justificación manifestada para una responsabilidad limitada es que ésta alienta la inversión –y la toma de riesgo- en corporaciones, lo que conduce a innovaciones económicamente beneficiales. Pero deberíamos reconocer que salvar a los dueños de los perjuicios que causan sus empresas equivale a un enorme subsidio legal. Como sucede con todos los subsidios, los costos y beneficios deberían volver a evaluarse cada tanto. Y, en el caso de la responsabilidad limitada, el hecho de que los mercados no puedan valorar el riesgo de actividades que, se sabe, causan un daño sustancial debería hacernos reflexionar.
Peor aún, este subsidio particular tiene poco sentido económico. Los derechos de propiedad, todo economista sabe, están pensados para aumentar la eficiencia garantizando que los propietarios internalicen los costos asociados con los activos que poseen. Pero la responsabilidad limitada aísla a los inversores de las externalidades creadas por las empresas de las que son dueños: las cabezas ganan –y las colas también.
Mientras que los accionistas puedan beneficiarse con estas externalidades, las defenderán. Y combatirán todo intento de forzar una internalización de los costos, incluido el impuesto al carbono que la Unión Europea está promoviendo actualmente. La regulación vertical, sostienen, es ineficiente, porque los gobiernos no tienen manera de identificar la tasa óptima del impuesto. Pero si ése es el caso, ¿por qué no permitir que los mercados evalúen el riesgo correctamente, eliminando la distorsión que hoy les impide hacerlo?
Las reglas de responsabilidad no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero los cambios deberían introducirse gradualmente después de un período de transición que ponga a todos en aviso. No hace falta ningún tratado multilateral nuevo ni esfuerzos de armonización complicados. Si sólo un puñado de países adoptaran “estatutos que levanten el velo” y garantizaran que los demandantes pudieran presentarse en sus cortes, los mercados responderían en consecuencia.
Sin duda, los accionistas intentarían eludir responsabilidades trasladando activos a jurisdicciones seguras, y haciendo lobby con sus propios gobiernos para que los protejan con la amenaza de sanciones comerciales contra los países que sí adopten estatutos que levanten el velo. Pero cuanto mayor sea la cantidad de países que adopten estos estatutos, menos exitosas serán estas tácticas de brazo fuerte.
Al final, un subsidio que distorsiona los mercados y les da a los inversores una licencia para causar daño no sólo es ineficiente. Es una amenaza tanto para el sistema de mercado como para el ambiente natural del que todos dependemos para nuestra supervivencia.
Katharina Pistor, Professor of Comparative Law at Columbia Law School, is the author of The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality.