La respuesta a la pandemia, Acto II

Hace doce años, los gobiernos de las principales economías del planeta respondieron con agilidad y eficiencia a la crisis financiera. Los bancos al borde de la ruina se nacionalizaron. La política monetaria fue directa y decidida, entregándose un respaldo fiscal masivo. La coordinación global fue intensa.

Sin embargo, se cometieron grandes errores, cuyas consecuencias han quedado en evidencia de manera gradual. La falta de castigo de los responsables de la recesión financiera allanó el camino al alza de los populismos en los años recientes. Y la economía europea dio tumbos una y otra vez, porque los problemas de los bancos se negaron demasiado tiempo y el respaldo fiscal se retiró demasiado pronto. Como resultado, profundas cicatrices socioeconómicas y políticas quedaron al desnudo cuando llegó la crisis del COVID-19. ¿Podremos evitar al mismo patrón? A medida que comience el Acto II de la crisis de la pandemia, esta es una pregunta clave.

Ya es evidente una gran disparidad de los efectos de la pandemia en los países. Las diferencias son asombrosas: el Reino Unido ha registrado 650 muertes por millón de habitantes, mientras que Corea del Sur registra apenas 5. Similarmente, los fallecidos dentro de la UE son cientos de veces mayores en los países más afectados que en los con mejor protección.

En parte, estas brechas reflejan pura suerte: mientras el virus se propagaba bajo el radar en Italia, los países europeos del noreste lo vieron venir y se pudieron preparar. Pero también se originan en la desigual efectividad de las políticas de salud pública nacionales. En este respecto, la clasificación que se acabe haciendo probablemente ponga a los países de Asia Oriental muy por encima del resto, Alemania en el primer puesto de Europa, Estados Unidos al fondo de la liga de los países desarrollados, y Brasil e India muy por detrás de otros países menos desarrollados. La rabia contra los estados que no pudieron proteger a sus pueblos será un factor importante a la hora de determinarse los acontecimientos políticos futuros.

Los confinamientos estrictos han demostrado ser efectivos pero económicamente costosos: la rigurosidad de las medidas administrativas acabó por ser un muy buen predictor de las pérdidas de producto el primer semestre del año. Pero los matices importan. Debido a que su respuesta fue más descentralizada y adaptable, Alemania pudo reducir al mínimo el coste económico de contener al virus. Su estrategia mostró el lado positivo del federalismo (Estados Unidos representa el lado oscuro).

Las respuestas fiscales han sido notablemente homogéneas en toda Europa: los gobiernos implementaron planes de garantía de créditos que ayudaron a dar liquidez a las empresas, y planes de retención del trabajo por los que el estado asume los costes de nómina de los empleados suspendidos. Fueron medidas rápidas y eficaces: las empresas sobrevivieron, se preservaron las relaciones de empleo y se protegió el ingreso en el hogar.

En contraste, en los Estados Unidos hubo despidos masivos de empleados y los índices de paro se fueron a las nubes. A pesar de su generosidad, la prima añadida a los beneficios por desempleo, los recortes de impuestos a los hogares y los subsidios para empresas pequeñas que volvieran a contratar después del confinamiento no impidieron las dificultades. En comparación con Francia, en los EE.UU. el coste de mitigar la caída económica causada por la pandemia fue un 50% más alto y la disrupción fue mucho más prolongada. El estado de bienestar europeo se gana un punto.

En las zonas donde la pandemia ha retrocedido, el énfasis se ha puesto cada vez más en el ritmo y la solidez de la recuperación económica. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional observan que Italia, España, Francia y el Reino Unido han sido los países más afectados. Sus economías se están recobrando, pero está por verse cuánto de la producción perdida podrán recuperar. Tras la crisis financiera global fueron necesarios ocho años para que España volviera a su PIB per cápita anterior a la crisis, y eso todavía tiene que lograrse en los casos de Italia y Grecia. El riesgo que se corre ahora es un debilitamiento más profundo del sur europeo.

Para evitar un daño prolongado, la gran prioridad es seguir apoyando la recuperación todo el tiempo que sea necesario. El riesgo de una excesiva deuda pública es muy real, pero es más serio el de que se produzca una contracción económica, inclusive desde la perspectiva fiscal. Hoy en día los déficits no tienen costes en el corto plazo (aunque son potencialmente costosos en el largo plazo, razón por la cual las finanzas públicas se deben administrar con sensatez). Todavía hay espacio fiscal. Se debe usar con sabiduría, pero se debe usar. Los gobiernos tienen que seguir desempeñando el papel de compradores de último recurso.

En todo caso, las políticas del lado de la demanda no harán esa tarea. Una segunda prioridad es evitar una ola de bancarrotas. Muchas empresas han sufrido efectos serios. Incluso sin costes de nómina, han seguido teniendo costes fijos que cubrir. La provisión de liquidez ha sido un tratamiento útil, pero no la cura.

En consecuencia, hay que encontrar soluciones para empresas viables, pero altamente endeudadas. Habrá tantas de ellas en la misma situación que los procedimientos legales normales amenazarán con abrumar a los sistemas judiciales.

Para evitar esta situación, los gobiernos deberían establecer mecanismos para la reestructuración de la deuda a gran escala. Los gobiernos se han convertido en acreedores de una gran cantidad de empresas pequeñas a través de aplazamientos del pago de impuestos y planes de garantías. En un artículo académico con Olivier Blanchard del Instituto Peterson y Thomas Philippon de la Universidad de Nueva York, proponemos que los acreedores privados –principalmente bancos- den a conocer que los gobiernos apoyarán las decisiones de reestructurar las deudas de las compañías consideradas viables y se harán parte de la recalendarización o la eliminación de las reclamaciones existentes. Puesto que los gobiernos valoran los efectos positivos de la supervivencia de las empresas sobre todos los actores interesados, incluso podrían anunciar que añadirán una “prima de continuidad” a lo que sea que hagan los acreedores privados. Eso salvaría muchos empleos.

Además, los gobiernos deben abordar las consecuencias de las caídas de la productividad. Por ejemplo, un restaurante ahora servirá a menos clientes con cerca de la misma cantidad de empleados, mientras que un gimnasio deberá dedicar personal adicional a la limpieza y la higiene. Esto los vuelve temporalmente menos rentables, al punto que pueden considerar cerrar sus puertas o despedir empleados. Para limitar esto, Blanchard, Philippon y yo proponemos subsidios temporales a los salarios. Nuevamente, esto puede salvar empleos en momentos que una importante alza del desempleo arriesga restarle efectividad a la reasignación de trabajos.

Al menos en Europa, ya ha pasado lo peor de la pandemia, y es probable que la situación siga así en las próximas semanas. Los gobiernos han hecho sus tareas hasta ahora, al proporcionar seguridad a empleados y empresas. Pero ese es solo el primer paso. Es imperativo que mantengan el apoyo económico todo el tiempo que sea necesario y adopten nuevas medidas que eviten daños duraderos.

Jean Pisani-Ferry, a senior fellow at Brussels-based think tank Bruegel and a senior non-resident fellow at the Peterson Institute for International Economics, holds the Tommaso Padoa-Schioppa chair at the European University Institute. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

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