El plan de Facebook de lanzar una nueva moneda digital, Libra, en el lapso de un año ha ganado pocos amigos. Los reguladores, los responsables de las políticas y los académicos reaccionaron a la noticia prontamente y, en general, con escepticismo. Las comisiones parlamentarias de Estados Unidos rápidamente dispusieron audiencias y la cuestión fue un tema relevante en la reunión del G7 en Francia el mes pasado.
El desprestigio de Facebook como guardián de la privacidad de los usuarios ayuda a explicar parte de la reacción negativa. Sin embargo, la bomba real fue la repentina toma de conciencia de la amenaza que plantean las monedas digitales para el sistema monetario existente –no en algún momento futuro, sino hoy-. Las criptomonedas han existido desde hace más de diez años, pero ninguna tuvo una aceptación lo suficientemente amplia como para desafiar el orden existente. Ante la posibilidad de movilizar más de 2.000 millones de usuarios activos mensualmente, Facebook podría cambiar esa realidad.
Ahora que la compañía ha arrojado el guante, los gobiernos deberían aprovechar la oportunidad para proponer alguna forma de moneda digital que sirva al bien público. Inclusive los defensores más acérrimos del actual sistema monetario admitirán que no funciona igual de bien para todos. Es más, el sistema está siendo superado rápidamente por el cambio tecnológico, que en gran medida no está lo suficientemente regulado y podría exponer a los consumidores a riesgos imprevistos.
No tiene por qué ser así. La tecnología podría permitir el desarrollo de un sistema mucho mejor. Una de las motivaciones originales detrás de Bitcoin y otras criptomonedas fue la de establecer un sistema de pago alternativo y resistente a la censura. Suecia y Singapur van camino a crear sus propias monedas digitales respaldadas por los bancos centrales (CBDC por su sigla en inglés). En China, un puñado de empresas, entre ellas Alibana y Tencent, han lanzado monedas digitales estrechamente reguladas y supervisadas para transacciones que se fijan en renminbi. En Kenia, Mali y otras partes, las compañías telefónicas ofrecen servicios de pago digital a todos, inclusive a quienes no tienen una cuenta bancaria.
Estos experimentos ofrecen muchos modelos entre los cuales elegir. Pero primero debemos considerar una cuestión fundamental: ¿el estado debería permitir la creación de dinero privado o debería limitar estrechamente los esfuerzos como Bitcoin y Libra, inclusive a riesgo de coartar la innovación?
El dinero está convencionalmente definido por las funciones que realiza: es un instrumento de intercambio, una reserva de valor y una unidad de cuenta. El dólar, la libra, el yen y el euro realizan estas tres funciones, pero no sin cierta ayuda del sector privado. Los bancos desempeñan un papel esencial en los sistemas de pago (la función de intercambio del dinero), al emitir dinero privado en forma de dinero escritural y cosas por el estilo. También ofrecen depósitos, que se pueden considerar como reservas de valor (suponiendo que estén garantizados). Sólo la función de unidad de cuenta –que garantiza el valor nominal de una moneda como moneda de curso legal para pagar impuestos- está exclusivamente en manos del estado.
Dado que algunas de las funciones definitorias del dinero se pueden delegar a actores privados, la pregunta es si esto debería ser así, y hasta qué punto. ¿No deberíamos favorecer las CBDC por sobre todas las diferentes formas de dinero digital emitido de manera privada? Después de todo, se pueden presentar poderosos argumentos normativos a favor de las CBDC. Por ser bienes públicos, los sistemas de pago deberían estar disponibles en iguales términos para todos. Y con las tecnologías modernas, finalmente podemos eliminar a los intermediarios (bancos) que se han venido quedando con la mejor porción de la torta durante siglos.
Por otra parte, también se puede presentar un argumento en contra de la monopolización del sistema de pago. En circunstancias ideales, las CBDC podrían dar paso a un sistema totalmente integrado y altamente eficiente que funcione para todos. Pero, en el mundo real, hasta un percance técnico menor u otra falla en la gobernanza podría tener efectos sistémicos. En términos generales, los sistemas monolíticos carecen de la resiliencia de los sistemas diversificados, para no mencionar los incentivos para una mayor innovación.
Aun así, una multiplicidad de sistemas de pago viene sus propios problemas. Los costos transaccionales de convertir diferentes monedas, entre sí o a una moneda fiduciaria, podrían ser enormes. Y la historia de la banca libre nos dice que los sistemas monetarios desregulados son proclives al colapso.
Esta problema se podría resolver creando un marco único para todas las monedas digitales, que mantenga la puerta abierta para la innovación. Alternativamente, se podría abordar el problema a través de protocolos comunes para gobernar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas, de la misma manera en que ha evolucionado Internet.
Como sea, necesitamos una nueva infraestructura para gestionar el dinero público y privado. Se los debería considerar como un bien público y, por ende, deberían ser accesibles sin ánimo de lucro. Deberían ser abiertos para cualquiera que busque desarrollar nuevos productos o servicios específicos, mediante un simple requisito de registro. Dependiendo del servicio, todas las ofertas deberían ser reguladas para garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema monetario. Para reducir los costos de cumplimiento para las empresas nuevas más pequeñas, las autoridades supervisoras podrían ofrecer una consulta gratuita sobre los canales regulatorios apropiados para nuevos productos. Y, donde fuera necesario, la regulación debería simplificarse para evitar una superposición innecesaria y otras causas de ineficiencia.
El dinero digital nos presenta un enorme desafío. Tradicionalmente, los guardianes del sistema monetario, los bancos centrales, se han centrado estrechamente en la política monetaria y la estabilidad financiera. Guiar la innovación financiera excede marcadamente sus mandatos existentes. Pero, dado el ritmo del cambio, tal vez no tengan otra alternativa que expandir su competencia lo antes posible.
Co-Pierre Georg, an associate professor at the University of Cape Town School of Economics, holds the South African Reserve Bank Research Chair in Financial Stability Studies.
Katharina Pistor is Professor of Comparative Law at Columbia Law School and the author of The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality.