La respuesta, es que no

Les confesaré, con el ruego de que me mantengan el secreto, que entiendo poco de política. No sé interpretar con tino los guiños de los jefes o subjefes de los partidos; me olvido, casi siempre, de que tal cosa estuvo muy bien traída en vista de otra que acababa de ocurrir o que estaba cantado que fuera a hacerlo en el momento menos pensado; y así sucesivamente. Pero sé algo de lógica elemental, y me doy cierta maña para percibir cuándo las piezas empalman, esto es, cuándo forman un conjunto equilibrado y coherente por dentro. Aclarado el punto, paso a hablarles del debate del día 15 en el Congreso.

La intervención del presidente se vio lastrada, o como ensombrecida, por una paradoja. La resolución parlamentaria de mayo de 2005 mantiene, por las trazas, toda su razón de ser. El argumento es simple en extremo: esa resolución subordina el diálogo -político y no político: el texto autoriza las dos lecturas- con ETA, a la constatación previa de que ésta quiere rendirse. Se ha comprobado que, de momento, no era ésa su intención. Pero ello no invalida el planteamiento inicial. El único error del Gobierno habría consistido en evaluar incorrectamente los datos disponibles. Un error serio, de acuerdo. Pero de detalle, no, por así decirlo, de principio.

La pregunta es entonces: ¿para qué ventilar en sede parlamentaria una estrategia cuyo espíritu se insiste en revalidar? La respuesta de Zapatero, y de la casi totalidad de sus aliados, es que el debate sobraba, y que se ha tenido que celebrar por una obstinación desleal y dolosa del PP. Otra conclusión clara, es que hay que revisar, provisionalmente, el llamado proceso de paz, pero sólo en el tramo posterior al atentado. En su tramo anterior, el proceso ha sido inobjetable. Bastaría que se cumpliera el antecedente del condicional postulado en la resolución de 2005 -dialogar, si ETA expresa un deseo genuino de dejar las armas-, para que lo oportuno fuera, de nuevo, meter el arado en el surco viejo.

Anticipo al lector que todo esto se me antoja asombrosamente escapista. Me he hecho el propósito, no obstante, de analizar las palabras, no sus resortes ocultos. Surge una pregunta simplicísima: si seguimos como siempre ¿por qué propone Zapatero un nuevo pacto a las fuerzas democráticas? ¿En razón de qué se invoca un nuevo pacto, si no hay nada inédito que pactar? Algunos alegarán que el Gobierno se ha cargado de paciencia, y que está dispuesto a esfuerzos supererogatorios con objeto de atraer al PP a la buena causa. No voy a perder el tiempo rebatiendo semejante afirmación, útil sólo para consumo interno. Otros dirán, y en ello hay un elemento de verdad, que Zapatero precisa, primero, hacer algo, y segundo, que ese algo provoque una negativa del PP, al cual se acusará de marginarse voluntariamente y de hacer obstrucción a un Gobierno agobiado por el terrorismo. Pero esto no es, en el fondo, lo más importante. Lo más importante es, lo repito, que las piezas no encajan. No es creíble, por tanto, el mensaje del presidente. No lo ha sido nunca. O si prefieren, las piezas no han encajado en ningún instante. La incongruencia, el equívoco, los énfasis ininteligibles, han maculado su discurso desde el comienzo.

Lo revela el mero análisis textual. Partiré, para retroceder luego, de un momento intermedio, el correspondiente a su declaración de junio del año pasado en el Congreso. Traten de afinar, otra vez, su olfato lógico. En esa declaración, en la cual se daba luz verde al proceso negociador, Zapatero hizo una aseveración que era, o absolutamente redundante, o contradictoria: «Tenemos la oportunidad de poner fin a esta situación y desde principios democráticos les digo que el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente -sic-, respetando las normas y procedimientos legales...». Una de dos: o el Gobierno respetará -sin más-, las decisiones de los vascos, y esto nos saca de la Constitución, o respetará las decisiones que los vascos alcancen dentro de las reglas constitucionales. El comunicado abonaba la segunda interpretación... al tiempo que impedía comprender por qué se hacía referencia a lo que decidieran los vascos y al compromiso en que se ponía el Gobierno de respetarlo. ¡Sólo faltaba que el Gobierno no respetase las decisiones que los vascos hubieran adoptado en el marco de la Constitución! ¡Que no aceptase, por ejemplo, el resultado de unas elecciones autonómicas!

¿Mera torpeza verbal? Me temo que no. La presencia de expresiones que estorban, o si no estorban, preocupan, la superposición de registros, son una constante en las declaraciones presidenciales. La inquietud se acentúa al leer los documentos más elaborados, más sistemáticos, del PSE. Es crucial el publicado en enero de 2006 -dos meses antes del alto el fuego- con el título de «Euskadi 2006. Hacia la libertad y la convivencia». El informe se centra en un desarrollo innovador del artículo 10 del pacto de Ajuria Enea, el cual apelaba, a su vez, a fórmulas que se repiten en la resolución congresual de mayo de 2005. El artículo 10 no admitía lecturas anfibiológicas: se admitía un fin dialogado de la violencia dentro de la ley... una vez que ETA hubiera declarado su intención de rendirse. El adjetivo «político» sólo aparecía para que quedase constancia de que «el diálogo» no podía tolerar contenidos políticos. El asunto estaba claro: sólo se debatirían medidas de gracia y de reinserción. Cualquier otra lectura, habría sido gratuita.

En el documento del PSE, en cambio, el artículo experimenta una desnaturalización sorprendente. Se consagra la idea de las dos mesas, y se sostiene textualmente: «Cuando las materias acordadas afecten a competencias del Estado se establecerán mecanismos de pacto para adecuar y hacer compatible lo acordado en la Mesa -política: el añadido es mío- con la legislación estatal, garantizando la estabilidad de lo pactado y el principio de legalidad» (pág. 20). Por supuesto, se hablaría de política, al revés que en el Pacto de Ajuria Enea. Pero además, y esto es peor, se trasladaría al Parlamento de Vitoria -y al Congreso-, lo acordado en la Mesa. La invocación del principio de legalidad no encuentra acomodo fácil en la propuesta. Si se toma en serio, está de más la Mesa. Disuelta ETA, y reconvertida HB en un partido que acepta las reglas de juego, lo normal sería que la segunda defendiera la autodeterminación en unas elecciones autonómicas ordinarias. Si no nos tomamos en serio el principio de legalidad, lo que resulta que se nos está proponiendo es un proceso constituyente... ilegal.

ETA ha hecho, obviamente, la segunda lectura. ETA sacará -ya ha empezado a hacerlo- documentos destinados a demostrar que se le ha prometido el oro y el moro. No vamos a creer en la palabra de ETA. Pero tenemos ojos -y sindéresis-, y no podemos por menos de constatar que se ha bordeado el precipicio. El problema no reside en un exceso de suspicacia, o en una pasión sectaria por preferir filtraciones interesadas a datos ciertos. El problema reside en lo que públicamente ha manifestado el PSE y en la consistencia entre esto último y observaciones laterales del presidente.
Que los populares quieran pescar en río revuelto, o que las intenciones de Zapatero sean óptimas, entra dentro de lo debatible. Perono se trata, obviamente, de saber quién es mejor. Se trata de saber si existen bases para la confianza racional. Y la respuesta, es que no.

Álvaro Delgado-Gal