La respuesta internacional adecuada

Tengo que admitir que antes de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronunciara su discurso en Washington, yo no tenía claro si era defendible la idea palestina de plantear ante la ONU el reconocimiento de su Estado. Por la sencilla razón de que, al igual que Obama, yo pensaba que la propuesta no conduciría al establecimiento de ese Estado, ya que el Gobierno israelí rechazaría una resolución en ese sentido.

Sin embargo, es precisamente la posición unilateral israelí y su negativa a evacuar los territorios lo que hace tan necesaria una resolución de la ONU. Según Netanyahu, Israel no es un ocupante y los vínculos históricos hacen que “Judea y Samaria” pertenezcan a la nación judía. Así pasa por alto la ocupación militar de esos territorios y todas las medidas tomadas por los israelíes desde su ocupación: el expolio de tierras palestinas, la privación de derechos civiles y humanos, la obstaculización del desarrollo económico y las graves cortapisas que sufre la población en sus movimientos. Todas esas acciones son ilegales para cualquier ocupante, pero los israelíes se justifican aduciendo que ellos no son ocupantes. No hay nada más unilateral que la ocupación y, en consecuencia, se necesita una resolución de la ONU precisamente para definir a Israel como ocupante y calificar sus acciones de ilegales.

El vínculo histórico del judaísmo con los territorios ocupados es innegable, pero irrelevante. La nación judía tiene un vínculo similar con la ribera oriental del Jordán: ¿justificaría eso acaso la ocupación y colonización de ese territorio y que se privara a sus habitantes no judíos de sus derechos humanos? Lo mismo se puede decir de la península del Sinaí: ¿impidió ese vínculo que Israel reconociera la necesidad de evacuar sus asentamientos en ese territorio egipcio y que se retirara? La ovación que el Congreso estadounidense, puesto en pie, dispensó al sinsentido sentimental de Netanyahu exige una respuesta internacional adecuada, y la más pertinente sería el reconocimiento del Estado palestino mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU. Esa resolución dejaría claro que Israel es un ocupante y que su ocupación constituye un acto unilateral e ilegal.

El contenido del discurso de Netanyahu ante el Congreso otorga tintes especialmente negativos al llamamiento a la negociación directa con Israel que Obama ha hecho a los palestinos. No solo esas negociaciones no irían a ninguna parte, sino que servirían para legitimar la pretensión de que los territorios ocupados son “la Judea y la Samaria” israelíes, y de que depende exclusivamente de Israel evacuar la tierra que le venga en gana y quedarse donde quiera. En todo caso, solo sería posible mantener negociaciones directas después de que la ONU reconociera un Estado palestino basado claramente en el reconocimiento de que la legítima soberanía de los territorios ocupados reside en el pueblo palestino, mientras que Israel, sean cuales sean sus vínculos históricos, es una potencia ocupante extranjera.

La justificación jurídica de Israel al negar su condición de ocupante se basa en la situación vigente entre 1948-1967, y en el hecho de que en 1967 nadie tenía legalmente la soberanía de Cisjordania y la franja de Gaza. Aunque la resolución 181 de la ONU había designado esos territorios para la formación de un Estado palestino, posteriormente fueron ocupados por Jordania y Egipto, respectivamente. Dicho de otro modo, Israel aduce que es legítimo “ocupar territorios a un ocupante” y que esas tierras se retienen en calidad de “depósito para la paz” (según el movimiento laborista) o que en realidad han sido “liberados” (según Netanyahu). En consecuencia, someter a debate la cuestión de la soberanía en la ONU y plantear una resolución al respecto es una iniciativa de lo más apropiada y pertinente. De hecho, la legitimidad del Estado de Israel no reside -por lo menos en lo que al derecho internacional se refiere- en el vínculo de la nación judía con Haifa o Tel Aviv, sino en la resolución 181 de la ONU. El problema es que, al rechazar los palestinos en 1948 la resolución 181, se ha creado una tierra de nadie contigua a Israel.

Solo después de que la Asamblea General vuelva a fijar las fronteras del Estado palestino (y del israelí) será posible negociar sobre una Jerusalén unificada como capital conjunta, sobre las relaciones económicas, sobre cuestiones de seguridad y gestión conjunta de los lugares santos. Esa resolución dilucidaría igualmente qué derechos tendrían los colonos judíos que decidan quedarse en territorios controlados por los palestinos, determinando igualmente la ilegalidad de los asentamientos, de la construcción del Muro de Separación y del mantenimiento de carreteras “exclusivamente judías”. La presencia de colonos no puede utilizarse para justificar ajustes de fronteras, ya que eso supondría una legitimación retroactiva de las acciones ilegales y unilaterales israelíes.

En este momento, quien desee evitar el retorno a un ciclo de violencia y derramamiento de sangre debe apoyar la estrategia palestina de resistencia no violenta ante la ocupación. Apoyar una resolución de la ONU sería el primer paso. Esperemos que Obama entre en razón y apoye la medida; de no ser así, es esencial que la comunidad internacional dé su veredicto sobre la ilegalidad de la ocupación israelí.

Lev Grinberg es profesor de Sociología Política y autor de Politics and Violence in Israel / Palestine (Routledge, 2010). Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.

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