¿Cuál debe ser el objetivo de déficit público para este año y para el próximo? ¿Cómo se deben combinar las reformas estructurales, los ajustes de gasto público y los aumentos de tipos impositivos para conseguir dichos objetivos? Las respuestas a estos interrogantes dependen de si la economía cuenta con la confianza de los ahorradores nacionales e internacionales o si la ha perdido y está sujeta a una severa restricción de financiación exterior.
El déficit presupuestario máximo en el que puede incurrir un país está determinado por la disponibilidad de los ahorradores nacionales e internacionales para aumentar las tenencias de su deuda pública. Cuando un país está sujeto a una restricción de financiación exterior la demanda de su deuda pública se hace muy inelástica, de manera que ha de pagar tipos de interés por unidad de déficit público cada vez mayores que los que soportan los países sin restricción exterior. Habitualmente, la demanda se hace mucho más inelástica para la deuda de los gobiernos regionales y locales, algunos de los cuales pueden encontrar serias dificultades incluso para renovar sus vencimientos de deuda. Igualmente se acentúa la inelasticidad de la demanda de deuda de la mayoría de las empresas privadas financieras y no financieras del país.
La exigencia de excesivos tipos de interés por unidad de deuda pública vendida puede deberse tanto a que los objetivos oficiales del déficit público en proporción al PIB sean insuficientes para estabilizar el crecimiento de la deuda pública como a la desconfianza de los mercados en que dichos objetivos se puedan conseguir mediante la política económica anunciada. Esto es, puede obedecer tanto a la insuficiencia del esfuerzo de consolidación fiscal anunciado como a un diseño defectuoso de dicho esfuerzo. En consonancia con la teoría y la evidencia empírica, los mercados consideran que un ajuste significativo y duradero del gasto público exige no solo recortes del mismo, sino también reformas sustanciales de los marcos institucionales donde se fraguan las fuentes principales de gasto público: estructura administrativa, relaciones laborales, sanidad y pensiones. Reformas estas que son un componente esencial, pero no el único, de los cambios estructurales necesarios para conciliar el ajuste fiscal con la potenciación del crecimiento económico. Asimismo, los mercados se apoyan en la evidencia empírica acumulada al considerar que cuanto más se concentre la reducción del déficit en recortes de gastos y menos en subidas de los impuestos directos más factible será la consecución de los objetivos presupuestarios sin dañar las posibilidades de crecimiento económico del país.
Así pues, si el programa de ajuste del déficit público no contiene reformas sustanciales que puedan simultáneamente alterar de forma sensible la senda de evolución del gasto público a medio y largo plazo y fomentar el crecimiento económico, persistirá la restricción de financiación exterior. Igualmente, si el programa de reducción del déficit público comprende subidas netas de impuestos directos se deprimirán las expectativas de crecimiento económico y difícilmente se aliviará la prima de riesgo. Además, si las subidas de impuestos directos se concentran en los tramos altos de renta y en los impuestos sobre el ahorro corriente o sobre el ahorro acumulado su impacto recaudatorio será exiguo en el mejor de los casos, y, sin embargo, reducirán significativamente el ahorro nacional e internacional disponible para financiar la deuda pública y privada del país.
Para comprender mejor lo anterior quizá sea conveniente demorarse brevemente en un aspecto de la restricción de financiación exterior al que no se le presta la debida atención en los análisis de la economía española. La financiación exterior neta disponible para la economía española, el monto de ahorro exterior neto con el que podemos contar para financiar la inversión privada y el déficit público, depende tanto de lo que nos quiera prestar el resto del mundo como de las decisiones de los ahorradores nacionales de destinar una mayor o menor proporción de su riqueza financiera a adquirir activos emitidos por las empresas privadas y el sector público de nuestro país. La restricción de financiación exterior se ha agravado en España tanto por una reducción de las entradas de capital como por un aumento de las salidas de capital provocadas por el desplazamiento de la riqueza financiera de los españoles hacia los activos emitidos por empresas y sectores públicos de otros países. Estas decisiones han sido alentadas, al igual que las de los ahorradores extranjeros, por la continua pérdida de confianza en la economía española. Pero también por medidas de política económica como la reciente subida, y el anuncio de inminentes subidas adicionales, de los tipos impositivos sobre el ahorro corriente y el posible restablecimiento de impuestos sobre el ahorro acumulado. Un país no sometido a una restricción severa de financiación exterior tiene un margen para diseñar su política económica que no se puede permitir el que sufre dicha restricción, como por ejemplo penalizar fiscalmente los rendimientos del ahorro o subir los tipos máximos del impuesto de la renta. Un país que, como es el caso de España, tiene una deuda exterior neta extraordinariamente elevada (cerca del 94% del PIB a finales del 2009) ha de conseguir que el grueso del ahorro interno acumulado se destine a la adquisición de activos nacionales y que no se reduzca la proporción de activos nacionales en las carteras de los ahorradores internacionales. La máxima inversión privada y el máximo déficit público que se pueden financiar vienen dados por la suma del ahorro interno que no se destine a la adquisición de activos internacionales más las adquisiciones netas de nuestros activos por parte de los ahorradores extranjeros. Así pues, las subidas efectuadas anunciadas del impuesto sobre el ahorro corriente, y no digamos la intención de restablecer impuestos sobre el ahorro acumulado, desvían nuestra riqueza financiera hacia la adquisición de activos exteriores y constituyen una infalible receta para estrangular las posibilidades de financiación de nuestra economía.
La única opción que existe para romper una restricción de financiación ocasionada por la pérdida de confianza en el país consiste en efectuar un tratamiento de choque, instrumentando reformas y medidas de ajuste sustanciales y coherentes entre sí que supediten la ideología a la razón económica, por parafrasear a un ministro del Gobierno. No es una buena política anunciar medidas y reformas al dictado de los repuntes de la prima de riesgo, actuando siempre por detrás de los mercados, para luego relajarlas o instrumentarlas de forma homeopática para no desatar en exceso las iras sindicales y demás posiciones ideológicas que parecen ignorar la situación económica del país. Entre una huelga sindical y una huelga de los ahorradores nacionales e internacionales, siendo ambas contrarias a los intereses de los trabajadores y en especial a los de menor renta y mayor probabilidad de estar desempleados, la segunda tiene consecuencias mucho más dañinas y duraderas para ellos y para el conjunto del país.
José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos.