La resurrección de los ajustes para países acreedores

Si se tiene en cuenta todo el discurso proteccionista que lanza el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, causa sorpresa que nadie haya mencionado, y mucho menos intentado invocar, una herramienta obvia para abordar los persistentes desequilibrios en la balanza de pagos: la cláusula de la “moneda escasa” del Acuerdo de Bretton Woods del año 1944”.

Esa cláusula, contenida en el Artículo 7 del acuerdo, autoriza a los países, “previa consulta con el Fondo [Monetario Internacional], a imponer temporalmente limitaciones a la libertad de operaciones de cambio de moneda en moneda escasa”; y otorga a esos países “jurisdicción plena para determinar la naturaleza de tales limitaciones”. La moneda de un país se considera escasa en el mercado de divisas si la misma importa más de lo que exporta – lo que en otras palabras quiere decir en caso de que se tenga un déficit en cuenta corriente.

La cláusula de la moneda escasa tiene una historia interesante. En su plan original para la fundación de un Banco Internacional de Compensación, el economista británico John Maynard Keynes propuso un rango creciente de sanciones contra los Estados miembros que mantuvieran saldos acreedores de forma continua (y sanciones menos onerosas para los países con saldos deudores persistentes). La idea era presionar a los países para que redujeran sus superávits en cuenta corriente. Los países con superávit no se verían impedidos de gastar su dinero libremente, pero no se les permitiría acopiarlo.

Estados Unidos, que de lejos era el mayor acreedor del mundo, comprensiblemente se negó a aceptar la propuesta de Keynes. Como resultado, se dejó que el FMI sea la institución que proporcionara ayuda financiera a corto plazo a los países con déficit y, en cualquier otro caso mantuviera la doctrina ortodoxa del ajuste deudor. Sin embargo, para aplacar a los británicos, Harry Dexter White, quien fue funcionario del Tesoro estadounidense y a quien hoy en día se recuerda como el arquitecto del Acuerdo de Bretton Woods, insertó el Artículo 7 con el propósito permitir que los Estados miembros carentes de dólares restrinjan sus compras de productos estadounidenses.

La cláusula de la moneda escasa ha permanecido como una ley en desuso desde aquel entonces. En los primeros años de la posguerra, EE.UU. taponeó las brechas en las cuentas corrientes de los países europeos con fondos del Plan Marshall. A principios de la década de 1970, el propio Estados Unidos tenían déficits comerciales y había un exceso de oferta de dólares. El Congreso de EE.UU. instó al FMI a invocar la cláusula de la moneda escasa contra los países con superávits “recalcitrantes”, pero sus esfuerzos cayeron en saco roto. Como ha señalado el historiador de la Universidad de Princeton, Harold James, se había dado la vuelva la tortilla: Estados Unidos se apropió y usó los argumentos de Keynes, pero los países europeos acreedores, junto con Japón, se resistieron a ello de manera exitosa.

Avancemos la historia de manera rápida hasta hoy en día. De las cuatro economías más grandes del mundo, solo EE.UU. se ve afligido por una competitividad persistentemente débil. China, Japón y Alemania, por el contrario, son países súper competitivos. Y, debido a que China, por razones propias, ha estado dispuesta a financiar el déficit de Estados Unidos, el dólar y el renminbi ahora parecen estar bloqueados en posiciones desalineadas.

Para corregir este estado de cosas, el economista Vladimir Masch sugiere que EE.UU. debe seguir un plan de “libre comercio compensado” (LCC), que esencialmente equivale a una activación unilateral de la cláusula de la moneda escasa. La administración de Trump fijaría un tope al déficit comercial de EE.UU. cada año y luego impondría límites a los superávits de los principales socios comerciales de EE.UU. Esto afectaría en gran medida a China, Japón, Alemania y México, países que contribuyeron con $347 mil millones, $69 mil millones, $65 mil millones y $64 mil millones, respectivamente, al déficit comercial de $737 mil millones en el año 2016.

Según el acuerdo de LCC de Masch, correspondería a cada país con superávit limitar sus exportaciones a EE. UU. Los países podrían exceder sus cuotas de exportación solo si pagaran una multa igual a la diferencia entre el valor de sus exportaciones reales y permitidas. Y, si intentaran exportar más de lo permitido sin pagar la multa, se bloquearían sus exportaciones excedentes.

El problema con este plan es que no ejerce presión sobre Alemania para que reduzca sus superávits con otros países de la eurozona. Sin duda, después de la crisis financiera mundial del año 2008, la Unión Europea estableció un procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) para multar a los países de la eurozona con superávits superiores al 6% del PIB o con déficits superiores al 4% de su PIB. Pero el PDM, si bien se ubica dentro del espíritu de la propuesta de Keynes para una Unión Internacional de Compensación, carece de dos mecanismos esenciales.

Primero, el plan de Keynes habría impuesto automáticamente sanciones contra los acreedores persistentes, mientras que el marco de la UE ha demostrado ser incapaz de hacerlo. Alemania ha tenido un superávit que excede el 6% del PIB durante más de una década con impunidad. Si bien su superávit frente a la eurozona recientemente se redujo a menos del 3% del PIB, esto es en gran medida es un reflejo de los países mediterráneos empobrecidos que importan menos productos alemanes. Si las economías de esos países se recuperan y vuelven a ubicarse cerca del pleno empleo, es probable que el superávit alemán repunte.

La segunda falla del PDM es que carece de las protecciones omitidas para los deudores que brinda la cláusula de la moneda escasa. Sin la capacidad de devaluar sus monedas, el único recurso que tienen los deudores persistentes de la eurozona es amenazar con abandonar la moneda única. Pero, como demostró la crisis griega, esta no es una amenaza creíble. El resultado es que los desequilibrios entre los acreedores y los deudores se han visto bloqueados en posiciones inamovibles.

Una forma de desbloquear los desequilibrios actuales sería adaptar el mecanismo de Bretton Woods. Cada Estado miembro de la eurozona pagaría a un Fondo Monetario Europeo en proporción a su ingreso nacional y su nivel de comercio exterior. Y, el Fondo tendría su propia cláusula de moneda escasa, lo que permitiría a los Estados miembros discriminar contra las importaciones de los países acreedores.

En su discurso del mes pasado en la Sorbona que tocó una amplia gama de temas, el presidente francés Emmanuel Macron hizo un llamado a favor de la creación de un Fondo Monetario Europeo, aunque no explicó los detalles de lo que él vislumbra. Un mecanismo que prevea la discriminación comercial podría violar los principios de libre comercio de la UE. Y, sin embargo, la integración económica siempre ha dependido de un cierto grado de ajuste de los acreedores. Sin dicho ajuste, un sistema de libre comercio con el transcurso del tiempo se vendrá abajo. Los defensores de las fronteras abiertas pueden pagar los costos ahora, o con seguridad los pagarán más tarde.

Robert Skidelsky, Professor Emeritus of Political Economy at Warwick University and a fellow of the British Academy in history and economics, is a member of the British House of Lords. The author of a three-volume biography of John Maynard Keynes, he began his political career in the Labour party, became the Conservative Party’s spokesman for Treasury affairs in the House of Lords, and was eventually forced out of the Conservative Party for his opposition to NATO’s intervention in Kosovo in 1999. Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.

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