En los últimos años, se está alimentando el imaginario del conflicto generacional. Sus ideólogos, negacionistas de los conflictos de clase, pretenden sustituirlos por las hostilidades entre grupos de trabajadores, generando además sentimientos de privilegio y culpa entre las personas con derechos.
El impacto de la inflación en la revalorización de las pensiones está siendo utilizado para alimentar este discurso. Sobre la base del agravio comparativo entre pensionistas “privilegiados” y jóvenes precarios, y a la supuesta insostenibilidad del gasto, se plantea no revalorizar las pensiones en función del IPC. Aunque, de momento, ningún partido ha planteado una alternativa concreta.
Para saber si existe una propuesta mejor a la actual resulta útil analizar como ha evolucionado la revalorización desde que en 1978 la Constitución mandató a los poderes públicos a la actualización periódica de las pensiones.
Durante los años ochenta la revalorización quedó en manos de la discrecionalidad del Gobierno de turno. Con imágenes tan poco edificantes como la de Felipe González anunciando cada septiembre la cuantía de la revalorización en la fiesta minera de la localidad leonesa de Rodiezmo.
A partir de 1996 y fruto de la concertación social, se comenzó a garantizar la revalorización en función del IPC pasado.
En 2012, el Partido Popular hizo aprobar una fórmula que hacía depender la revalorización del superávit o déficit del sistema, pero que en la práctica suponía un 0,25% a perpetuidad. Es significativo que el propio Gobierno de Mariano Rajoy no llegó a aplicarla nunca.
Ahora, la Ley 12/2021, fruto de la concertación social, ha establecido la garantía legal de la revalorización en función del IPC promedio del año.
En un estudio reciente, el equipo de EsadeEcPol se apunta a la lógica del conflicto entre generaciones, obviando el impacto que tiene en la desigualdad social el conflicto entre el capital y el trabajo. Para afrontar el “agravio comparativo” presentan una propuesta que en resumen consiste en una revalorización diferenciada por cuatro tramos de renta, a los que se aplicaría diferentes porcentajes (el 2%, el 4%, el 6% y el 8,5%).
Se trata de una propuesta que parece desconocer la realidad micro de las pensiones, no garantiza la equidad y no creo que pueda superar el control de constitucionalidad.
Sorprende que en ningún momento del estudio se haga referencia a cómo afectaría a las cuantías concretas de las pensiones actuales. Quizás porque así se camufla que, con su propuesta, solo accederían a la revalorización plena menos del 50% de pensionistas, los que cobran por debajo de 800 euros.
El estudio reconoce la naturaleza contributiva de nuestra Seguridad Social pero luego sus propuestas ignoran este principio. Recordemos que para acceder a eso que llaman pensiones altas —sin concretar a partir de que cuantía reciben esta calificación— hace falta haber cotizado muchos años y con bases muy elevadas en los últimos 25 años. Por cierto, no los 15 elegidos (¿?), como erróneamente se afirma en el estudio.
También se obvia que en muchos casos estas pensiones “altas” corresponden a personas que han estado cotizando por bases muy superiores al importe de la pensión máxima. La diferencia puede llegar a una horquilla entre la base máxima de cotización de 4.139,40 euros por 12 meses y la pensión máxima de 2.819,20 € por 14 pagas. Así debe ser, porque con ello, quienes más cobran contribuyen de manera solidaria al sistema. Pero la contrapartida es garantizar que luego sus pensiones no pierden poder adquisitivo. En caso contrario, se estará incentivando la sub-declaración de salarios y la fuga de rentas altas a los fondos privados.
La propuesta hace aguas cuando su análisis de meteosat se contrasta con la realidad micro. Algunas goteras a vuela pluma. Se estaría excluyendo de la revalorización plena a buena parte de las jubilaciones demoradas —los que atrasan voluntariamente la jubilación más allá de la edad ordinaria—. Desincentivando así la prolongación voluntaria de la vida activa que ellos mismos proponen.
También afectaría negativamente a buena parte de los pensionistas de gran invalidez que están en la banda alta. Tendría un impacto negativo en algunas de las más de 928.374 personas que perciben dos pensiones —jubilación y viudedad—, la mayoría mujeres.
La propuesta planteada topa con la complejidad de la vida. ¿Qué pasaría con los pensionistas que están en la frontera de cada uno de los cuatro tramos de revalorización que se proponen? Una diferencia de un euro en la pensión recibida en 2022 podría suponer un porcentaje de revalorización de la mitad. ¿Cómo se justifica eso en términos de equidad y contributividad?
Sin obviar el obstáculo más importante. ¿Cuándo entraría en vigor la cláusula de excepcionalidad a la revalorización por ley en función del IPC? ¿Quién la acordaría y bajo qué criterios objetivos?
Hay que agradecer el esfuerzo de EsadeEcPol para pasar de la consigna a la propuesta, pero la suya genera más problemas que soluciones. Mejor concentrar los esfuerzos en aumentar los ingresos contributivos y tributarios del sistema y en medidas para frenar la inflación.
Joan Coscubiela es director de la Escuela del Trabajo de Comisiones Obreras.