La revolución pendiente

El pasado jueves se cumplió exactamente medio año desde que el PSOE salió del Pacto Político, Social e Institucional por la Educación, dinamitando la negociación más importante de esta legislatura. Un pacto que el partido de Sánchez no sólo había votado, sino que había pedido (sumándose a Ciudadanos y al PP) en lo que el tiempo y los hechos han mostrado como un ejercicio de cinismo.

Más de 83 comparecencias de expertos después de un año de trabajo y un guion consensuado (en el que se habían identificado 15 cuestiones concretas y de urgente modificación) quedaron en el aire cuando Sánchez ordenó a sus diputados levantarse de la mesa. El seis de marzo de 2018 el PSOE abandonó la subcomisión en el punto 2, con una excusa peregrina, que ni siquiera cumple en las comunidades en las que gobierna: destinar el 5% del PIB a financiar unas medidas que aún no se habían concretado.

El actual presidente de Gobierno frustraba un acuerdo que la sociedad reclama desde hace años al decidir seguir haciendo de la educación un arma electoral. Por cierto, años antes, el ahora partido de Casado había hecho lo mismo. Unas oportunidades perdidas imperdonables que la ciudadanía no puede ni debe olvidar. Porque en materia educativa cuando no avanzamos estamos retrocediendo.

Desde Ciudadanos llevamos diciéndolo hace tiempo: no basta con un acuerdo político de mínimos, no basta con componendas cosméticas para que el PSOE y el PP dejen de pelearse por la concertada o la religión. España no puede seguir condenada a la reverberación cíclica de los viejos grandes éxitos del bipartidismo (trufada con dádivas calculadas al nacionalismo) mientras se vulnera un derecho fundamental de nuestros jóvenes y se condena su futuro y el de nuestra nación. La degradación del sistema educativo es endémica y necesita una firme respuesta.

De algunos lodos durante más de 30 años, los barros que nos estamos encontrando hoy. Por ejemplo, el inmovilismo sobre las propuestas didácticas que ha petrificado un currículum obsoleto y caótico que no forma a nuestros jóvenes como debiera. Por ejemplo, la falta de valoración de los docentes que ha acabado reduciendo peligrosamente el debate educativo en un debate laboral y sindical. Por ejemplo, la ausencia de enfoque de estado y de generosidad que han alentado peligrosamente las desigualdades educativas por razón territorial. Por ejemplo, la postración continuada de determinadas herramientas (como la Alta Inspección) y la ausencia de evaluación del sistema que nos han dejado indefensos ante el mal conocimiento, las postverdades e incluso las deslealtades al orden constitucional. Así, podría continuar con multitud de problemas que requieren de una reforma profunda.

España no se puede permitir el lujo de seguir con una dinámica perversa y redundante en la que es, sin duda, la política pública más trascendental, la que más condiciona el futuro de un país. No: porque sociedad y educación se sustentan y retroalimentan. Tal y como se defina y se proyecte una sociedad, así establecerá la instrucción de sus ciudadanos; y, a la inversa, tal y como una comunidad forme a sus generaciones, así devendrán las civilizaciones del futuro.

El debate educativo es el debate social por antonomasia en un país preocupado por su futuro, y como tal debe de posicionarse en este momento. ¿Por qué? Porque formación, ciudadanía y bienestar están íntimamente conectados, como prueban distintos indicadores y como expusieron ya en su momento los padres de la educación moderna. El informe Quintana, el primero que, en nuestro país, en el siglo XIX recoge las ideas liberales sobre educación, apunta ya que la instrucción no es sólo el instrumento para la transformación social, sino también para el progreso humano y la felicidad individual. Con los cambios culturales derivados de la revolución industrial, el pragmatismo americano, con Dewey, reparó también en algo esencial: el valor de la educación para la creación de “comunidad”. Pero, como sostenía este autor, a la vez, el cambio social exige inexorablemente la adaptación de los sistemas de educativos.

La metamorfosis impuesta en todos los sectores en las últimas décadas demanda más que nunca modificaciones en la formación. En una era definida como “del conocimiento”, si un ámbito precisa evolucionar ese es el educativo. Hoy, las capacidades y competencias (tanto de las instituciones como de los ciudadanos) que se precisan son, sin duda, otras que las que requerían en épocas anteriores. Cada vez son más países los que han entendido lúcidamente el cambio de paradigma y, ante un entorno distinto con metas y retos diferentes, ya han impulsado con eficacia reformas para adaptar las políticas educativas a los nuevos tiempos. No ha sido fácil: la transformación deriva y requiere de un giro cultural y actitudinal. Hace falta rigor, humildad, generosidad y esfuerzo y poner estas reformas como prioridad política, mediática y ciudadana. Entender que son inevitablemente una inversión: la mejor inversión.

Lamentablemente, algunas fuerzas políticas en España parecen no haber comprendido nada. O mejor, sí lo han comprendido, pero no quieren modificarlo. Desde hace años, el debate educativo sigue peligrosamente ceñido al interés partidista: la formación de los ciudadanos lleva siendo décadas una herramienta electoral y, lo que es más triste, una moneda de cambio para la negociación. En este contexto, además de en el afán por la polarización con temas manidos, los poderes públicos se mantienen obcecados en parchear políticas del pasado (que no responden a las necesidades de la realidad) regodeándose en la mediocridad. Señores del PP y del PSOE: no basta con que algunos indicadores en nuestro país no empeoren demasiado. Cuando de educación se trata, quedarse en la zona de confort es prolongar una peligrosa parálisis. Y no es sólo una cuestión de financiación, siendo la financiación una cuestión esencial.

Urge dejar de hablar de reforma y de pacto y empezar a hablar de revolución educativa. Urge asociar este debate social al proyecto de país, a la transformación cultural y al servicio público. Urge no volver a hacer jamás dejación de funciones desde el Estado y garantizar una formación justa, veraz y de calidad. Porque si no lo hacemos, la educación -que es el futuro de la democracia, la ciudadanía, el progreso y la felicidad- dejará de ser de ser el mejor revulsivo para la evolución individual y colectiva y acabará convirtiéndose en el peor de los lastres.

Marta Martín Llaguno es catedrática en Comunicación Audiovisual y Publicidad y diputada de Cs.

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