Hace tres años que el Gobierno de España ironiza y bromea con la ruptura de España y con todos aquellos que hemos advertido de su llegada, políticos del PP, medios de comunicación, movimientos cívicos e intelectuales. Ayer, el Consejo de Ministros probablemente se reía de la última de esas gracias en el momento en que fue informado de que se acababa de conocer una historia real de asombroso parecido con el objeto de sus chanzas. El lehendakari Ibarretxe había anunciado las fechas de su ruptura con España, 25 de octubre de 2008, primera parte, segundo semestre de 2010, segunda parte. No, no es un chiste, Sra. Vicepresidenta, insistió el informante, ha ocurrido hace unos minutos en el Parlamento vasco.
El 25 de octubre de 2008, independientemente de lo que digan el Parlamento y el Gobierno de la nación y al margen de las leyes y de la Constitución, Ibarretxe realizará una consulta en la que romperá la soberanía depositada en el pueblo español y convertirá de facto a los habitantes del País Vasco en los dueños exclusivos de esa soberanía. El lehendakari declarará unilateralmente el derecho a decidir de los vascos y el acto de ruptura con el Estado habrá quedado consumado, al margen de los mecanismos que puedan habilitarse para contrarrestarlo.
Cómo hemos llegado a esto y qué hacer, son las dos preguntas fundamentales. Sobre la primera, hemos llegado a esto mientras el Gobierno de la nación se reía. Bajo la gravísima responsabilidad de un presidente que ha minusvalorado, ha despreciado, incluso ha ridiculizado todas las llamadas de alerta de la oposición sobre los avances de la radicalización de los nacionalismos, sobre su creciente poder, sobre la degradación de la vida política en Cataluña y el País Vasco, sobre el desamparo de los ciudadanos en ambas comunidades. Sobre los signos peligrosos de un proceso de ruptura de España desde ETA y los nacionalismos vasco y catalán.
Hemos llegado a esto mientras el Gobierno de la nación ironizaba sobre el supuesto alarmismo de la oposición. Y aún peor, mientras negociaba con ETA sobre la unidad de España. En realidad, las ironías de la izquierda sobre la ruptura de España constituyen tan sólo el barniz superficial del proceso que nos ha llevado a la consulta de 2008. En el fondo está la negociación con ETA. Compárense la argumentación del discurso de ayer de Ibarretxe para justificar su plan de ruptura y lo que considera primeros pasos hasta el pleno del Parlamento vasco de junio de 2008, con los acuerdos iniciales alcanzados por el Gobierno y ETA. El contenido es el mismo: reconocimiento de la existencia de un conflicto, compromiso de negociación entre los partidos políticos vascos para alcanzar un pacto sobre un nuevo modelo político y respeto a lo que decidan los vascos. Lo actores también son los mismos: los partidos vascos y ETA.
El Gobierno no ha permanecido impasible ante el proceso de ruptura liderado por los nacionalistas. Es peor. Lo ha legitimado y lo ha alentado. Los fundamentos de este nuevo plan Ibarretxe están en los acuerdos alcanzados por el Gobierno con ETA. Ni siquiera es preciso acudir al documento guardado sobre ese acuerdo en la caja fuerte de un banco que Zapatero se niega a mostrar a la oposición y a los españoles. Los contenidos fueron desgranados por numerosos discursos del propio presidente y de algunos ministros.
Le negociación con ETA y con los nacionalismos para cambiar el modelo político vasco fue la apuesta del PSOE para apaciguar el conflicto nacionalista. Fue su alternativa a la política del PP de cierre del Estado de las autonomías, fortalecimiento de la nación española y firmeza constitucional y nacional frente a las nuevas demandas nacionalistas y a su radicalización.
La radicalización nacionalista, no debemos olvidarlo, ya existía. El Pacto de Lizarra, de los nacionalistas, IU y ETA es del 12 de septiembre de 1998. Ni el PSOE ni este Gobierno han creado esa radicalización. Su grave responsabilidad es que la han alimentado, han pactado con sus responsables y han errado gravemente en la estrategia política para hacerle frente.
En 1998 y hasta 2004 teníamos una estrategia de Estado y una movilización de la nación asumida por ese Estado para responder a la radicalización nacionalista. Hasta 2001 tuvimos, además, un pacto constitucionalista entre el PP y el PSOE en el País Vasco para desarrollar una alternativa nacional y española al nacionalismo vasco desde dentro del País Vasco y con los ciudadanos vascos. Fue la estrategia alentada, promovida y defendida por el PP y por un importante sector del PSOE. Zapatero destruyó esa estrategia. Y en marzo de 2004, cuando estuvo en su mano hacerlo, impuso su estrategia alternativa. El resultado no es un chiste. En el caso del nacionalismo vasco, la ruptura con España tiene fechas concretas. En el nacionalismo catalán, tiene propuestas tentativas de posibles fechas.
Sobre la segunda pregunta, qué hacer, sólo cabe un camino, el de la recuperación de la estrategia que fue destruida por Zapatero para pactar con el nacionalismo radical y ETA. Una acción firme y decidida del Estado contra la sublevación institucional de las autoridades autonómicas vascas. Y una movilización de los ciudadanos españoles contra los intentos de usurpación de su soberanía y contra el desamparo de los ciudadanos vascos atrapados en la sublevación de su lehendakari.
Y esa estrategia sólo es posible con otros líderes al frente del Gobierno, con un cambio en las próximas elecciones generales de 2008 y con un PP que tenga la mayoría suficiente para liderar al Estado contra la secesión vasca. Zapatero está inhabilitado para asumir ese liderazgo y hacer frente al acto de ruptura de Ibarretxe. Su respuesta, ayer, la respuesta del Gobierno de España, al gravísimo anuncio de ataque a la soberanía nacional, fue que hablará con el promotor del ataque. El presidente dialogará sobre la ruptura de España. Ha sido su política y es la única que será capaz de articular de aquí a las elecciones generales y, si gana, de ellas hasta el 25 de octubre. Intentará convencer a los nacionalistas e IU para que no convoquen la consulta. O renegociará sus términos, con ellos y de nuevo con ETA, para suavizar su contenido.
Desde el inicio de la construcción de nuestro modelo autonómico, nuestro problema con la radicalización nacionalista no ha estado en sus propios promotores. No cabía esperar otra cosa de ellos. Nuestro problema ha estado en la respuesta a esa radicalización por parte de los grandes partidos españoles, de los intelectuales y del conjunto de las élites. En la debilidad, en las dudas, en los titubeos, en el lamentable complejo sobre la nación española, en la incapacidad para reivindicar una nación y un Estado fuertes frente a las arremetidas nacionalistas.
Ahora y en el futuro, nuestro problema es el mismo. La capacidad para hacer un Estado y una nación fuertes dentro de los cuales los españoles podamos sentirnos tranquilos y seguros frente a la sublevación de las minorías radicales. El futuro del programa de secesión de los nacionalistas vascos no depende de ellos. Depende de si los líderes que le hagan frente creen en la unidad de España o hacen chistes con ella.
Edurne Uriarte, catedrática de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos.