Para salir de la crisis no hay una propuesta de izquierda que parezca factible. Tampoco se toma ya en serio que la actual va a acabar con el capitalismo, un espejismo que, con periodos de mayor o menor intensidad, arrastramos desde finales del siglo XIX. La ocurrencia del presidente Sarkozy de que habría que refundarlo, sustituyendo el financiero por uno basado en principios morales, a lo sumo ha aguantado una semana. El capitalismo financiero, que el erario salvó con cantidades ingentes, presiona de nuevo con los déficits que él mismo ha ocasionado, aprovechando la fragilidad de algunos miembros para atacar al euro.
La propuesta de la izquierda de salir de la crisis, salvando el Estado social, sin arriesgarse a perder las elecciones ningún partido puede ponerla en cuestión. No es solo de justicia impedir que los de siempre paguen los costes de la voracidad de los de arriba, sino de racionalidad económica: la condición para volver a crecer en un plazo razonable es que no se desplome el consumo interno. Además de inversiones públicas, acelerar la remontada exige fórmulas que empujen las privadas, amén de que el cambio de modelo productivo depende en buena parte de las inversiones en educación, ciencia e innovación tecnológica, que habrá incluso que ampliar.
Ahora bien, ¿cómo mantener el consumo interno y aumentar las inversiones, teniendo que reducir sustancialmente, tanto el déficit público, como el endeudamiento privado de los bancos? Obviamente, disminuyendo los gastos, en primer lugar los de la Administración, y aumentando los ingresos, combatiendo en serio el fraude fiscal y subiendo los impuestos. Pero aquí nos damos de bruces con los dos temas que, si no insolubles, son al menos de dificilísimo arreglo, justamente, aquellos que hasta ahora han echado por tierra los planes de la izquierda, obligada una y otra vez a claudicar de sus principios.
Una política de ahorro, sin desmontar el Estado social ni disminuir drásticamente las inversiones, aparte de una poda de subvenciones superfluas, que dan poco de sí, exige una remodelación profunda de las distintas administraciones. Y estas son ya palabras mayores. La peor herencia de la transición, y de la Constitución en la que aquella se plasmó, es la organización territorial hasta en cuatro niveles, el municipal, provincial, autonómico y central. En España tenemos 8.114 ayuntamientos, una buena parte con un número de habitantes que no permite racionalizar el gasto, y que habría que reunificar en entidades de un mínimo de unos 10.000 habitantes, así como reconsiderar las competencias urbanísticas que han sido a menudo fuente principal de caos y corrupción. En un Estado que a la larga solo podrá subsistir si se reconvierte en uno federal, tiene poco sentido la permanencia del último reducto del Estado unitario, la provincia. La principal función que la Constitución le otorga es servir de distrito electoral, pero con un sistema que deja sin representación a millones de votantes, se ha mostrado tan nocivo como inútil elegir una segunda cámara sin apenas competencias, pero con la enorme desproporcionalidad de cuatro senadores por provincia.
Pero es en las Autonomías donde se fijan todas las miradas. Los altos costos de una descentralización que a menudo ha traído consigo la reduplicación de servicios, en momentos de crisis indignan a la mayoría y a todos atemorizan. Mientras nos lo pudimos permitir, se justificaba por los bienes que se creía reportaba a la convivencia democrática; pero ahora, cuando no queda otro remedio que ahorrar, parece inverosímil que, sin haberse ni siquiera iniciado una reforma de las distintas Administraciones, se hayan consolidado las Comunidades Autónomas. No saldremos del atolladero sin contar con una Administración más eficaz y a un costo mucho más bajo.
Ahorrar, sin derribar el Estado social ni recortar la inversión, requiere, junto a una reforma profunda de la Administración, subir los impuestos a aquellos que puedan pagarlos. Algo que parece de sentido común, y no solo desde la izquierda, pero que en cuanto se da un repaso a los obstáculos que habría que vencer, se constata la enorme dificultad, si no imposibilidad, de llevarlo adelante.
Recientemente el presidente Obama ha fracasado en el intento de abolir los privilegios fiscales que Bush júnior concedió a los más ricos. Por boca de los expertos, a los que los medios siguen fielmente, se ha logrado convencer a una buena parte de la población que la subida de impuestos supone un atentado contra la razón económica. A los pudientes no les basta el control absoluto de la opinión pública, descalificando de necio o inepto al que se atreva a discrepar, sino que cuentan con otros instrumentos eficaces, desde sacar el dinero a espuertas, dejando de invertir en el país, hasta presionar desde los llamados mercados para que caiga el Gobierno que se atreva a proponer una subida.
Lo grave de la situación es que una política socialdemócrata no solo no es factible por la amplitud de las fuerzas sociales en su contra, sino porque ya no cuenta con el apoyo de los que fueron sus votantes más fieles. Aunque la crisis puede haber radicalizado a una exigua minoría de la izquierda, lo más llamativo, sin embargo, es que amplias capas de asalariados, con trabajo o en paro, comulguen con las ideas dominantes. La crisis está empujando, no solo a las clases medias, sino a amplios sectores populares, a una derecha cada vez más radical.
Así las cosas, levanta la voz la que se autodenomina "sociedad civil", y que Aranguren prefería llamar "sociedad mercantil", porque encarna los intereses de las grandes empresas que sus distintas fundaciones exponen por boca de los expertos a su servicio.
Cabe resumir el mensaje que transmiten en los términos siguientes: desconfianza total ante el sistema político que proviene de la transición por haber caído en manos de las cúspides de los partidos, cada vez más alejadas de la ciudadanía. Necesidad perentoria de una reforma laboral que permita acabar con la dualidad de trabajo fijo y temporal, convirtiéndolo todo, al abaratar el despido, en temporal.
A ello se une la exigencia de suprimir en la medida de lo posible los convenios colectivos, que la clase obrera había conseguido después de decenios de arduas luchas, dejando a los trabajadores en el desamparo de tener que negociar salarios y condiciones laborales en cada empresa por separado. Ya que el euro impide devaluar la moneda, y solo cabría competir con salarios bajos, las dos medidas a las que los sindicatos se oponen tendrían la virtud de ir acoplándolos a la productividad, algo que, es preciso reconocer, tal vez aliviaría el desempleo de los más jóvenes.
Se da por supuesto que el plan para salir de la crisis pasa por una reducción considerable de los salarios y, algo bastante más difícil de lograr, por un descenso del gasto público, rebajando el de las Administraciones y el del Estado social. Se mencionen abiertamente o no, los dos adversarios que la "sociedad civil" pretende domeñar son unos sindicatos que no se doblegan a aceptar las rebajas que se consideran necesarias -la sombra de la señora Thatcher recorre España- y los nacionalismos periféricos, sin cuyo apoyo no se puede gobernar, pero que están dispuestos a defender con uñas y dientes las Autonomías en su formato actual.
Por Ignacio Sotelo, catedrático de Sociología. Su último libro es El Estado social.