El 15 de abril los cinco principales organismos humanitarios de la ONU pidieron a la comunidad internacional que use su influencia para evitar que en Siria cientos de miles de personas pierdan sus hogares, sus vidas y su futuro. El comunicado conjunto abogaba por impulsar un acuerdo político que ponga fin a una guerra civil que dura ya más de dos años y que constituye un grave deterioro de la seguridad en una región ya de por sí muy inestable.
El sobrecogedor drama humanitario que sufre Siria no se limita, con ser gravísimo, a los más de 70.000 muertos, el millón de refugiados y los cinco millones de desplazados. La persistencia e intensidad del conflicto armado también ha acabado con todo vestigio de respeto por la dignidad humana y está provocando una fractura social que será muy difícil de recomponer. En estas circunstancias, la descomposición del Estado, con una Administración inoperante, débil y sin autoridad alguna sobre buena parte del territorio, está facilitando que grupos islamistas radicalizados, señores de la guerra y el crimen organizado estén tomando el control de importantes áreas de poder.
La estrategia puesta en práctica por Bachar el Asad de respuesta temprana y violenta desactivó en 2011 lo que inicialmente no pasaba de ser un arrollador movimiento de protesta social. Con ello consiguió que las milicias opositoras al régimen se hicieran con el protagonismo de la rebelión, transformando la crisis política y social en una guerra civil. Tal como está planteado, el conflicto es sostenible gracias a los apoyos externos al régimen, encabezados por Rusia, que permiten al presidente sirio desentenderse de las posibles actuaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y minimizar los efectos del embargo europeo y de la ayuda norteamericana a los rebeldes. Así, lo que podría haberse resuelto en un tiempo razonable se ha enquistado en una guerra cada vez más radicalizada y compleja, caracterizada por la desunión de los grupos opositores y por las connotaciones sectarias, fruto de la presencia de combatientes extranjeros, grupos extremistas y delincuencia organizada. Sin cambios sustanciales, no es previsible que el final de la crisis pueda alcanzarse, ni siquiera a medio plazo, por vía del conflicto armado, pues los apoyos que reciben las partes enfrentadas equilibran las fuerzas y prolongan la confrontación.
Así las cosas, el estancamiento y la virulencia del conflicto están haciendo de Siria un nuevo Estado fallido marcado por la descomposición de la Administración, el colapso económico, la desaparición del tejido productivo, la destrucción de infraestructuras y una importante fractura social. Pero como suele ser habitual, las consecuencias negativas de la guerra civil no se limitan al propio país. En este caso, resulta preocupante el protagonismo de los yihadistas —el 20% de los rebeldes—, las actuaciones de los partidarios del régimen en el Líbano, y los flujos de refugiados que han llevado al límite la capacidad de acogida de Jordania, Líbano, Turquía e Irak. Si a esta delicada situación se añade la reafirmación de la postura de Rusia, cuyo Ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha insistido en que la única salida posible pasa por el diálogo y la creación de un Gobierno de transición, parece indiscutible que la opción de una operación militar internacional ha quedado inhabilitada.
Descartada la intervención militar directa, la Unión Europea y Estados Unidos han implementado medidas tan poco determinantes como el embargo de armamento, la restricción de vuelos, las sanciones comerciales y la ayuda no letal a los rebeldes. Estas actuaciones podrían verse reforzadas a corto plazo con otras más resolutivas como la asistencia militar y la entrega de armamento a los rebeldes, ya que hasta el momento Rusia, China e Irán han podido contrarrestar el apoyo occidental y de la Liga Árabe. En este sentido debe entenderse el posicionamiento de los países occidentales para que el Tratado sobre el Comercio de Armas acordado el 2 de abril en la Asamblea General de las Naciones Unidas no prohibiera el suministro de armas a los grupos rebeldes.
Ante la lenta evolución de los acontecimientos, cabría preguntarse si es posible retomar la vía de la negociación entre las partes, incluido el actual régimen, para lograr un acuerdo que permita una transición política monitorizada por las Naciones Unidas. Ya en abril de 2012 se alcanzó un acuerdo de cese de la violencia bajo la vigilancia de la Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en Siria (resolución 2043), que debía aplicar los seis puntos propuestos por el enviado especial conjunto, Kofi Annan: proceso político incluyente, cese de la violencia, asistencia humanitaria, liberación de detenidos, libertad de circulación a periodistas y libertad de asociación y derecho a manifestarse pacíficamente. Tras un corto periodo de relativa calma se reanudaron las hostilidades y el 15 de junio la misión tuvo que suspender sus actividades.
Un año después, los combates siguen en aumento, el drama humanitario se ha agravado y la posibilidad de una solución armada al conflicto parece cada día más remota. Ante este panorama, la comunidad internacional debería dar otra oportunidad a la negociación sin reducir la presión sobre las partes. En caso contrario, la única salida viable para el fin de la guerra es asumir las consecuencias de apoyar al Ejército Libre Sirio con mayor determinación y antes de que los extremistas dominen la oposición al régimen. Todo antes que acomodarse al sufrimiento humano y a incrementar la inseguridad en la región.
Francisco Rubio Damián es colaborador experto del Observatorio paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza.