En una época convulsa, marcada por la inestabilidad financiera, presupuestaria y social, con medidas de política económica que comprometen la viabilidad y persistencia de un Sistema Nacional de Salud universal, gratuito y equitativo, los médicos y las sociedades científicas no hemos tenido más remedio que pronunciarnos, implicarnos y salir a la calle para intentar neutralizar una reforma sanitaria que implica cambios profundos en las directrices que emanan de la Ley General de Sanidad de 1986. Esta ley garantiza la asistencia sanitaria a toda persona dentro del territorio español, sin discriminación de ningún tipo, y legisla el derecho de cualquier ciudadano a tener acceso a una atención sanitaria óptima y eficaz.
Las medidas de ahorro planteadas por el Ministerio de Sanidad aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril y la pretendida privatización de parte del sistema sanitario en algunas comunidades autónomas bajo la denominación de externalización en la gestión de los servicios ponen en riesgo el derecho a la protección sanitaria de los ciudadanos en las condiciones auspiciadas por la ley.
La universalidad de la asistencia se ha perdido; el Real Decreto 16/2012 conduce a un cambio del modelo: del Sistema Nacional de Salud (cobertura universal) al Sistema de Seguridad Social (cobertura para los que cotizan y ostentan la condición de asegurado). Lo mismo podemos decir de la gratuidad, que se pierde con el copago, y de la calidad y equidad del sistema, que peligran por los recortes en personal. «Equidad», en salud, significa que todas las personas tienen la posibilidad y el derecho de ser atendidas, exploradas, diagnosticadas y tratadas con eficiencia, independientemente de su posición social u otras circunstancias determinadas por factores sociales.
La exclusión del acceso a la asistencia sanitaria en los casos estipulados en el real decerto es una medida que dificultará la continuidad de tratamiento y cuidados a los pacientes y posiblemente sobrecargará los servicios de urgencias, lo que complicará aún más la ya habitual elevada demanda de asistencia sanitaria que sufren estos servicios. Afortunadamente, hace muy poco que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional respecto a la atención a inmigrantes.
No estamos en contra de la sanidad privada, estamos en contra de privatizar una sanidad pública que funciona. Tampoco es mi objetivo debatir sobre las ventajas e inconvenientes de un sistema de gestión privatizado sobre uno público; pero si hubiera superioridad de uno sobre otro, se debería demostrar y dar a conocer. No se trata de dar cifras sobre porcentajes del nivel de satisfacción de las personas en relación a los cuidados que prestamos. Ni tan siquiera de los costes por habitante. Se trata de ser objetivos y fundamentarse en resultados de salud. Por lo tanto, se necesitan estudios, bien diseñados, en nuestro ámbito de asistencia, que comparen y aclaren si la atención médica proporcionada por la gestión privada tiene un impacto más favorable sobre el curso de la enfermedad, considerando como medidas de resultado e indicadores más sensibles las tasas de morbilidad y de mortalidad en la población a la que atienden. Podemos asegurar que para nuestros políticos la salud no es lo que importa, lo que importa es el ahorro. Parece que las consecuencias sanitarias que entraña la privatización, aún siendo desconocidas, poco interesan.
Aunque muchos compañeros seguimos defendiendo y creyendo en un sistema sanitario universal, público, eficiente y de calidad, somos conscientes de la necesidad de abordar cambios estructurales y de organización que permitan contribuir a la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión y promover el ahorro. Los profesionales sanitarios siempre hemos estado abiertos al diálogo para optimizar los recursos. Claro que podemos y debemos mejorar, hay aspectos trascendentales de la asistencia sanitaria que permiten mejorar la eficiencia del sistema. Por ejemplo, es necesaria la despolitización del Consejo Interterritorial de Sanidad (CIS) que permita corregir las ineficiencias derivadas del modelo político y organizativo. Debe tener capacidad decisoria y ésta debe ser vinculante para todas las comunidades autónomas. No es lógico ni operativo tener 17 sistemas sanitarios distintos con absoluta libertad para aplicar las resoluciones del CIS, y lo que es peor, con 17 sistemas de reconocimiento salarial, laboral y profesional.
Es necesaria también la restricción de las inversiones en nuevas infraestructuras y tecnologías. La coordinación entre niveles asistenciales y la instauración de la historia clínica electrónica común para todos los pacientes y ámbitos, independientemente de dónde residan aquéllos, permitirá evitar duplicidades diagnósticas y terapéuticas. Estamos de acuerdo en optimizar la adquisición de los productos sanitarios mediante las centrales de compras y la selección y utilización racional de tecnologías sanitarias. Del mismo modo, valoramos positivamente que el copago farmacéutico tenga en cuenta el nivel de renta del ciudadano. También hemos denunciado multitud de veces la necesidad de dejar de financiar ciertos fármacos, limitar pruebas complementarias y productos sanitarios.
La coordinación entre niveles, el impulso al desarrollo de los auto-cuidados o el avance en la autonomía de la gestión son otras medidas urgentes para conseguir la sostenibilidad del sistema.
De entre todas las medidas, hay una que considero prioritaria: la formación continuada del profesional sanitario, reconocida, obligatoria, durante la jornada laboral y la necesaria acreditación y reacreditación. Probablemente, una de las herramientas más eficaces para garantizar la sostenibilidad. Permite disminuir la variabilidad en la práctica médica, seleccionar y utilizar racionalmente los fármacos y las tecnologías sanitarias, mejorar y controlar la prescripción a través de guías de práctica clínica y protocolos. Para ello es indispensable incentivar el rendimiento mediante el reconocimiento profesional, laboral, social y salarial ligado a la responsabilidad, competencia y productividad de los profesionales.
En definitiva, hay que trabajar en mejorar la motivación y la fidelización institucional. La formación no es una prioridad en nuestro Sistema Nacional de Salud, tampoco la docencia e investigación, pese a que aluden a ella expresamente la Ley General de Sanidad y la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. La conclusión es clara: nuestros políticos avalan las medidas puramente económicas para la necesaria reforma del sistema sanitario.
José Luis Llisterri es presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).