La sangría autonómica

Las comunidades autónomas (CCAA) son responsables de gran parte del gasto público y de la mayoría del gasto social. En concreto, gestionan alrededor del 30% del presupuesto de las administraciones públicas (AAPP) y pagan las facturas relacionadas con los gastos en educación y sanidad públicas. Para hacer frente a estos gastos, las CC.AA. tienen dos fuentes de recursos no financieros. Por un lado, las transferencias desde la Administración Central (AC) sujetas a entregas a cuenta y liquidación y por otro, las figuras impositivas y tasas administradas desde la propia comunidad. Las primeras son la principal vía de ingresos (alrededor del 70 % del total de sus recursos no financieros) y están muy relacionadas con los impuestos compartidos con las AC (léase IVA, IRPF e Impuestos Especiales).

La crisis que nos asola se ha manifestado de muchas formas, pero una de ellas ha sido la caída de recursos no financieros de las AAPP (al menos hasta la llegada del PP al poder a finales del 2011). Durante la última legislatura del PSOE los recursos no financieros de las AAPP cayeron más de un 12%. Las consecuencias fueron feroces: el déficit público se disparó y la deuda soberana explotó. El Gobierno del PP ha sido capaz de detener la hemorragia. Según el Programa de Estabilidad recientemente enviado a Bruselas, los recursos no financieros de las AAPP aumentarán más de un 8% entre 2012 y 2015. Si estos números llegan a materializarse sería un innegable éxito de los planes de consolidación fiscal del Gobierno de Rajoy.

¿Cómo es posible entonces que las CCAA no estén contentas con la situación? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué piden más recursos? Los españoles pagan ahora más impuestos que en 2011, ¿No es eso suficiente para que las CCAA puedan hacer frente a sus gastos? ¿Son los consejeros de las haciendas autonómicas unos mimados gestores, hambrientos de recursos, que nunca tienen suficiente y a los que les gusta patalear sin razón? Los ciudadanos deben entender que las quejas de las CCAA están, en nuestra opinión, más que justificadas. Mientras que los recursos no financieros de todas las AAPP van a aumentar un 8% entre 2012 y 2015, la suma de las entregas a cuenta y liquidaciones que las CCAA reciben caerán más de un 4%. Sí, ha leído usted bien: Moncloa ha subido el IVA y otras figuras impositivas (era necesario y desde aquí aplaudimos y aplaudiremos decisiones serias e imprescindibles como esas subidas impositivas). Es decir, con dichas subidas se aumentan los recursos no financieros de las AAPP y en cambio las CCAA reciben un trozo más pequeño del pastel. O sea, los españoles están pagando más impuestos, pero al mismo tiempo menos recursos se destinan a los gestores de la educación y la sanidad pública.

En este momento, el lector puede preguntarse cómo puede ser esto posible. Desde 2012, el Ministerio de Hacienda ha creado varios programas de ayuda financiera a las CCAA (léase las varias fases de los fondos de liquidez autonómica, FLA). Para entender la disyuntiva es importante distinguir entre recursos financieros y no financieros. Los FLA son recursos financieros, mientras que las transferencias son recursos no financieros. ¿Cuál es la diferencia? Simplificando, podría decirse que los recursos financieros sirven para amortizar préstamos, mientras que los recursos no financieros sirven para pagar las facturas. De este modo, Moncloa está ayudando a las CCAA a pagar deudas asociadas a sus gastos pasados, pero a la vez está recortando sus recursos no financieros haciendo más difícil prestar servicios hoy.

Las implicaciones de tales vicisitudes tributarias incontestables: 2015 será un año de nuevos recortes en educación y sanidad. Según nuestras estimaciones, las CCAA deberán recortar el gasto nuevamente en 5.000 millones para cumplir con el objetivo de déficit el próximo año. De este recorte, más de 2.000 millones se debe al recorte de las transferencias sujetas a entregas a cuenta y liquidación en 2015, y el resto, a la reducción del objetivo de déficit del 1% al 0,7% del PIB. La intención de este artículo no es discutir si recortes adicionales son o no deseables. Lo que pretendemos es poner de manifiesto dos cosas. Primero, nos parece extraño, y un claro reflejo de una ley de financiación autonómica mal diseñada, que mientras los recursos no financieros de las AAPP suben, los de las CCAA bajen. Segundo, las CCAA tendrán que volver a recortar. Si el sistema autonómico desempeñase su labor correctamente, los posibles recortes deberían ser un reflejo de las decisiones políticas de los gobernantes autonómicos y no una imposición de un sistema de financiación que no funciona. Si un gobernante autonómico quisiese no recortar en sanidad o educación, debería tener la opción de aumentar impuestos o tasas de forma sustancial y enfrentarse al poder de las urnas. El sistema de financiación autonómico vigente deja pocas posibilidades en esta dirección.

Es verdad que hay fuentes de ingresos que las CCAA no aprovechan como podrían (las tasas universitarias siguen siendo bajas y creemos que deberían utilizar los impuestos del patrimonio y sucesiones, por ejemplo, para intentar recaudar más), pero el sistema de financiación autonómico impone un rígido corsé a las CCAA sobre cuáles pueden ser sus fuentes de recursos no financieros. Las decisiones sobre las fuentes de recursos no financieros están más condicionadas por la ley que por las decisiones de los dirigentes autonómicos, y no debería ser así. La sentencia sobre el euro sanitario es una prueba de ello. Otro claro ejemplo de este punto han sido los infructuosos intentos de varias CCAA por introducir copagos sanitarios. ¿Por qué debe la ley restringir cómo pueden o no recaudar las CCAA? Esa decisión debe resultar de la interacción entre los dirigentes autonómicos y sus votantes. Si la ley no lo permite, esta debe cambiarse.

Cuando se firmó el sistema vigente se acordó renovarlo en 2014. Es decir, este año. El ministro de Hacienda acaba de decir que esto no será posible. No sabemos cuáles son las razones para tal delación, pero la proximidad de las elecciones parece una de ellas. Cualquier reforma del sistema de financiación implicaría menos recursos para la Administración central(es decir el Ministerio de Hacienda) y más para las CCAA (es decir los quejosos consejeros). Con un reparto más igualitario del aumento de recursos no financieros, algunos de los recortes los tendría que implementar Montoro y no los consejeros. El coste político de los recortes debería pagarlo Moncloa y no los gobiernos autonómicos.

José Ignacio Conde-Ruiz es profesor de la Universidad Complutense y miembro de Fedea y Juan Rubio-Ramírez es catedrático de Duke University (Carolina del Norte, EEUU) y miembro de Fedea.

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