Una de las características más notables y constantes de los políticos nacionalistas es su habilidad para intentar ponerse siempre en posición ganadora. Si logran lo que se proponen, pasan por hábiles y astutos. Pero si fracasan, tras haber prometido lo legalmente imposible, entonces adoptan la posición de víctimas de un grave atropello a la libertad. Exactamente esto es lo que está haciendo Artur Mas desde que el 27 de septiembre firmó solemnemente el decreto de convocatoria de la consulta para el 9-N. Estaba cantado que el Gobierno español iba a recurrir partes sustantivas de la ley de consultas y, por supuesto, el decreto aludido. Y que el Tribunal Constitucional suspendería cautelarmente ambas cosas. A lo largo de los últimos meses, sobre todo durante el verano, diversas declaraciones públicas de miembros del Gobierno catalán, muy particularmente de su vicepresidenta, Joana Ortega, hacían pensar que la Generalitat iba a acatar la previsible suspensión. Asimismo, Mas trasladó en sus encuentros con Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y otros líderes políticos que no iba a cometer ninguna ilegalidad. Sin embargo, también es cierto que en repetidas ocasiones tanto el presidente de la Generalitat como el portavoz del ejecutivo catalán, Francesc Homs, habían afirmado categórica e insistentemente que se lo iban a poner muy difícil al Estado para impedir que se llevara a cabo la consulta.
Tras la suspensión del TC, el 29 septiembre, los partidos soberanistas vivieron unos días de mucha tensión y reproches mutuos que Mas logró hábilmente reconducir hacia un nuevo formato de consulta, con la que daba una mínima satisfacción a la onerosa campaña independentista Ara és l’hora impulsada por la Asamblea Nacional y Òmnium Cultural. El ocultismo, las vacilaciones y determinadas chapuzas del ahora llamado proceso participativo, puesto en marcha a partir del 14 de octubre mediante instrucciones verbales, e-mails y mucha propaganda institucional, no pueden confundirnos en relación a la auténtica estrategia de fondo. Si bien el diseño de esta consulta alternativa es muy deficiente, no estamos ante una decisión política improvisada como pudo parecernos al principio. Mas pensaba acatar formalmente la providencia del TC, pero jamás tuvo intención de cumplirla. No olvidemos que en el Parlamento de Cataluña, ante las dudas que todavía generaba el nuevo formato entre sus socios pro-consulta, dijo que se trataba de hacer lo mismo, pero sin decreto, pues “lo importante es la pregunta acordada y que haya colegios, urnas y papeletas el 9-N”. Seamos claros: Mas está burlando la suspensión del TC, pero sin decirlo, actuando con astucia, exactamente como se vanaglorió que haría. Su forma de proceder se resume en la frase “hay que engañar al Estado”, pronunciada en el último encuentro palaciego del bloque soberanista la tarde del 13 de octubre, según desveló El Periódico de Catalunya (26/10/2014). En buena medida está haciendo lo que le pedían ERC y la CUP, pero cambiándole el nombre a la consulta por proceso participativo. Sorprende que a veces cueste tanto ver lo obvio. En el otro lado resulta aún más pueril la afirmación del Gobierno catalán de que no se puede prohibir lo que no se hace. Escuchando a Homs parece que estemos ante otra variante del pensamiento mágico independentista, algo parecido a cuando los niños pequeños se tapan la cara y afirman que ya no están, para luego volver a decir que sí están y así sucesivamente.
Salta a la vista que el Gobierno español no podía hacer otra cosa que tratar de impedirlo acudiendo nuevamente al TC. Habrá que ver hasta dónde llega Mas y de qué otra astucia de último minuto es capaz. Muchos confiamos en que el Estado de Derecho y el respeto por el principio democrático prevalezcan. Lo que sorprende es que en algunos ámbitos políticos catalanes y del resto de España se crea que hubiera sido mejor dejar hacer, mirar para otro lado. Es una posición que comparte la valoración negativa de la actuación de Mas, pero que quita gravedad o hierro al hecho en sí. Y lo hace por razones tácticas, de oportunidad social y política, y de supuesta imposibilidad jurídica para frenar que la Generalitat despliegue un dispositivo con colegios electorales, urnas y papeletas el 9-N. Es un análisis que me parece profundamente equivocado por razones de principio y de estrategia. No me quiero extender mucho en las primeras porque son bastante obvias. En efecto, no es aceptable que una Administración actúe de facto, intentando burlar la ley o creando un espacio de sombra jurídica que deja indefensos a los ciudadanos y en los límites de la legalidad a los funcionarios que participen. Como tampoco que rompa el principio de neutralidad y ponga todos sus medios al servicio de una performance organizada por independentistas y para independentistas. Tanto la primera consulta, que ya carecía de abultadas garantías democráticas, como ahora este falso proceso participativo, no son más que una farsa que banaliza el valor de las urnas.
En relación con la estrategia, la pregunta inicial clave es por qué razón Mas, en lugar de convocar elecciones anticipadas una vez que la consulta fue suspendida por el TC, ha decidido tirar por este camino tan complicado. A eso habría una respuesta sencilla: no desea las urnas auténticas porque sabe que perdería el poder, e intenta ganar tiempo ofreciendo un sucedáneo. Lo que ocurre es que igualmente está atrapado por sus palabras y comprometido con el potente movimiento secesionista a convocar en los próximos meses una especie de elecciones con carácter pretendidamente plebiscitario sobre la independencia. Sabe que ese escenario es casi inevitable e intenta situarse en la mejor posición posible. Desde este punto de vista, la consulta alternativa le sirve para varias cosas. Primero, podrá presentarse ante el electorado soberanista como el primer presidente que no solo firmó un decreto para preguntar sobre la autodeterminación a los catalanes sino que ha hecho todo lo posible para realizar la consulta. Segundo, si llega a realizarla, aunque sea bajo esa fórmula de sucedáneo, podrá presentarse como el presidente que ha sido capaz de burlar al Estado, de engañarlo. Además, habrá demostrado que se ha hecho sin que suceda nada, sin ningún estropicio, de forma técnicamente legal gracias a un nuevo decreto de último minuto. También, y esto no es menor, habrá demostrado que en Cataluña manda la Generalitat, lo cual tendrá un impacto psicológico y simbólico de enorme importancia entre la población. Tercero, en ese caso, sacará todo el partido propagandístico posible, también a nivel internacional, para liderar una opción independentista sin declaración unilateral que, a diferencia del radicalismo de ERC, prometa ir avanzando por la vía nuevamente de los hechos y con una negociación final con el Estado español que evite riesgos de colapso financiero.
En definitiva, el sucedáneo de consulta le permite a Mas ganar tiempo, librar otro pulso jurídico y político en el que siempre tendrá la última carta hasta el día 9-N, protagonizar la tensión creciente con el Gobierno español, y si le sale bien recoger ese fruto en unas elecciones de alto voltaje, de aire presidencial, prometiendo una secesión indolora sin prisa pero sin pausa. En caso contrario, en el que el TC suspende cualquier posibilidad de celebrar el 9-N desde la Generalitat, siempre podrá refugiarse en el lamento y el victimismo, aunque entonces no parece tan claro que desee correr el riesgo de ir a unas elecciones con un historial de fracasos tan abultado: haber adelantado dos veces las elecciones a mitad de mandato, haber aprobado solo unos presupuestos, apenas haber legislado más que la ley de consultas y, finalmente, haber fracasado en su materialización. Por tanto, frente a la vía unilateral de Oriol Junqueras, que es muy improbable que alcanzase la mayoría absoluta en unas elecciones, la promesa indolora de Mas requiere como condición previa un 9-N propagandísticamente triunfante. La disyuntiva que se nos presenta es diabólica, ¿qué es peor, impedirlo o mirar hacia otro lado? Parece que en ambos escenarios Mas siempre gana. Sin embargo, no tengo dudas, prefiero a un nacionalista que esgrima victimismo si a cambio prevalece el Estado de Derecho y el principio democrático.
Joaquim Coll es historiador y coeditor del libro Cataluña. El mito de la secesión, desmontando las falacias del soberanismo (Almuzara, 2014).