La secesión vasca

Por Mikel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (ABC, 04/09/06):

Entre los elementos que determinan la incertidumbre de un momento político como el actual, en el que el empuje del nacionalismo se ha visto reforzado por el reconocimiento formal de la negociación entre el Gobierno y ETA, la cuestión de la secesión del País Vasco juega, sin duda, un papel muy relevante. Esta apreciación puede sorprender a más de uno porque, aparentemente, ese tema se encuentra fuera del debate y nadie parece querer referirse a él de una forma explícita. Sin embargo, en los ya múltiples comunicados de ETA, en las recurrentes declaraciones públicas de Batasuna y en sus manifestaciones multitudinarias, la reclamación de la secesión, a través del eufemismo del «derecho a decidir de los vascos», es omnipresente; y otro tanto ocurre con los demás partidos nacionalistas, algunos de los cuales no se recatan en aclarar que, por medio del reconocimiento de ese derecho, pretenden lograr la independencia. Más aún, ha sido el propio presidente Rodríguez Zapatero el que, aprovechando la ambigüedad de la fórmula, ha adoptado el mismo lenguaje que los terroristas al señalar que «el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente» (sic). Por tanto, es evidente que la de la secesión es la cuestión de fondo y que, una vez resuelta, será en el marco de la Euskal Herria independiente donde se dirima el reparto del poder entre nacionalistas.

Pues bien, en estas circunstancias tiene un indudable interés la discusión acerca de la secesión del País Vasco -tal vez unificado con Navarra, si las pretensiones nacionalistas alcanzan su extremo- y de sus efectos sociales, teniendo en cuenta la información y los estudios de que se dispone sobre este asunto.

Lo primero que debe destacarse es que el debate secesionista tiene lugar en una sociedad en la que el sentimiento nacionalista es amplio, aunque minoritario. Los resultados del Euskobarómetro señalan a este respecto que, en los últimos veinte años, ese sentimiento lo manifiestan, según la fecha elegida, entre un mínimo del 36 por ciento de los vascos en 2002 y un máximo del 49 por ciento en 1995, correspondiendo al momento actual la proporción del 46 por ciento. A su vez, en igual período, se declaran no nacionalistas entre un 41 y un 54 por ciento, en 1987 y 2003 respectivamente, siendo la cifra más reciente del 47 por ciento. Por tanto, no parece razonable pensar que una mayoría de vascos puedan ser proclives a apoyar la política secesionista; y así lo aclara, en efecto, la citada encuesta cuando señala que sólo entre el 25 y el 41 por ciento de los entrevistados -en 2001 y 1995, respectivamente- tienen grandes deseos de independencia, y que la opinión opuesta supera siempre el correspondiente porcentaje. Así, actualmente, mientras que hay en el País vasco un 39 por ciento de independentistas, el 47 por ciento de la población se muestra contrario a la independencia.

Por tanto, debe quedar claro que el debate de la secesión es, estrictamente hablando, una controversia nacionalista que sostiene una minoría de la población vasca; y ni siquiera de todos los nacionalistas, pues casi un tercio de ellos son contrarios a la independencia. Más aún, esa controversia sólo ha sido posible gracias a que ETA la ha mantenido viva al apelar a ella como razón de ser del terrorismo. Y, por tal motivo, no sorprende que sean relativamente pocos los vascos que creen que su nivel de vida vaya a mejorar con la independencia. Así, el último Euskobarómetro cifra ese grupo en el 29 por ciento de la población, siendo destacable que está formado casi en su totalidad por nacionalistas. Adicionalmente señalaré que el optimismo ante la solución independentista es dominante, en una proporción de cuatro a cinco, entre los partidarios de Batasuna, mientras que alcanza sólo a dos de cada cinco seguidores de la coalición PNV-EA. En el extremo opuesto se ubican los que entienden que con la independencia van a salir perdiendo; un 23 por ciento en total, al que hay que añadir otro 19 por ciento que hace depender esa pérdida de las circunstancias concretas en las que se produzca el hecho secesionista. Ni que decir tiene que estas percepciones son mayoritarias entre los que no se consideran nacionalistas, principalmente entre los electores populares y socialistas.

En síntesis, una importante proporción de los vascos considera que el negocio de la independencia ofrece pocas perspectivas para su bienestar, lo que se encuentra en consonancia con los resultados de los estudios prospectivos de que disponemos, de acuerdo con los cuales un País Vasco independiente, por efecto de la aparición de una frontera con el resto de España y de la Unión Europea, puede ver retroceder significativamente sus niveles de producción y empleo, haciendo descender su renta por habitante.

Pero más inquietantes son las respuestas que han obtenido los investigadores del Euskobarómetro al indagar acerca de las actitudes que adoptarán los vascos si, en efecto, la independencia se convierte en un hecho. A este respecto, la conclusión que obtiene el equipo que dirige Francisco Llera es terminante: «En esta hipótesis -la de la secesión- y según sean las condiciones de la independencia, hasta una cuarta parte de los vascos pensaría en abandonar su tierra». En otras palabras, la secesión vasca, a la luz de las percepciones actuales de la población que tiene una experiencia vital del trasunto nacionalista, puede acabar desencadenando una diáspora de dimensiones colosales que sobrepasan con mucho a la que ya ha tenido lugar durante los últimos treinta años. Así, de manera inmediata, alrededor de 125.000 personas han decidido ya marcharse si se proclama la independencia; y otras 425.000 no descartan esa opción aunque, por el momento, prefieren esperar a ver cómo se desencadenan los acontecimientos. Si tenemos en cuenta que, en el presente, al menos 150.000 vascos viven un exilio obligado por el terrorismo y el nacionalismo en otras regiones de España, esto implica que, en la hipótesis extrema, unos 700.000 ciudadanos se verán privados del derecho fundamental de residir en su propio país.

Estas cifras globales esconden tras de sí la evidencia de que el exilio forzado por la secesión lo será principalmente del segmento de los ciudadanos que no comulgan con el nacionalismo. El Euskobarómetro revela, en efecto, que cuatro quintas partes de los votantes del Partido Popular y casi la mitad de los socialistas han decidido o no descartan marcharse. En consecuencia, ha de concluirse que, tal como se percibe por una buena parte de los vascos, la quimera independentista encierra un proyecto genocida basado en la limpieza ideológica de la población. Esa percepción no debe juzgarse exagerada, pues en lo fundamental coincide con las formulaciones que, sobre la nacionalidad vasca, se han realizado por los diferentes partidos nacionalistas, y que encontraron una expresión jurídica en el proyecto constitucional conocido como Plan Ibarretxe. Por ello, hay que llamar la atención a los muñidores socialistas de la negociación con ETA, no vaya a ser que, arrastrados por el entusiasmo pacificador, acaben descubriendo que, como escribió Dzevad Karahasan en su Diario de un éxodo, es posible «perder el mundo igual que yo perdí mi casa mientras la miraba y descubría que era hermosa».