Por Antonio Elorza, catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid (EL PAIS, 18/11/03):
Hace unos días comentaba la situación vasca con un colega, próximo a Izquierda Unida. El hombre, visiblemente satisfecho por las perspectivas antisistema que abría el plan Ibarretxe, trató de explicarme la conveniencia de que las Cortes españolas lo aceptaran. "Si en la transición, añadió, las Cortes franquistas se hicieron el harakiri, ¿por qué no van a hacérselo éstas?". El episodio resulta útil para ilustrar tres cuestiones. Primera, la facilidad con que tantos comentaristas y observadores dan por bueno que el ejercicio de la autodeterminación es la cosa más normal del mundo, siendo ignorado solamente por tiranos como Aznar y por españolistas recalcitrantes. Segunda, la impresión generalizada de que el proyecto Ibarretxe supone una aplicación a Euskadi de ese derecho democrático. Y tercera, la creencia no menos común en que la defensa de la Constitución de 1978 frente a los asaltos en curso es prueba de fundamentalismo -"la Constitución contra la democracia", escribió alguien-, o lo que es peor, de adhesión encubierta al PP, por lo cual darle un vuelco a la Carta Magna, gracias a unas Cortes democráticas que se hicieran el harakiri para satisfacer a Ibarretxe, no tendría otro efecto que incrementar la felicidad colectiva.
Frente a tales estimaciones, sería preciso advertir que las sucesivas puestas en práctica del derecho de autodeterminación, desde sus albores en la Revolución Francesa, no son ejemplos de democracia, salvo contadas excepciones. Tampoco ese derecho es reconocido en ninguna de las Constituciones democráticas vigentes, ni tiene el menor futuro en el marco de una Europa que en su proyecto constitucional consagra la integridad territorial de los Estados-nación que la componen frente al mito regresivo y disolvente de una Europa de los pueblos. Eso explica, dicho sea de paso, las filigranas que dibujan los textos de Ibarretxe en torno a la cosoberanía, a fin de evitar que su plan les lleve de entrada a las tinieblas exteriores respecto de la Unión Europea.
Por otra parte, aunque el lehendakari se llene una y otra vez la boca de la libre expresión de los vascos, de su voluntad para decidir, lo cierto es que en modo alguno está poniendo en marcha un procedimiento de autodeterminación. Tal y como ocurría en los países colonizados, ésta puede convertirse en una exigencia democrática cuando existe una población que de forma claramente mayoritaria y estable manifiesta una voluntad de separación o de agregación a otro Estado. El ejercicio del derecho de autodeterminación sólo tiene sentido, como sucede en otro orden con el matrimonio, de existir una presunción razonable y fundamentada de que el sujeto desea modificar radicalmente la situación anterior de dependencia o integración para pasar a otra de independencia o agregación. En otro caso, reivindicarlo es simple provocación o deseo de utilizarlo como ahora por el Gobierno vasco para un ejercicio de manipulación contrario a la democracia. Aunque sea visiblemente un hombre más cerril que atento a la realidad de su país, Ibarretxe sabe de sobra que la sociedad vasca se encuentra partida en dos, y que en cuanto al objetivo de la secesión el respaldo es abiertamente minoritario. Con apenas un tercio de vascos partidarios de la independencia y dos tercios sintiéndose al tiempo vascos y españoles, ¿dónde está ese Pueblo Vasco que clama por su soberanía? Por no hablar del sarcasmo que representa el argumento de que su plan es la vía de pacificación, cuando constituye la mejor razón para que ETA se mantenga en calidad de garante armado del proceso independentista, cubriendo con su sombra siniestra al conjunto de la sociedad y de la política vascas. Llegados a este punto, ¿cómo puede hablarse de pronunciamiento democrático cuando el mismo tiene lugar bajo la amenaza del terror? No hay, pues, tal autodeterminación, ni siquiera en la forma. ¿Qué consulta de autodeterminación se ha hecho en la historia poniendo ante los electores un texto constitucional, pues no otra cosa es el Estatuto político del 25 de octubre de 2003, en lugar de una pregunta clara e inequívoca sobre las opciones de autonomía, independencia o si se quiere cosoberanía que desean los ciudadanos? Y por último, ¿quién le ha otorgado al lehendakari un poder constituyente sobre Euskadi?
Para seguir adelante, a Ibarretxe le basta con profesar las tres ideas centrales del dogma fijado por Sabino Arana. Primera, que en el zoo político de los pueblos de Europa, el Pueblo Vasco es una especie diferenciada desde la prehistoria y en calidad de tal le corresponde una soberanía originaria, el derecho a formar un Estado. Segunda, que en la era foral, la independencia vasca existió de hecho, pero fue suprimida el 25 de octubre de 1839 al ser incluidas las provincias en el orden constitucional español. Tercera, fin de historia y llegada al paraíso: el deber político del nacionalismo, de los abertzales, consiste en recuperar la independencia perdida y forjar una sociedad perfecta, acorde con los rasgos esenciales que definen al Pueblo Vasco. Ni más ni menos. Como la mayor parte de los nacionalistas asumen ese breve catecismo, por ese lado Ibarretxe nada tiene que añadir. Tal vez tendrá que pedir calma a los hermanos de raza e ideas que siguiendo a ETA reclaman la unificación inmediata de las siete provincias de Euskal Herria y entre tanto se mantienen en la senda del terror (perdón, "la violencia"). Y en cuanto a los demás habitantes de Euskadi, poco dispuestos a tragar la pócima, ya se les empujará "amablemente" a la "convivencia". Para que no tengan que esforzarse, se les presenta el futuro diseñado hasta en sus menores detalles políticos, en forma de una Constitución vasca entera y verdadera disfrazada con el engañoso nombre de Estatuto, pues no otra cosa es el "texto normativo", "propuesta" o lo que sea, aprobado por el Gobierno de Vitoria y presentado al Parlamento vasco el día 25. Luego, una vez consumada la secesión, ya recibirán el trato que se merecen en caso de discrepancia, una vez concretada la sospechosa distinción entre "ciudadanía" y "nacionalidad".
El lenguaje va de un engaño a otro. ¿Secesión? Aparentemente no, y el encubrimiento de los fines resulta imprescindible, pues un referéndum claro sobre la independencia vasca, de celebrarse en condiciones de libertad, tiene el resultado negativo escrito de antemano. Más dulce es lo de Libre Asociación. Con la adicional primera de la Constitución sobre los derechos históricos convertida en falso aval a lo Herrero de Miñón. Y por favor, llamemos a la cosa Comunidad, no Estado Libre Asociado, que de nuevo es expresión inequívoca y puede llevar a que la gente entienda lo que no debe entender. Además Ibarretxe es sabedor de que su proyecto de Constitución en caso alguno puede ser asumida por un Gobierno y unas Cortes democráticas en España, ya que la aceptación de su "Estatuto" implica, no ya una modificación en profundidad, sino la elaboración de otra Constitución Española cuyo punto de partida sería nada menos que sancionar la soberanía vasca, para a continuación introducir uno a uno los cambios exigidos puntualmente en el texto de Ibarretxe. No se conforma éste, en consecuencia, con imponer una Constitución a Euskadi, sino que obliga a alterar radicalmente la de España en sus propios términos. Excesivo. Ibarretxe es consciente de que por ese camino nada tiene que hacer. Ni con la mejor voluntad de entendimiento, las instituciones españolas pueden ceder ante lo que es en la práctica, no una oferta de pacto, sino un ucase. Según el artículo 16, si "la propuesta" es rechazada por las Cortes, el Gobierno vasco la somete por su cuenta a referéndum, tras lo cual sólo caben negociaciones para su incorporación "al ordenamiento jurídico".
El planteamiento de fondo estaba definido desde el discurso pronunciado por Ibarretxe ante el Parlamento vasco el 27 de septiembre de 2002. La invocación a la democracia es una simple máscara de lo que constituye el núcleo de su mentalidad: un nacionalismo biológico, como el alemán de la primera mitad del siglo XX que tan felices consecuencias logró para Alemania y para la humanidad entre 1933 y 1945. En sus términos, existe un Pueblo Vasco, con mayúsculas, configurado desde "los albores de la historia" e instalado en un territorio dividido en siete que lleva su propio nombre, Euskal Herria, el cual ahora recupera escalonadamente la soberanía de la que gozara hasta 1839 según el creador del mito. Pura falsificación sabiniana, pero artículo de fe para Ibarretxe y su grey: "El Pueblo Vasco o Euskal Herria es un Pueblo (mayúscula) con identidad propia en el conjunto de los pueblos (minúscula) de Europa, depositario de un patrimonio histórico, social y cultural singular (sic, nueva mentira podrida), que se asienta geográficamente en siete Territorios...". Así comienza el preámbulo del "Estatuto" ahora elaborado y no hay duda: si ese sujeto mágico existe, ni fronteras ni Constituciones pueden oponérsele, tal y como avisaba hace un año Ibarretxe. A la comunidad de creyentes toca ahora ratificar la profecía. Si el ucase es aceptado por Madrid, el Estado libre a la irlandesa supone, no una solución definitiva, sino el escalón para el nuevo referéndum previsto en el art. 13 del "Estatuto": "la libertad para lograr definitivamente la libertad", según la fórmula acuñada por Michael Collins en 1922. Es la materialización del principio de external association elaborado un año antes por los nacionalistas irlandeses. De ser rechazado como es de prever, queda legitimado ante la opinión vasca el ejercicio directo de la soberanía.
Así que no estamos ante una invitación a retocar la Constitución, ni ante el inicio de una reforma del Estatuto. El procedimiento adoptado rompe abruptamente con lo dispuesto en el título IV del Estatuto de Gernika, "De la reforma del Estatuto", al plantear un poder constituyente vasco por encima de las Cortes españolas, infracción congruente con la eliminación de la referencia al autogobierno "dentro del Estado español" y "de acuerdo con la Constitución" que fija el artículo 1º de la norma autonómica. El Gobierno vasco se coloca de este modo fuera de la legalidad vigente, en su propósito manifiesto de subvertir el ordenamiento definido por el Estatuto y la Constitución en virtud de los cuales ejerce sus facultades. A estos efectos, el contenido puntual del nuevo "Estatuto" en este o aquel artículo resulta irrelevante, pues lo esencial es que se anuncia el propósito y se adoptan las medidas para convertirlo en Constitución de Euskadi con independencia de las normas y de las instituciones vigentes en aplicación de una supuesta soberanía vasca. Si al significado habitual del término "sedición" como enfrentamiento a un poder constituido añadimos el etimológico de sedición como apartamiento, irse fuera (sed-itio) en este caso de la legalidad constitucional, pudiéramos decir que desde el día 25 la postura de rebeldía adoptada por el Ejecutivo de Vitoria en meses pasados ha cedido paso a su actuación como un Gobierno sedicioso, en razón de la ilegalidad manifiesta en sus objetivos y en los medios empleados.
Posiblemente, la estrategia de la tensión desarrollada por el Gobierno y por el Parlamento vasco, en nombre de la soberanía de éste, frente al Tribunal Supremo, les señaló que se encontraban en el buen camino. Ibarretxe cuenta con este escenario de espiral de la confrontación para ganar una mayoría de cara al asalto definitivo a la autonomía -y a la construcción nacional vasca- que supondrá el referéndum. Cuenta también con las tremendas reticencias con que un Gobierno democrático ha de tropezar, y es bueno que así sea, para cualquier recurso a la fuerza. Tampoco el Constitucional le hará retroceder. La situación de máxima violencia se encuentra en todo caso perfilada en el horizonte, y a Ibarretxe, buen seguidor de Sabino Arana, no va a asustarle. En su libro-programa, el fundador hizo el relato de cuatro batallas victoriosas por la independencia de Vizcaya y preguntó a los abertzales si serían capaces de seguir el ejemplo. ETA ya lo hace en la medida de sus posibilidades y sin duda Ibarretxe cuenta con ella para respaldar un eventual movimiento de insubordinación civil, acto final más que probable de la sedición ahora puesta en marcha por su Gobierno.